PRD no claudicará en su propósito de echar abajo la reforma energética

La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera llevado a cabo hace 76 años, como resultado de la aplicación del Artículo 27 Constitucional, mediante decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el presidente patriota Lázaro Cárdenas del Río, mismo que consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, en general, todos los bienes muebles e inmuebles, de las compañías petroleras extranjeras.

El día de hoy el Estado mexicano carece de argumentos y justificación para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera, después de haber impulsado la mayor regresión en materia de soberanía sobre nuestros recursos energéticos en la historia reciente de México.

El eje de la llamada reforma energética del gobierno federal finca su éxito en el otorgamiento de licencias y contratos, en especial a empresas extranjeras. Por ello, en esta fecha no existen razones y motivos para celebrar, ya que después de años de intentos, en 2013 se impuso la visión que considera que los energéticos pueden y deben ser explotados por el capital privado nacional e internacional.

Nuestra posición política e ideológica es revertir la reforma constitucional aprobada. Quien crea que con la promulgación de la reforma constitucional en materia energética está concluido se equivoca rotundamente. Porque consideramos que este sector, por su carácter estratégico, debe ser controlado por el Estado como un factor fundamental para el desarrollo. El PRD, junto con los mexicanos, buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictamine que es constitucional y se pueda llevar a efecto la Consulta Popular en todos los casos para echar para atrás esta reforma energética.

Quienes insisten en entregar a manos privadas y sobre todo extranjeras los recursos energéticos de nuestro país no se saldrán con la suya, no van a despojar a la nación de una riqueza que le pertenece al pueblo. Este capítulo de ninguna forma se encuentra cerrado, vamos a trabajar para que haya consulta popular en julio del 2015, porque existen cerca de 2 millones de personas, debidamente acreditadas con sus datos y con sus firmas que desde hace meses se han manifestado a favor de que se les tome en cuenta para quese aplique la consulta popular.

En cuanto  a las reformas secundarias, el tiempo se agota y el gobierno federal no las presenta, tal vez con la pretensión de dar un albazo legislativo y aislar el debate nacional y achicarlo lo más que sea posible, porque saben que el tema que tiene que ver con el petróleo, el gas y la electricidad es de alta sensibilidad nacional.

Para poner en perspectiva lo perniciosa de la mal llamada reforma energético sólo hay que hacer memoria para darnos cuenta de las consecuencias que las políticas neoliberales han traído al país: ¿en qué se ha beneficiado el pueblo de México con la entrega de la banca nacional y su rescate con presupuesto público; o con la privatización del sistema de telecomunicaciones que dio lugar a un duopolio de los medios de comunicación, cuyos concesionarios han recibido dinero a raudales del presupuesto público; en qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras no han construido nuevas líneas férreas y eliminaron los trenes de pasajeros; cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 50 millones de hectáreas para la explotación del oro, la plata y el cobre, a compañías extranjeras si los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá? Las consecuencias de estas polític
as privatizadoras ha sido un empobrecimiento cada vez mayor de millones de mexicanos.

Extracto de su posicionamiento en la Tribuna del Congreso del Estado en 18 de marzo de 2014.