El Gobierno hecho bolas

La élite gobernante y los legisladores federales en el Congreso de la Unión que aprobaron la liberalización del precio de las gasolinas lo que incrementó en un 20% el precio de esos energéticos menospreciaron la reacción que provocaría esa draconiana medida en la mayoría de los mexicanos.

Desde el inicio de este año miles de personas irrumpieron en las calles en gran parte de las entidades de la república mediante bloqueos de carreteras, toma de casetas de cuota, bloqueos en oficinas de hacienda federal y de Pemex, bloqueos de expendios de gasolinas y lo más grave el vandalismo y el saqueo de centros comerciales provocando millonarias pérdidas a esos negocios.

La respuesta del Gobierno Federal y  algunos Gobierno Estatales se vieron obligados a utilizar la fuerza pública para contener esta irritación popular la cual fue aprovechada por miembros del crimen organizado o de terceros interesados que manipularon por medio de las redes sociales causando pánico entre la población, pero sobre todo en los centros comerciales que tuvieron que cerrar sus puertas.

Fue tal la indignación que causó el incremento a los hidrocarburos que los medios de comunicación cercanos a la élite gobernante y a algunos dirigentes empresariales solicitaron al Gobierno Federal que utilizara al Ejército para contener el vandalismo en las calles.

En cambio el presidente Peña Nieto y los titulares de su gabinete de economía trataron de justificar lo injustificable expresando verdades a medias, esto es, que el incremento del 20% a las gasolinas fue a consecuencia de que se incrementaron los precios de las gasolinas en el mercado internacional, de los precios del petróleo y a la devaluación de nuestra moneda.

Lo que omitieron decir en sus comunicados a la Nación es el hecho de que un 40% del precio actual de las gasolinas y el diesel corresponde a un impuesto a servicios y productos aprobado por los diputados como parte del presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.

En otra parte de la justificación a ese brutal incremento a la gasolina añadieron otras mentiras más, entre otras de que no repercutiría en la alza de los precios de la canasta básica.

Como ha sido denunciado durante las marchas y mítines del pueblo movilizado en las calles en los días siguientes a la liberación del precio de la gasolina se incrementaron en igual porcentaje los precios del gas doméstico, industrial, luz eléctrica  y todos los alimentos de la canasta básica. Esta es la realidad que la élite gobernante se niega a reconocer porque está obsesionada que esta medida gubernamental ha sido el pretexto de la gente para vandalizar en las calles y violentar la ley.

¿Qué esperaba el gobierno de Peña Nieto? ¿A caso esperaba que la gente aplaudiera su mensaje de año nuevo en el que dijo que se vio obligado a tomar esas medidas radicales para evitar otras peores y que esperaba la comprensión de los mexicanos?

¿A caso cree la élite gobernante que metiendo a la cárcel a miles de gentes que fueron aprehendidas durante las manifestaciones de inconformidad podrá contener la ira popular? De continuar esta política punitiva para contener la rabia del pueblo que esta arto de tantas mentiras tendrá que construir miles de cárceles para encerrar a la totalidad de los que repudian esa acción de gobierno.

Se ha llegado a tal absurdo en su respuesta al descontento popular que algunos gobernadores ofrecen recompensas de 500 pesos para que  denuncien a quienes encabezan el saqueo a tiendas departamentales y expendios de gasolina.

Como no va a estallar el descontento de la mayoría de la gente que vive de un salario mínimo cuando durante la pasada navidad los legisladores federales, ministros de la corte, consejeros del INE y altos funcionarios del gabinete presidencial obtuvieron jugosos aguinaldos, primas vacacionales y bonos de productividad mientras que a los millones de trabajadores apenas obtuvieron un aguinaldo para el disfrute de una humilde cena navideña. Y todavía más como regalo de año nuevo el Gobierno Federal nos propinó el gasolinazo.

Ante esta emergencia nacional al gobierno de Peña Nieto se le ocurrió llamar al sector patronal y a los líderes de la CTM, CNOP y CNC y a todos los gobernadores de los estados para que se comprometieran a un pacto nacional de protección al consumo familiar en los que se comprometan los empresarios a elevar la productividad para no incrementar precios a sus productos; al comercio organizado para que sus miembros no eleven los productos de consumo familiar y a los trabajadores y campesinos para que se sumen a un esfuerzo para mejorar sus niveles de productividad y no pierdan sus empleos.

Lo anterior nos recuerda los viejos pactos entre empresarios, trabajadores y gobierno cuando había que enfrentar coyunturas de crisis financiera en el país. Estos pactos son como llamadas a misas; no sirven para nada. Bien sabe el Gobierno Federal que carece de los instrumentos legales para contener el incremento de precios una vez que el estado dejó de ser el eje regulador de la economía nacional.

Lo más ridículo en lo que está incurriendo la élite gobernante es el pretender encontrar a los responsables de esta ingobernabilidad en los bajos fondos de la sociedad. Se quieren curar en salud. Ahora se asusta de lo que ellos mismos provocaron…