Desaseo en la impartición de justicia

Este es el caso de la familia de Aguinaga Cortés. Al parecer, se trata de un conflicto por la herencia de don Pedro, quien en vida repartió sus bienes bajo la condición de que doña Rosa fuese beneficiaria universal hasta su muerte. Sin embargo no faltan los prietitos en el arroz. Recuerdo que hace varios años atrás la familia  Rodríguez de Santiago protagonizó un escándalo de esta naturaleza que el Diario del Pacífico publicó puntualmente la información bajo el título de “La danza de los millones”. Hoy tocó a Rosa de Aguinaga Cortés (a) Rosita desatar las bajas pasiones del “becerro de oro”. Acusó a sus hermanos Víctor Manuel (a) Toto y a Carlo Hugo (a) Pollo de andar despotricando en contra de su mamá, doña Rosa. Este asunto de lavaderos no hubiera tenido  tanta repercusión si no hubiera sido llevado a las instancias judiciales, si éstas no hubieran actuado al margen de la ley y si Toto no hubiera sido conocido del jurisconsulto Alfredo Romero Robles.

El día 25 de marzo a las 13 horas aproximadamente la policía investigadora detiene en el café de céntrico hotel a los hermanos Víctor Manuel y Carlos Hugo de Aguinaga Cortés. La querellante fue su hermana Rosita y la ofendida Doña Rosa, quien a la hora de declarar contradice a su hija Rosa. Sin embargo a lo largo del proceso judicial se observaron ciertas irregularidades. Según nos dice el licenciado Romero Robles que en primer lugar se utilizó papel membretado de la Fiscalía y sello de la Procuraduría. Segundo que desde el momento en que doña Rosa declara a favor de sus hijos el agente del ministerio público del centro familiar debió haber archivado la averiguación porque no había elementos para consignar. Tercero que el AMP indebidamente consignó determinando la averiguación 543 y acompañó las actuaciones de la averiguación 339, las cuales no tienen relación entre sí. Cuarto que perversamente el juez segundo del ramo penal del fuero común le dio curso a la consignación y emite la orden de aprehensión.

En el pasado el jurisconsulto Alfredo Romero Robles junto con los integrantes de la directiva del Colegio de Abogados “Benemérito de las Américas” hicieron las denuncias de la inexistencia legal de la Fiscalía del Estado, de la Policía Nayarit y de la gubernatura de Ney Manuel González Sánchez, este último por el impedimento de la ley del notariado vigente hasta hoy que impide a los notarios asumir cualquier cargo público. Por eso el licenciado Romero Robles promocionó un amparo contra el auto de formal prisión en base primeramente a la ilegitimidad de la fiscalía y de la autoridad ministerial, en segundo lugar por la incongruencia del ministerio público de la determinación de la indagatoria que carece de elementos y en tercer lugar por la inobservancia del juez que dictó orden de aprehensión. En fin.