El vivillo de Roberto

Los actuales son momentos de apuro para gobernadores priistas que perdieron elecciones ante la oposición el anterior 5 de junio del presente año en sus respectivas entidades, verbigracia Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte Jáquez en Chihuahua, quienes intentan uno y mil malabares ante congresos estatales y dependencias necesarias para a su salida lograr paquetes de impunidad ante la presunción de corrupción a alto nivel.

El juicio nos dirige hacia el gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien ha cargado con heredada deuda pública por él largamente reiterada de 10 mil millones de pesos, sobre la cual no se descarta el desvío de dinero para beneficio personal del anterior gobernador priista Ney González y muchos de sus funcionarios, pero que el mandatario actual un solo dedo no ha movido para ejercer acción penal en contra de su antecesor y compinches.

Aunque el propio Roberto Sandoval ha salido a los medios de comunicación masiva para declarar que se ha abonado a la deuda, pero pagar cantidades pequeñas no será suficiente para superar el monto total, habida cuenta que en poco más de un año termina su mandato sexenal. Y más cuando al iniciar su gobierno al Congreso del Estado solicitó autorización para préstamo bancario por cinco mil millones de pesos con el propósito de reestructurar la deuda heredada. “No fue un préstamo en dinero líquido, más bien reestructuración para conseguir mejores condiciones de deuda”, ha expresado Alejandro Galván Araiza, integrante de la anterior trigésima legislatura que aprobó el préstamo, cuya cantidad, cualquiera que haya sido, “cae en el terreno de deuda pública”, sostiene el legislador expriista.

Si agregamos malos manejos del caudal público por parte de funcionarios del gobierno de la gente, y de  quienes ya se fueron pero formaron parte del gabinete nombrado por el gobernador Roberto Sandoval, perversión que ha sido consignada con mayor precisión en el trabajo de auditoría por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) desde el primer año de administración del susodicho mandatario priista, la situación se complicará. El informe de revisión al manejo del presupuesto de ese primer año de gobierno, el OFS que tenía entonces como Auditor General a Salvador Iñiguez Castillo lo presentó al Congreso del Estado en noviembre de 2012, donde con toda crudeza se dieron a conocer acciones de corrupción en dependencias estatales, pero con mayor énfasis en obra pública.

Siempre sujeto al informe del OFS sobre la auditoría al gobierno de la gente, en aquel entonces el columnista nuestro Jorge Aguayo asentó que se observó como presunto daño a la hacienda pública un monto superior a los 35 millones de pesos, en virtud de no existir documentación comprobatoria del gasto. En lo que respecta a obra pública se encontró que más de 10 millones de pesos corresponden a obras pagadas, pero no ejecutadas. Lo cual presume también un daño a la hacienda pública estatal. Lo mismo sucedió con más de diez millones de pesos en la primera etapa de la remodelación y rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Teresita, en Tepic. Es casi seguro que haber sido transparente le costó el cargo a Iñiguez Castillo.

Pero que vivillo nos resultó don Roberto Sandoval, muy a pesar de quienes le conceden menos inteligencia que Ney González. Pues resulta que el gobernador actual, a lo mejor sin querer queriendo, para evitar la fiscalización profunda de los recursos públicos ejercidos entre el año 2011 al 2017 y más allá, maniobró para en el Órgano de Fiscalización Superior colocar a un incondicional, fiel hasta las cachas. Renuente ha sido Salvador Iñiguez Castillo a hablar sobre el tema de su abrupta salida del OFS, pues aún le quedaban dos años por ejercer el cargo, al señalar que ya le dio vuelta a la página. Lo cierto es que el 20 de noviembre de 2013 presentó por escrito su renuncia al Congreso del Estado, del cual es apéndice el OFS, misma que al día siguiente aprobó la trigésima legislatura en sesión ordinaria.

Luego entonces se realizó la confabulación entre poderes Ejecutivo y Legislativo para llevar a cabo el enjuague de modificación a la Constitución local con el propósito de validar conflicto de intereses, al permitir que un funcionario del propio gobierno de la gente revise el presupuesto del que formó parte, a lo mejor también con irregularidades, siendo así la ascensión de Roy Rubio Salazar, ex titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Nayarit (2011-2013), como Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior por un periodo de ocho años que abarca no sólo lo que le resta a Roberto Sandoval sino los cuatro años del próximo gobernador. El Licenciado en Derecho por la UAN rindió protesta ante la legislatura el 12 de diciembre de 2013, pero con la manifestación de inconformidad de ocho diputados que encabezados por Miguel Ángel Arce Montiel (PRD) abandonaron la sala de sesiones. Hicieron patente su interés por una revisión profesional, imparcial y trasparente del presupuesto, y consideraron que el auditor designado incumple con estos principios, derivado de su cercanía al gobernador Roberto Sandoval.

Hoy Roy Rubio Salazar cumple su función como Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior con todo desparpajo, siendo que nada le intimida en su interés por cubrir espaldas al gobernador Roberto Sandoval porque tiene callo al haber sido inhabilitado dos ocasiones para desempeñar función pública cuando trabajó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda federal. La primera vez se le negó legalmente desempeñar cargo público alguno de 2002 a 2003 por violación de leyes y normatividad presupuestal, mientras que la segunda fue del segundo semestre de 2003 a 2004 por negligencia administrativa.

Lo que hoy hace Roy al frente del OFS es para él como un juego de niños. (9 de julio de 2016)