A prueba el Sistema Anticorrupción

Es probable que en el curso de esta semana o de la próxima el Senado de la República remita a la XXXI Legislatura Estatal que preside el Dip. Jorge Humberto Segura López el dictamen que aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción a efecto de que sea debatido y aprobado.

De acuerdo a nuestra Máxima Carta Magna es necesario que 17 legislaturas locales lo aprueben para luego sea promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto y en un plazo no mayor a un año deberá ser debatidas y aprobadas las correspondientes leyes reglamentarias que determinarán si se quiere o no combatir a fondo la corrupción y la impunidad de nuestra clase política.

En nuestra Entidad no creo que habrá mayor problema puesto que la mayoría de los diputados del Congreso del Estado y el mismo Ejecutivo Estatal, Roberto Sandoval van en la línea presidencial.

En el resto de las entidades de la república veremos hasta donde hay disposición de los gobernadores y de los congresos estatales para aprobar las reformas constitucionales en materia anticorrupción puesto que el contenido de ellas expresados en el Sistema Nacional Anticorrupción acotará los márgenes de maniobra de los ejecutivos estatales para desviar los recursos federales a otras áreas de gobierno que les provee jugosas ganancias que van a parar generalmente a sus chequeras personales y a la de un minúsculo círculo de amigos.

En el Sistema Nacional Anticorrupción fue un gran avance el hecho que a la Fiscalía Superior de la Federación se le hayan ampliado sus atribuciones en materia de rendición de cuentas.

Con las nuevas normas la fiscalía podrá escrudiñar hasta el último peso de los recursos asignados a programas sociales y obra pública de los estados y municipios, sobre todo los que están  inscritos en el ramo 33.

Además la fiscalización del gasto federal lo podrá hacer al día siguiente de que inicie el nuevo año fiscal y no un año después.

En caso de encontrar ilícitos cometidos por alguno de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, esto es, municipal, estatal y federal y de entes autónomos no solo podrán ser inhabilitados del servicio público y rembolsar lo robado sino que podrán ser sujetos de proceso penal. Es decir, ahora sí habrá consecuencias de cárcel a quienes infrinjan la ley.

Otro de los avances en materia anticorrupción es el hecho que los servidores públicos cualquier sea su jerarquía estarán sujetos a investigación hasta 7 años. Se pretende con esta medida que no se protejan en el fuero constitucional para evadir la acción de la justicia. En la norma hoy vigente se establecía de 3 años.

Por cierto los senadores de la república de todos los partidos políticos se comprometieron a debatir en el siguiente periodo ordinario de sesiones si se les quita o no el fuero constitucional a todos los servidores públicos de representación popular.

De igual manera quedó para ser debatido en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción la obligatoriedad de hacer público su declaración patrimonial, la declaración de impuestos y si hay o no conflicto de intereses.

En el curso de este mes veremos qué tanta disposición existe de los gobernadores de los estados y de los congresos locales para dar celeridad a la aprobación de ese nuevo instrumento legal que acotará y castigará a quienes continúen  utilizando los recursos públicos a discrecionalidad y con ello  amasan enormes fortunas de la noche a la mañana bajo la sombra del poder político…