El sufrimiento de la población
Sergio Mejía Cano
25 de Octubre de 2017
Es común que si algún ciudadano anda levantando una barda en su inmueble, de pronto le caigan inspectores del IMSS exigiéndole que registre ante dicho instituto de salud a los albañiles, y a pesar de decirles y demostrarles que es una autoconstrucción, dichos inspectores se muestran de lo más intolerantes diciéndole al auto constructor que tiene que legalizar ante el IMSS a quien anda construyendo. Y por si fuera poco, también le caen unas personas aduciendo que son del sindicato de albañiles y que tiene que contratar a sus miembros para que hagan dicha construcción y, obviamente, todo se arregla mediante la conocida cuota de paso.
Así que en este tenor, a los permisionarios y concesionarios del transporte urbano se les podrían fincar responsabilidades por no cumplir con la Ley Federal del Trabajo, porque la mayoría de sus choferes no cuentan con las prestaciones que contempla dicha ley.
A cualquier chofer de combi y de camión que se le pregunte si cuenta con estar asegurado ante el IMSS o el Infonavit, Fonacot, etcétera, la mayoría comenta que para nada, que no cuentan con seguro social y menos con estar haciendo puntos ante el Infonavit y, en caso de exigir estas prestaciones laborales, la mayoría de las veces reciben por respuesta que mejor se bajen de la unida, porque al fin y al cabo hay mucha gente solicitando trabajo como chofer sin ser tan exigentes.
Así que aquí está un motivo para tomar de las greñas a los dirigentes del pulpo camionero y hacerlos cumplir con las leyes laborales, algo que se podría solucionar de inmediato no nada más con preguntarles a los mismos choferes si cuentan con su aseguramiento de ellos y sus familias, sino revisando los registros en el IMSS, ¡así de fácil!, para qué darle tantas vueltas al asunto si se puede comprobar fehacientemente que el pulpo camionero nada más quiere las caiditas sin hacer caso a las responsabilidades legales de tener a sus trabajadores asegurados en todo lo concerniente a prestaciones laborales.
Si se da esta situación de que muchos choferes acepten andar trabajando sin tener el seguro social, se entiende que es por la necesidad de tener un trabajo; pero esto conlleva a más situaciones en donde la clase patronal se podría ver en una situación de que sus trabajadores se vean en la necesidad de tener que echar mano al dinero que reciben por la venta de boletos para ajustar el pago de alguna necesidad médica o de parranda simplemente, porque ¿por qué se mostraron renuentes la mayoría de los choferes cuando se aventó el buscapiés de la tarjeta pre-pago? Obviamente porque lo que quieren es tener el dinero de la venta de boletos a la mano y no por otra cosa. Así que si los permisionarios y concesionarios del transporte urbano se quejan de pérdidas en las ganancias, ahí podría estar el meollo del asunto: en que los choferes puedan tener acceso al dinero de la venta de boletos, así cuenten las unidades con barras contadoras de pasaje; para todo hay maña.
Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, los conductores del tren ligero y del llamado “Macro-bus” no tienen ningún acceso al dinero que los usuarios depositan al entrar a las estaciones de servicio; y ya existen rutas en donde el usuario deposita el precio del transporte en un dispositivo a propósito, por lo que se entiende que el chofer con tan solo su salario designado está conforme y no a la expectativa de ver cuánto se puede llevar de la venta del día o de su turno en sí.
Sin embargo, volviendo al asunto de las pretensiones del pulpo camionero, bien se les podría hacer una auditoría a fondo y que se comprobara de bien a bien que no ofrecen seguridad social ni ninguna otra prestación a sus trabajadores para que de ahí se agarre el gobierno y así exigirles cuentas claras; pero sobre todo que comprueben fehacientemente el porqué afirman que no obtienen las ganancias que siempre han tenido en expectativa, siendo que no pagan la cuota de seguridad social ni de otras prestaciones laborales.
Don Ezequiel Llamas no está conforme con este aumento a las tarifas que se han autorizado; sin embargo, ¿él ha hecho uso de este servicio últimamente? ¿Tienen el señor Llamas y demás concesionarios inconformes un salario que les haga ver lo perjudicial y gravoso que es pagar siete pesos diariamente tanto para ellos como a sus familiares? ¿Jamás alguien les habrá hecho notar que el servicio del trasporte urbano es un servicio social y sin fines de lucro? Todo esto se deduce a que no saben el sufrimiento de la población.
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