Promueven partidos políticos ley fascista

Con excepción de MORENA
Sistema PENITENCIARIO, en BANCARROTA


Las consecuencias de DÉCADAS de políticas NEOLIBERALES que DESBARRANCARAON este país y lo condujeron al DESPEÑADERO ya se sienten en TODOS los ámbitos de la vida económica, social, cultural, educativa y en los delicados referentes al sistema de JUSTICIA, que a todas luces exhibe una ESCANDALOSA bancarrota. No sólo se trata de las reiteradas ACUSACIONES, ya divulgadas por el mundo entero, de la CRISIS de DERECHOS humanos que padece el MARTIRIZADO pueblo de México, sino del ESCALOFRIANTE avance de una visión de la aplicación de la JUSTICIA, que recuerda las formas y contenidos del FASCISMO, como es el caso de la llamada LEY ATENCO, en el Estado de México a la que solamente se OPUSO la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el congreso de esa entidad y que prácticamente PENALIZA la manifestación pública y la convierte en un acto ILEGAL sin considerar las CAUSAS que provocan las manifestaciones, ni la ACOSTUMBRADA cerrazón y desinterés de autoridades gubernamentales que suelen IGNORAR a las personas y grupos sociales que RECLAMAN por actos de INJUSTICIA u omisiones dolosas de la autoridad, no sólo se trata de eso,  sino de las recientes reformas legales aprobadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados contando con el visto bueno de casi TODOS los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PANAL, PVEM) con la EXCEPCIÓN valiente, de nuevo como en el Estado de México, de Morena. De acuerdo a estas reformas plasmadas en el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución General de la República, a partir de ahora el Ejecutivo de la federación (Presidencia de la república) tendrá FACULTADES para RESTRINGIR o SUSPENDER derechos y garantías individuales, con la aprobación del Poder Legislativo en casos específicos: “Invasión, perturbación GRAVE de la PAZ pública o de CUALQUIER OTRO que ponga a la sociedad en GRAVE PELIGRO”. Con estas reformas legales, el gobierno federal podrá actuar con DISCRECIONALIDAD, en materia de SUSPENSIÓN de DERECHOS y aplicación incluso del ESTADO de EXCEPCIÓN en todo el país o en alguna entidad o región, según INTERPRETE desde su particular ÓPTICA, que existe una “perturbación grave de la paz pública” o CUALQUIER OTRO factor o circunstancia que bien podrían ser las manifestaciones públicas o la EXPRESIÓN de las IDEAS, que pueden encuadrarse en los supuestos señalados. En estricto sentido eso es un paso rumbo a la CONSOLIDACIÓN de un ambiente de pleno AUTORITARISMO, que, repito despide un fuerte TUFO a FASCISMO.

Lo anterior, se vincula a otro aspecto SINIESTRO de la vida de México: el sistema PENITENCIARIO que ha mostrado su estado de PUTREFACCIÓN avanzada. El incremento BRUTAL de la DELINCUENCIA, vinculado estrechamente a la POBREZA, el DESEMPLEO y la MARGINACIÓN social, así como a la IMPUNIDAD propiciada desde las esferas gubernamentales, ha generado una SOBREPOBLACIÓN de los MAL llamados “centros de rehabilitación social” que son auténticos INFIERNOS donde priva la VIOLACIÓN de los más elementales derechos humanos y la CORRUPCIÓN, de nuevo auspiciada por las autoridades que en muchos casos de plano CEDIERON el control de los centros de reclusión a las BANDAS CRIMINALES, como queda evidenciado cada que la sociedad mexicana se entera de un MOTÍN carcelario, o con la simple VISITA a los centros penitenciarios. Frente a esto al Estado mexicano sólo se le OCURRE marchar por el camino de la MANO DURA, la REPRESIÓN, la CRIMINALIZACIÓN de la PROTESTA y la posible SUSPENSIÓN de los derechos y libertades individuales y colectivas.

La URGENCIA de un PROYECTO POPULAR frente a las ABERRACIONES cometidas por quienes hoy detentan el PODER en México tornan en tarea de la mayor prioridad la presentación de un PROYECTO de RESISTENCIA y transformación social.