La guerra de EPN

Felipe Calderón le declaró la “guerra” al narcotráfico. El resultado fue de extraordinarias ganancias de los productores y vendedores del equipo bélico, tanto al gobierno mexicano como a los “delincuentes organizados”. Hubo más de 100 muertes oficiales de ambos bandos y de la sociedad. La interrogantes es, ¿El presidente Peña Nieto siguió con esa guerra o él trae la suya propia? Incuestionablemente que Enrique Peña Nieto trae su propia guerra y no es contra el narcotráfico precisamente. Su guerra es contra las expresiones aun vigentes de las Instituciones de la Revolución Mexicana que obstaculizan el libre acceso del “capital mundial” a la economía nacional. Por eso su gobierno se aprecia como la implementación de una ofensiva múltiple en contra de los derechos vigentes hasta entonces. Las condiciones económicas y sociales requeridas para la llegada de las cuantiosas inversiones de los “capitales multinacionales” el gobierno de Peña Nieto todavía no las ha construido. La violencia y los enfrentamientos de los grupos armados contra el ejército nacional todavía persisten. Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, etc., da la impresión que los cárteles se reacomodan. En relación con el salario se ha seguido con la estrategia equívoca de matar de hambre a las familias de trabajadores incrementando en menos del 5% el salario mínimo y teniendo una inflación real de más del 10% anual. Con esta política lo que han provocado es aumentar la pobreza alimentaria tanto en número de mexicanos como en nutrientes. El salario está por los suelos. “La OCDE señala que 18.5 por ciento de los trabajadores mexicanos no puede subsistir con su salario, y que en México es necesario trabajar 13 días para comprar una magra canasta básica de satisfactores.” Las Tiendas de Autoservicio y Departamentales expresan su descontento por la baja de sus ventas. Sin embargo “no se quiere mencionar siquiera un aumento salarial emergente y se impone continuar con el golpe mensual de los gasolinazos hasta 2019”.

Se criminaliza la lucha social y la defensa de los derechos colectivos, se persiguen hasta con las armas de las “fuerzas del orden” a los dirigentes sociales, sindicales y partidistas. Se combate toda organización comunal de autodefensa. Se combate a las policías comunitarias de Guerrero que se defienden de la invasión y devastación de las mineras. Pero sobre todo, la guerra del presidente Peña Nieto busca establecer el principio legislativo del privilegio y beneficio para el “capital multinacional”. Por eso le otorga a la Secretaría de Energía facultades para favorecer “planes de exploración y explotación” del capital mundial. En el campo petrolero, obliga a la expropiación a favor de empresas petroleras extranjeras. Tales propuestas de ley se antojan tomarse como incentivos para que los “capitalistas transnacionales” se animen a invertir en México. La iniciativa del Ejecutivo federal al Congreso para la legislación reglamentaria de la reforma energética, crea la figura jurídica de la “servidumbre legal de los hidrocarburos”, para que las trasnacionales puedan apropiarse de terrenos, bienes muebles y derechos requeridos para explorar y explotar petróleo y gas, cuando no lleguen a un acuerdo con los dueños sobre el precio a pagar. Los dueños de los predios, instalaciones o derechos están obligados a pactar la compra o renta de los mismos; de lo contrario, el gobierno los obligará. Esa es la guerra de EPN: