Aquellos tiempos...

MIGUEL MADERO AL RETIRO, LUEGO DE DIEZ AÑOS COMO MAGISTRADO

José Miguel Madero Estrada concluyó su periodo de diez años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit.

Arribó a la magistratura el 17 de diciembre de 2009 al ser designado por la XXIX legislatura del Congreso del Estado, mientras que su retiro ocurrió el 18 de diciembre de 2019.

Para otorgar reconocimiento al trabajo desempeñado, el lunes anterior se efectuó sesión solemne conjunta de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Nayarit.

En ese emotivo acto que presenciaron personal judicial y familiares de los aún integrantes del Pleno del Tribunal Superior, el abogado Miguel Madero pronunció emocionante mensaje de despedida, que resultó ser rendición de cuentas, un testimonio por escrito.

Miguel Madero se fue agradecido con Ney M. González Sánchez, entonces gobernador de Nayarit, por haberlo postulado en una de las ternas para ocupar el cargo judicial. “Fue un honor, sigue siendo una distinción que agradezco porque desde la perspectiva de su valoración como gobernante consideró a mi persona con los requisitos y el perfil para ocupar la magistratura”, asentó.

Al igual que Madero, terminaron período los magistrados Ana Isabel Velasco García, Pedro Álvarez Hormaeche, Román Carlos Rafael González Momita, Tohth Aldrín Lomelí Aguilar, Rafael Pérez Cárdenas, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, Guillermo Agustín Romero Ríos. En lo sucesivo en lugar de 17 serán 13 los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit.

A continuación, el mensaje leído por el magistrado Miguel Madero en el solemne acto de reconocimiento, que trocó en despedida.

Me permito presentar este documento a la consideración del pleno del Tribunal Superior de Justicia y hacer del conocimiento de la comunidad judicial y de los ciudadanos que tengan interés en consultarlo; dicho texto contiene los resultados finales de las actividades realizadas como magistrado en el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2009 al 18 de diciembre de 2019.

Concibo este ejercicio como una iniciativa de rendición de cuentas. Al igual que los titulares de los demás poderes, los miembros del Poder Judicial debemos rendir cuentas de nuestra actuación.

Si bien cada magistrada y magistrado forma parte de una asamblea plenaria y de las salas, ante las cuales actúa y responde colegiadamente, también es cierto que como integrante de una generación judicial nos corresponde un ámbito directo de responsabilidades personales que se concreta a través de la adscripción a una ponencia determinada según lo disponga el Tribunal pleno.

Dicha ponencia viene a ser el centro de trabajo y el espacio donde se concentran las labores propias de la preparación, instrucción y formulación de proyectos de sentencia, con el apoyo del personal asignado.

Salvo en los primeros meses de gestión, una vez dadas las condiciones y los acuerdos respectivos, el resto del periodo judicial fui adscrito a la sala constitucional donde se atendieron diversas materias y competencias en términos de lo dispuesto por los artículos 5º, segundo párrafo, 82 y 91 de la constitución y de sus leyes reglamentarias. En este informe se da cuenta pormenorizada de la estadística de asuntos en materia constitucional, así como las correspondientes a la justicia electoral y administrativa que durante un tiempo se impartieron en sede judicial.

De aquel 17 de diciembre de 2009 surgió una nueva generación de magistrados producto de una de las reformas constitucionales más importantes en la historia del Poder Judicial.

Su importancia, sin embargo, no se reduce al haber incrementado el número de sus integrantes, aunque no debe desconocerse que esa decisión dio lugar a una de las más álgidas polémicas cuyo eco todavía se escucha.

La trascendencia de la reforma merece reconocimiento porque se centra en temas que poseen un profundo significado para el federalismo judicial, como el avanzado catálogo de derechos fundamentales —que ha seguido creciendo en los subsecuentes gobiernos— y el sistema de control de las leyes y actos propios del Estado de Derecho, mediante los cuales se verifica el respeto de la ley a la constitución considerando a ésta como una norma jurídica, con la creación de la sala constitucional y de los medios de control, así como la adecuación legislativa a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Diez años después, las instituciones a que nos referimos han entrado en zona de riesgo debido a la existencia de cuando menos tres factores concurrentes cuya conjunción permitiría complementar eficazmente la jurisdicción constitucional.

Uno de esos factores es la exigencia de contar con programas académicos permanentes y sustentables de licenciatura y posgrado con especialidad en justicia constitucional local en las instituciones de educación superior. El segundo factor es el que las asociaciones, colegios y despachos de abogados promuevan la capacitación permanente y alcancen mejores niveles de litigación en la práctica del derecho procesal constitucional estatal. Y en cuanto al tercero, se requiere que el Estado cuente con políticas públicas donde se pugne por difundir programas oficiales de fomento a la justicia constitucional y para que la población conozca cuáles son sus derechos fundamentales.

De colmarse estos tres factores positivamente, una nueva era puede tener lugar en la jurisdicción constitucional: la hora de su verdadero fortalecimiento institucional.

Sostengo lo anterior, porque nunca he formado parte de los círculos íntimos del poder, sino que me precio de actuar más cercano a las instituciones que a cualquier otro interés. Me considero un operador más del sistema ideado para garantizar las libertades y derechos. Las fallas que hubieren tenido lugar pueden corregirse y el rumbo institucional es susceptible de refundarse o reorientarse con nuevas oportunidades de reforma. Sin embargo, nadie tiene autoridad política para atentar en contra del sistema de justicia constitucional que nació y se justifica por sus propios valores democráticos. Este sistema no es complementario ni decorativo, sino que juega un rol institucional con especial significación en el contexto de las tendencias que siguen los tribunales en el país.

La sala ha contribuido a crear un poder general de tutela o garantía constitucional todavía incipiente, frente al cual las nuevas competencias tienen un valor referencial que debe capitalizarse. Pero hay que señalar que una institución no puede funcionar bajo falsas premisas ni ante amenazas o presiones constantes del poder político sobre su recomposición orgánica futura o el decremento de sus facultades. De ahí que defender y luchar porque se cumplan los caros objetivos que dieron origen a la sala constitucional, es un deber ético de la comunidad judicial.

A la par de este proceso, los cambios legislativos y jurisprudenciales en la última década han sido impresionantes. Para construir un mejor Poder Judicial puede haber discusiones y proposiciones diversas, pero una de las decisiones más importante es la de respetar de manera auténtica el ámbito la carrera judicial para que responda a las expectativas de impartición de justicia, garantice la independencia de los tribunales, su efectiva autonomía presupuestal y se afiance en la autoridad moral y consiguiente legitimidad social inmersa en su contexto.

De la siguiente generación judicial que funcione a partir del 17 de diciembre de 2019, dependerá que la sala se consolide como un árbitro legítimo e imparcial con una visión progresiva y expansiva, no limitativa ni retrógrada de la jurisdicción constitucional.

                                                AGRADECIMIENTOS

Quiero utilizar este espacio del informe para anotar algunos agradecimientos y reconocimientos que alentaron el quehacer a lo largo de la década.

En primer término, agradecer al licenciado Ney González Sánchez quien, como gobernador del estado y en ejercicio de sus facultades tuvo a bien postularme en una de las ternas para ocupar el cargo judicial.

Fue un honor, sigue siendo una distinción que agradezco porque desde la perspectiva de su valoración como gobernante consideró a mi persona con los requisitos y el perfil para ocupar la magistratura. Siempre me mantuve atento para corresponder con dignidad y congruencia a los valores que para mí representa esa nominación. Diez años después con la frente en alto — admitiendo los propios errores cometidos— recuerdo aquel momento como una oportunidad que me brindó un joven político y abogado nayarita que cuenta con mí respeto, aprecio y reconocimiento desde hace muchos años.

De esa terna, luego de la comparecencia parlamentaria, me correspondió ser elegido por la XXIX Legislatura como magistrado del tribunal, reconocimiento más alto al que he podido aspirar. Tengo las imágenes de aquella asamblea, particularmente del presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Manuel Narváez Robles, ya fallecido. Siempre atento y cordial; con mi admirado recuerdo a su persona y en su memoria agradezco a las y los diputados de los grupos parlamentarios de ese tiempo, pertenecientes al PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL, PT y CONVERGENCIA, quienes, con una amplia pluralidad de voces, al expresar su aprobación final por unanimidad de votos.

Muchas gracias a Gloria Noemí Ramírez Bucio; Graciela Patricia M. Sandoval Rodríguez; Pablo Montoya de la Rosa; Julio Tomás Mondragón Peña; Luis Alberto Salinas Cruz; Roberto Lomelí Madrigal; J. Dolores Galindo Flores; Rigoberto Ríos Jara; Antonio Carrillo Ramos; Eddy Arturo Piña Ortega; Miguel Bernal Carrillo; Rodolfo Coronado Montaño; Emilio González Benítez; Francisco Javier González Lizárraga; Roberto Mejía Pérez; Jaime Arturo Briseño Quintana; Miguel Antonio Fregozo Rivera; Rubén Benítez Rodríguez; Roberto Contreras Cantabrana; Ricardo Becerra Meza; José Luis Lozano Gárate; Jesús Castañeda Tejeda; Carlos Hernández Ibarría; Juan Antonio Echegaray Becerra; Rafael Cervantes Padilla (ya fallecido); Marco Antonio Cambero Gómez; Juan Manuel Bautista Arias; José Ángel Castro Mata y Juan José Castellanos Franco.

Agradezco muy especialmente a mis compañeras y compañeros magistrados su confianza y no pocas veces su orientación oportuna y apoyo invaluable. Fue un aprendizaje constante compartir con este colegio judicial los espacios del Tribunal y de las salas. Les deseo éxito en sus labores por venir y tengo la seguridad que la etapa que hoy comienza se da en un contexto histórico de cambios y, en esa lógica, un magistrado en retiro no tiene forma de decir adiós para siempre, sino que debe permanecer atento a la dinámica en el campo del derecho y acudir, cuantas veces sea necesario, al llamado de defensa de la institución donde se imparte justicia, la casa que nunca se deja de pertenecer.

Debo expresar también que la formación de la ponencia que me correspondió presidir, tuvo como origen dos principales motivos: la extinción del Tribunal Electoral del Estado con el fin de judicializar la jurisdicción electoral y la adscripción del personal de carrera de ese órgano, con el cual dio inicio el funcionamiento de la sala constitucional. A lo largo de diez años si bien ocurrieron naturales movimientos del personal adscrito, su incorporación al sistema de carrera judicial se considera una decisión acertada.

Así, los resultados que se informan fueron gracias a las capacidades técnicas y profesionales del personal de la ponencia, de sus hábitos de conducta y disposición abierta y honesta en el desempeño laboral; de las aptitudes y conocimientos que hicieron posible modular el raciocinio por encima de las apreciaciones particulares. La secretaria de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, la oficial judicial, la oficialía de partes y la actuaría de la sala cumplieron eficazmente con las funciones encomendadas.

Con los miembros de ese secretariado nos reuníamos habitualmente en la oficina de la ponencia; se analizaba y discutía cada proyecto o el asunto relevante en cartera y todos participaban por igual en el análisis del caso. Había opiniones discordantes, pues no siempre existió el mismo criterio, pero invariablemente se cuidaba la integridad del proyectista y la responsabilidad del magistrado ponente.

Logramos una colegiación inteligente, éticamente incuestionable, despojada de prejuicios, motivada por la lealtad institucional, el estudio y la superación. Yo solamente tomé una decisión, como en todos los cargos para los cuales se me ha designado: confiar en el conocimiento y la experiencia de quienes conmigo colaboran.

Un mérito adicional que reconozco a los miembros de la ponencia, es su valiosa participación en el estudio y presentación de diversos proyectos académicos consistente en la preparación de tarjetas informativas, material bibliográfico, asistencia e impartición cursos y su dedicación para elaborar individual o colectivamente ensayos y ponencias jurídicas que, previo dictamen, fueron publicadas en libros y revistas locales y nacionales. Este ejercicio se convirtió en un hábito de trabajo de la ponencia propiciado por el estudio del derecho y la doctrina jurisprudencial, particularmente en la rama constitucional. En el informe de actividades se encontrará amplia evidencia de esta prácticacotidiana. Me siento, por ello, muy orgulloso del equipo de trabajo con quienes compartí esta gran tarea.

Con el maestro Ismael González Parra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, coincidí en numerosos proyectos y compromisos institucionales. Le agradezco su confianza a las opiniones que me solicita y le deseo el mayor de los éxitos en todos sus esfuerzos; que tenga la lucidez de asumir el reto para que la institución judicial recobre su legitimidad social; que su principal trabajo sea al interior del Tribunal, no en los pasillos ni en las oficinas del poder político; que haga acopio de toda la experiencia y aflore cada día de su gestión, la sensibilidad política para corresponder a las demandas de la impartición de justicia, modernizar el aparato judicial con la directriz de un programa transparente y respetar de forma invariable los derechos de los servidores públicos de carrera judicial.

No pretendo hacer un balance sobre la gestión a la cual pertenecí, simplemente he querido dejar un testimonio escrito en un momento de renovación institucional tan importante como el que estamos viviendo.

Las instituciones permanecen, se transforman; son más importantes que el ciclo de las personas que en ellas laboran. A ese respecto, hay un sector al que particularmente le guardo aprecio y simpatía, al que quiero felicitar y agradecer por todas sus atenciones. Me refiero a los funcionarios de las distintas secretarías, al personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, de gestión y mantenimiento, en fin, a todas y todos los compañeros del Poder Judicial, les doy las gracias por haber compartido su gran calidad humana y su espontánea disposición de servicio.

José Miguel Madero Estrada, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Edificio del Poder Judicial, Tepic, Nayarit, diciembre 16 de 2019.