El fuero constitucional

La semana pasada se aprobó en el Congreso local del estado de Jalisco, una reforma política para quitar el fuero a los funcionarios y todo servidor público que hasta hoy se sirve de él blindándose para en caso de hacer algo indebido, escudarse en dicho fuero y no ser sancionado como todo ciudadano.

Sin embargo, todavía no es un hecho, porque falta que dicha reforma se apruebe, dentro de los primeros 30 días posteriores a la aprobación, por la mitad más uno de los municipios jaliscienses y es en donde algunos analistas prevén que podría haber algunas trabas por aquello de que algunos servidores públicos representantes de esos municipios se nieguen a perder una prebenda que han tergiversado absolutamente, porque para todo anteponen el dichoso fuero, así pregonen diariamente que “nadie por encima de la ley” y de que no hay ciudadanos de primera y de segunda, etcétera.

Se entiende que históricamente el fuero constitucional se estableció debido al asesinato del senador chiapaneco don Belisario Domínguez, por sus críticas al usurpador Victoriano Huerta; así que para evitar que los achichincles que nuca faltan y que por quedar bien con “el señor gobernante”, se abocan a castigar a quien osa criticarlo. De ahí que debido a ese homicidio perpetuado en la persona del senador Domínguez, se previó posteriormente que los legisladores tuvieran protección a través de un fuero constitucional para que no fueran sancionados por lo que dijeran o hicieran en tribuna y mucho menos acallar la expresión de sus ideas; pero se supone que al salir del recinto legislativo, pasan a ser ciudadanos con las mismas garantías, derechos y obligaciones del ciudadano común.

Se ha tergiversado tanto así el entendimiento de lo que es el fuero, que posteriormente se amplió, aparte de los diputados y senadores, a toda clase de funcionarios públicos, y tan así se ha desvirtuado este fuero que hasta algunos se sienten con el derecho de orinarse en la calle y clamar su fuero en caso de que les llegue manotas. Como el caso tan sonado que fue ventilado a través de un medio televisivo allá a principio de la década de 2000, cuando el señor Félix Salgado Macedonio era diputado federal por el PRD, y se lo balconeó una televisora sorprendiéndolo orinando en la vía pública, y en donde el legislador perredista se mostraba en evidente estado anormal por la forma de expresarse y no controlar de bien a bien el equilibrio, cosa que se puso más en evidencia porque en las imágenes al parecer trata de tirar un golpe al policía que está a su lado llamándole la atención y por poco y se va de boca al suelo de no ser porque lo evitan el mismo policía y una mujer que acompañaba al señor Salgado Macedonio, quien también arrastraba las palabras al hablar, y que le gritaba a los policías presentes, que don Félix era diputado y que tenía fuero, que no le podían hacer nada. Obvio que en este caso fue la señora en cuestión quien alegaba el fuero y no así el diputado Félix Salgado, porque a la mejor ni se acordaba o sabía en dónde estaba y lo que hacía en ese momento.

Y así por el estilo, se han documentado casos de políticos en funciones que hasta por ser detenidos manejando en estado de ebriedad alegan su dichoso fuero constitucional y se aprovechan de su cargo para no sufrir las consecuencias como cualquier hijo de vecino, como el caso del senador por el Partido Verde –dizque- Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, más conocido en el bajo mundo de la política como “el niño verde”, y quien gracias a que tramitó un amparo salió del mentado “torito”, y todo por ser senador. Cosa que para otro ciudadano se le hubiera hecho muy difícil hacer y más si no contara con recursos económicos, ya no digamos fuero constitucional.

En este sentido, al parecer algunos diputados y senadores se consideran una casta aparte, muy lejana a la ciudadanía de a pie, y eso que se supone que nadie está por encima de la ley y que el artículo 4º constitucional señala claramente que “El varón y la mujer son iguales ante la ley…”, y para nada dice que excepto funcionarios y servidores públicos, los que se cocinarán aparte o algo así, nada de esto dice. Así que se supone que al andar en la calle, los funcionarios que se protegen con el fuero constitucional, están o deberían estar expuestos a ser sancionados en caso de cometer algún ilícito o verse inmiscuidos en algún accidente en donde claramente sean los responsables, es decir, los causantes de algún accidente y que por lo mismo, tengan que ser detenidos.