El gasolinazo atenta contra trabajadores, empresarios y contra México

En México vivimos en la incertidumbre; no sabemos que ocurrencia tendrán el día de hoy los que dirigen este país. Pues no se le puede llamar de otra manera a las políticas públicas adoptadas sin la debida ponderación de sus impactos sociales, económicos y políticos. Para muestra tomemos el “alza” de los precios de los combustibles, su liberación mercantil, su privatización, etc., esto es, tomemos como muestra “el gasolinazo-2017”.

Si el PRI pretende hacer ganar al PAN la presidencia de la República, la subida de precios de los combustibles es una medida medianamente acertada. Pues ha generado inconformidad en todos los sectores de la población, a tal grado que además de las marchas se han tomado gasolineras y se han obstruido vías públicas de comunicación, como calles, carreteras, etc. Sin embargo, estas medidas antipopulares y antiempresariales son consecuencia de la alianza PRI-PAN que sacó adelante y por la fuerza la “Reforma Energética” y las adecuaciones a la legislación secundaria. Hoy los empresarios panistas están tomando un sorbo de su propio chocolate, sin embargo, su sector consideró que las alzas de precios en las gasolinas y el diésel son desproporcionadas y representan un atentado a la economía de las familias mexicanas, por lo que calificó de comprensibles las manifestaciones de repudio desde el domingo en el país. “Nos parece desproporcionado que el gobierno traslade toda la carga al consumidor final y no haya voluntad

para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales”, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, a través de un comunicado. Enfatizó que, “si bien la organización empresarial ha impulsado la libre competencia y ha aportado propuestas para aplicar la reforma energética”, dijo no estar de acuerdo en que el usuario final resulte el más afectado con el gasolinazo. Llamó al Congreso de la Unión a revisar y hacer ajustes a la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, a fin de aminorar los perjuicios. Planteó revisar los porcentajes considerados en la fórmula para fijar los precios y propuso bajar los impuestos respectivos, y dijo que hay gran preocupación entre los empresarios por el impacto inflacionario que tendrá el alza. También dijo que Petróleos Mexicanos, PEMEX, no “puede seguir absorbiendo las pérdidas por las transacciones de compraventa de gasolina, sobre todo la importada, que ascienden a 50 mil millones de pesos anuales”. Criticó el incremento de las importa

ciones de gasolinas y diésel en los años recientes a consecuencia de la limitada e ineficiente infraestructura de refinación con la que cuenta el país. Dijo que las refinerías operan a menos de 60 por ciento de su capacidad por su obsolescencia y falta de mantenimiento o reconfiguración. Incluso reveló que las importaciones superan 60 por ciento del consumo nacional.

¿A caso la COPARMEX está en contra de sus intereses empresariales? Nada de eso. El “gasolinazo” afecta a la estructura de costos de manera directa. Los combustibles consumidos directamente en las industrias, en las empresas, impactan también de manera directa en los precios de las mercancías, o, mejor dicho, en los bienes y servicios producidos. A su vez, tal situación afectará la competitividad de tales mercancías en los mercados regional, nacional y mundial. Pero, además, afectará el costo de la mano de obra, en el entendido que subirán los precios de la canasta básica. Y como consecuencia de este aspecto, subirá nuevamente el costo de producción. En realidad, se vendrá una espiral “inflacionaria”, una contracción del mercado por dos razones, la baja de la capacidad adquisitiva de los mexicanos y la pérdida de la competitividad de las mercancías mexicanas en el mercado mundial. Viviremos en 2017 en la “incertidumbre”. En fin.