Crisis integral en la Universidad Autónoma de Nayarit

La “crisis universitaria” no es nueva ni novedosa. Al cierre del año 2014 se vislumbró un conflicto de intereses. Los becarios del CONACYT se quejaban de la no entrega en tiempo, forma y cuantía de las becas. Otro tanto sucedía con los becarios “al desempeño” académico. Entre los jubilados se escuchaba que “el fondo de jubilados y pensionados” estaba desfondado. La aparente tranquilidad universitaria de ese entonces estaba prendida con alfileres. Y el malestar afloró cuando a los académicos y a los trabajadores administrativos y manuales de la UAN simplemente se les dijo que no recibirían aguinaldo ni prestaciones de ley porque no había dinero. Los controles se descontrolaron; las organizaciones gremiales que se suponía controlaban a sus agremiados fueron tan flexibles que espontáneamente y al margen de ellas surgió un frente de lucha por el incumplimiento de las obligaciones de ley. La inconformidad rebasó los márgenes permitidos por las dirigencias y se estuvo a un paso de la anarquía. La sobriedad de los inconformes y de los dirigentes sindicales permitió la concordia donde todo parecía discordia. Se estableció la comunicación y se marchó desde la ciudad de la “cultura” hasta el extinto jardín “San Román” para reclamarle equivocadamente a la autoridad equivocada el “dinero” que hacía falta a la UAN, con el propósito de cumplir con la obligación consignada en el contrato-ley y en la Ley Federal del Trabajo.  Supimos que el gobierno de la gente y la federación habían entregado en tiempo y forma los respectivos recursos financieros a la universidad y el rector de la “alma mater” había recibido un préstamo para pagar la segunda quincena de diciembre del 2014 y algunas otras prestaciones de ley, quedando pendiente para un futuro incierto lo del aguinaldo.

El año 2015 entra con un mal sabor de boca, provocado por el incumplimiento de las obligaciones patronales estipuladas en el contrato-ley. No se entregó el aguinaldo pactado, aunque las demás prestaciones de ley se entregaron extemporáneamente el día 30 de diciembre del 2014. En la historia de la Universidad no se había tenido una situación semejante. El dirigente del SETUAN en una arenga frente a sus trabajadores, en ese entonces dijo que a la caja universitaria entran anualmente poco más de 1,700 millones de pesos y que la nómina junto con las prestaciones de ley de los universitarios es alrededor de 1,400 millones de pesos. Que tanto la federación como el gobierno del estado habían entregado lo que les correspondía. Por lo tanto, se preguntó: ¿Qué pasó con el dinero universitario?

Y en 2016 nuevamente no se entregan aguinaldos porque no se tiene dinero, con el agravante, que se acusa al ex rector Juan López de haber malversado fondos públicos. Y hasta la fecha el nuevo rector no ha cumplido con la obligación de la entrega del aguinaldo porque dice, no tiene dinero. Quien incumple la ley “delinque”, por lo tanto, adquiere la categoría de delincuente. En ese sentido quienes incumplen con las obligaciones de ley están delinquiendo y adquieren consecuentemente el estatus de delincuentes. No importa si son autoridades federales, estatales o municipales, o si son autoridades civiles, militares o académicas, o si son simplemente ciudadanos. Tal estatus se adquiere por la condición de incumplimiento con la norma jurídica o por violación a ley. Para los efectos de la “justicia” interesa saber quién es el delincuente. Pero la justicia no está tan ciega como se dice: Cuando se trata de ciertos personajes se hace la desentendida y de manera natural brota la impunidad. Ante tales situaciones la justicia se transforma en su opuesta, en la injusticia. Y ante la ilegalidad y la injusticia a la sociedad no le queda otro camino que la organización, la lucha y la exigencia de la vuelta a la legalidad.

La actual crisis universitaria o la crisis 2017 es una crisis integral porque es una crisis académica, es una crisis económica, es una crisis política y es una crisis moral. Hoy la UAN requiere una refundación a fondo y transparentar todas sus actividades. Por ejemplo, se dice que los cuatro sectores, el SPAUAN, el SETUAN, le FEUAN y la RECTORÍA se gastan al año alrededor de 100 millones de pesos: 20 millones para el sindicato de maestros, 60 millones para el sindicato de trabajadores, 7 millones para la organización estudiantil y el resto para rectoría. Sin embargo, no se transparenta el manejo de esos recursos. Por ello se requiere moralizar a la UAN. En fin.