Rechazo a la Ley de Seguridad Interior

La semana pasada fue aprobada por la Legislatura Federal la controvertida Ley de Seguridad Interior por la mayoría priísta, sus aliados PVEM, PANAL, Encuentro Social y por 15 legisladores panistas; en cambio votaron en contra la mayoría de la bancada panista, perredista, Movimiento Ciudadano y  MORENA.

Según expertos en materia de seguridad es un paso hacia la militarización de nuestro país y contraviene el mandato constitucional, esto es, que el Ejército debe ser garante de nuestra soberanía nacional y solo puede ser utilizado en las calles cuando esté en situaciones graves que pongan en riesgo nuestra seguridad interior.

A su vez el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la comisión iberoamericana de Derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestaron públicamente su rechazo a la mencionada ley.

Ante la incompetencia de los dos gobiernos panistas que ocuparon la presidencia de la república fue precisamente en el sexenio de Felipe Calderón cuando fue sacado el ejército y la Marina a las calles para desempeñar el trabajo de policías para combatir a las bandas delincuenciales ante la evidente ineficacia y corrupción de los cuerpos policiales civiles de los tres órdenes de gobierno.

El régimen del panista Felipe Calderón y luego el del priísta Enrique Peña Nieto nos vendieron la idea que con la fuerza militar se garantizaría la seguridad pública.

Los hechos demuestran objetivamente que ha sido lo contrario. En este sexenio priísta de Peña Nieto la violencia armada se ha desbordado inusitadamente en gran parte del territorio nacional y otros delitos de alto impacto social.

Con justa razón el alto mando de nuestras fuerzas armadas Salvador Cienfuegos reclama a la autoridad civil un marco jurídico que regule y establezca límites a su desempeño de sus tareas que no son de su competencia y su temporalidad para regresar a los cuarteles, ya que pagan un alto costo moral y en muertes.

Sin duda alguna es una obligación de la clase gobernante la de otorgar la seguridad pública mediante eficaces cuerpos policiales que enfrente a las bandas del crimen organizado.

¿De qué han servido los miles de millones de pesos que se destinan a los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública?

Como se ha documentado por especialistas en la materia y por organizaciones de la sociedad civil la mayoría de esos recursos se han desviados a chequeras de políticos corruptos o a campañas electorales.

Para estos gobernantes sinvergüenzas lo más fácil es solicitar el apoyo del Ejército y de la Marina para que se ocupen de la seguridad pública y quedarse cínicamente cruzados de brazos.

A nuestras fuerzas armadas no debe exponérseles al escarnio popular. Su institucionalidad es ejemplar, pero no juguemos con fuego.

Podría pensarse que el PRI y su camarilla de tecnócratas ante una probable victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador podrían estar fraguando un ominoso fraude electoral y  ante el desbordamiento de la protesta popular en las calles se  utilice al ejército para reprimirlo con el argumento de restablecer el orden y “salvar a nuestras instituciones.

Mientras no se implemente un plan nacional integral de seguridad pública que atiendan a las causas que originan las bandas delincuenciales en la mayoría de los estados de la república, estas son la pobreza de la mayoría de la población, la falta de oportunidades a la educación y al empleo, la tremenda corrupción e impunidad en los mandos policiales y en la procuración e impartición de la justicia aun  cuando se desplacen en las calles a batallones completos de militares continuará en ascenso las bandas delictivas; a menos que se pretenda replicar los tiempos del Porfiriato bajo la consigna “mátenlos en caliente”.

La próxima semana los senadores de la república con su voto decidirán el rumbo del país…