El antiliberalismo

Pareciera que se olvidaron las aportaciones de los “liberales” basadas en la defensa de las libertades individuales y públicas. Ya olvidamos que John Locke y John Stuart Mill aseguraban la posibilidad de garantizar las libertades cívicas incluso bajo gobiernos no democráticos, con mayor razón en los gobiernos mexicanos. Stuart Mill incluso asumía la aspiración de los pueblos de contar con dirigentes temporales revocables no como los dirigentes mexicanos, bien sean sindicales, de partidos o funcionarios públicos.  Y esto no podía ser de otra manera en un régimen de libertades: “el que no funciona bien para afuera.”

Los dogmatismos y el romanticismo político han lacerado estas libertades. Sin embargo como dicen los enterados, “la libertad del pez grande es la muerte del pez chico”. De aquí surge como necesidad objetiva de la sociedad que los individuos deben gozar de libertad sin interferencia de los otros. Una excelente justificación de la coacción de las leyes y de la represión del Estado. Recordemos los derechos de reunión y de manifestación: “todos podemos reunirnos y manifestarnos en libertad siempre y cuando no atentemos contra el orden establecido”, o sea, contra el capitalismo. Así no hay ninguna contradicción con la doctrina liberal. Sin embargo, la normatividad no escrita y sobre todo los apercibimientos de las fuerzas públicas atentan contra las libertades. Innumerables sucesos de estos se han vivido en todo el territorio nacional y sobre todo en el D. F. con los maestros y obreros despedidos. De aquí que el gobierno defensor de las libertades dotadas por el liberalismo se asume como contrario a ellas, como un antiliberal. Y no nada más es el gobierno del D F, también los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal.

Da la impresión de que se pretende generar miedo en la población  políticamente activa. La policía teóricamente es una institución pública para proteger a la sociedad conforme a sus leyes. Sin embargo en las represiones a los individuos atenta contra las garantías constitucionales y se convierte en agresor no únicamente del individuo sino lo más grave, se convierte en agresor del fundamento liberal de las libertades populares. Cuando esta aberración aparece, el poder judicial debiera proteger a los agredidos pero por no enfrentarse al poder ejecutivo hace mutis y delinque por omisión.  

Urge una remodelación del orden social y de las instituciones del Estado Neoliberal Mexicano, una remodelación de los poderes de la Unión, de la implementación del Poder Ciudadano como el órgano encargado de la preservación de la soberanía nacional en todas sus manifestaciones y facultado para implementar los mecanismos de la revocación de mandato de los funcionarios públicos que no funcionen.