Con golpes blandos USA trata de reapropiarse de Latinoamérica

Su nuevo plan se acelera a partir de 1998 con el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela. El objetivo fue y ha sido el mismo: Derrocar a los presidentes latinoamericanos progresistas o simplemente demócratas que atenten contra la estabilidad de dominio de Estados Unidos sobre la región y que promuevan el contagio del socialismo. Las estrategias violentas se adecuan a las situaciones concretas y se amplían con estrategias jurídico-políticas. Entre estas últimas se cuentan las siguientes. 1) Crear una situación de ingobernabilidad, 2) Aislar al Presidente o al sujeto objetivo de su fuerza política y del Orden según sea el caso, 3) Crear un ambiente hostil hacia el sujeto objetivo por parte de los gobiernos del mundo y de las instituciones extranjeras conservadoras, 4) Usar las leyes y las Instituciones Nacionales según sea el país, para legitimar la arbitrariedad, y 5) Estados Unidos se autoproclama “imagen objetivo” de las sociedades y países latinoamericanos, e instrumenta “mecanismos de cooptación” de
adeptos de ciudadanos de tales países.

Dentro de los mecanismos de cooptación para conformar una mentalidad “gringófila” entre los latinos, USA creó y mantiene, a varios programas especiales. Uno de tales programas está orientado hacia los juristas, jurisconsultos o simplemente abogados que, además del ejercicio de su profesión, pudieran acceder al Poder Judicial. Otro es para los académicos latimos con el triple propósito de conocer, asimilar y divulgar en sus centros de trabajo y áreas de influencia, la vida académica, social y política de Estados Unidos. Uno más es para los legisladores latinoamericanos cuya intención es que conozcan y generen empatía con el Congreso y los Tratados con USA, así como con los compromisos con las Instituciones Mundiales. Y otro es para los periodistas latinos con el fin de que conozcan el sistema de la información y aprehendan las prácticas del periodismo norteamericanos. Como consecuencia de estos programas especiales de Estados Unidos, se configura una “Troica Infernal” entre periodistas, juzgadores y legisladores en contra de Presidentes, expresidentes o simplemente sujetos objetivos nocivos a los intereses norteamericanos.

A partir del año 2009, con el “Golpe de Estado” en Honduras, con la salida del presidente Manuel Zelaya y el arribo del golpista Roberto Micheletti, los golpes de estado en Latinoamérica ya no se hicieron con el protagonismo de los militares. Entraron en acción mecanismos y procedimientos político-jurídicos. La derecha y ultraderecha, los periodistas, los jueces, los fiscales y los legisladores “conforman un frente” reaccionario y conservador que hasta nuestros días siguen obstruyendo el simple avance democrático y la justicia social. Este tipo de “frente” fue el que se encargó de acabar con el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras, y tres años después, en 2012, se repite la acción en Paraguay para destituir por Juicio Político al presidente Fernando Lugo y poner en su lugar a Federico Franco. En el año de 2016 también se pone en marcha ese dispositivo en Brasil para acabar con el gobierno de Dilma Rousseft e imponer al corrupto Michel Temer.

Estados Unidos trata de revertir con esta estrategia el proceso que se inaugura a finales 1998 con el arribo de Hugo Chávez a Venezuela. Y en donde en lugar de apelar a las fuerzas armadas, crea y manipula opinión pública en contra de los agentes políticos objetivo que se oponen a sus intereses. En este sentido, el papel del periodismo y los medios de comunicación es fundamental, ya que sirven para crear imágenes estereotipadas, demonizadas, de los dirigentes políticos progresistas o populares de la región, que estén al servicio de los gobiernos simplemente democráticos.

El nuevo método del golpe de estado y del golpe a los líderes político-democráticos ha vulnerado la legitimidad y la legalidad de las acciones contrarrevolucionarias. Se ha vuelto a prácticas legales caducas de 2 siglos atrás, a la época de la inquisición, época en donde una persona podía ir a la cárcel y ser torturada por la simple acusación o presunción de un ilícito.  Tal es el caso de Lula Da Silva que un juez lo condenó a 6 años de prisión sin tener ninguna evidencia del delito, sino únicamente la convicción de que Lula cometió un ilícito. Como el propósito es desactivar al Partido de los Trabajadores de Brasil, entonces esa misma convicción del juez es avalada por la Cámara de Apelaciones.

Estamos ante nuevos ataques contra la democracia y agentes políticos que sustentan una práctica progresista en la sociedad. En estas circunstancias se vive en una especie de libertad condicional. En Latinoamérica basta que los periodistas o los medios de comunicación digan que alguien que se signifique por la lucha política progresista o simplemente democrática, ha cometido un ilícito, para que de inmediato la derecha y ultraderecha hechas gobierno, lo pongan en la cárcel sin evidencias, sin pruebas. En fin.