Oceanografía símbolo de la corrupción

Los recientes escándalos de Oceanografía y el de la línea 12 dorada del metro de la Ciudad de México nos dan una idea de cómo la corrupción continúa permeando a nuestras instituciones públicas y privadas en el país.

Como es archiconocido por todos BANAMEX fue defraudado por la empresa petrolera Oceanografía por un monto de más de 520 millones de dólares mediante la falsificación de documentos contables.

De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría General de la República en este fraude participaron ejecutivos de Pemex y de BANAMEX al utilizar documentos contables, sellos y firmas falsas.

Al profundizar en las investigaciones a las operaciones de Oceanografía se descubrió que esa empresa tenía deudas millonarias con en el seguro social y con el Infonavit, deudas con otros bancos y no haber pagado varias quincenas a más de 7,000 trabajadores. Lo que llama la atención en este fraude es el hecho que fue hasta que BANAMEX denunció el caso ante la PGR cuando se inició la investigación.

¿Por qué razones Pemex no lo hizo cuando se detectaron desde el año pasado que altos funcionario de esa paraestatal otorgaron decenas de contratos de servicio en el último año de gobierno de Felipe Calderón e incluso dos contratos fueron firmados cuando el sub gerente de servicios de exploración en altamar ya no ocupaba el cargo?

De igual manera es muy extraño que el IMSS y el Infonavit no hubieran actuado conforme lo establece la Ley en contra de patrones morosos. Si hubiera sido un pequeño empresario en corto plazo le hubieran embargado sus bienes.

¿Cómo explica esa parsimonia de esas instituciones ante una empresa que en 12 años de gobierno panista creció desmesuradamente al acaparar cientos de millonarios contratos de servicio con Pemex?

La única explicación es la todavía prevalencia de la cultura de la corrupción expresado en tráfico de influencias, utilización de información oficial privilegiada y sobornos.

Si bien nuestro país dispone de avanzadas leyes e instituciones en la lucha en contra de la corrupción como los son el Órgano Superior de la federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la Ley de Contabilidad Gubernamental, se adolece de un órgano de fiscalización autónomo que posea facultades no solo de investigación sino de que sea capaz de meter a la cárcel a tanto funcionarios públicos corruptos que al operar en la impunidad son una ofensa para la Nación.

Los legisladores panistas dicen que el Gobierno de Peña Nieto utiliza el caso de Oceanografía para ensuciar a su partido de cara a las alecciones federales del 2015.

Bajo este pretexto amenazan con levantarse de la mesa de negociaciones en donde se debaten las leyes reglamentarias de la Reforma Energética. Volvemos a la vieja cultura del chantaje, es decir, si me sacas los trapitos al sol no te aprobamos tus leyes; o sea, esconder la basura bajo la alfombra.

El Gobierno de la República no debe permitir que los actos de corrupción sean una moneda de cambio. Antes que nada están los intereses de la Nación. Los ejecutivos de Oceanografía deben ir a la cárcel.

Esta vez el PRI no necesita los votos de los panistas para aprobar las leyes secundarias de la Reforma Energética.

En el caso de la línea 12 del metro del Distrito Federal resulta difícil creer que una obra que costó al erario público 25 mil millones de pesos a un año de su funcionamiento 11 de 20 estaciones del metro se hayan cerrado por razones de haber encontrado múltiples irregularidades en la calidad de la obra que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Están en la picota pública el ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, las empresas constructoras ICA y Carso, esta última propiedad del magnate Carlos Slim.

Este escándalo podría liquidar la carrera política del perredista Marcelo Ebrard.