El INE sabotea la soberanía ciudadana de los mexicanos

Con el pretexto de que no tienen dinero, el Instituto Nacional Electoral aprobó la instalación de solo 57 mil 377 casillas en lugar de las 160 mil que establece la ley. En intenso debate en el Consejo General, Mario Llergo representante de MORENA, recordó que el costo de las casillas en la consulta popular fue de 9 mil pesos y aún si fuera de 13 mil pesos, daría para instalar más de 130 mil casillas. La reducción de las casillas refleja la obstaculización que hace el INE a la realización de la consulta popular para la determinación de la revocación de mandato del presidente de la República. 

El INE ha mantenido una actitud sistemática para boicotear la realización de este ejercicio ciudadano, destinando escasos recursos para el caso porque preservan los privilegios salariales y prestaciones de una “burocracia dorada”.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, acusó a Morena y al gobierno federal de sentar un “nefasto precedente” al restringir recursos para los procesos democráticos, y añadió que “la revocación de mandato va, disminuida, pero va”. Sin embargo, la realidad es que el Instituto representa los intereses políticos de la derecha y ultraderecha mexicana que se oponen a la Cuarta Transformación del presidente López Obrador.

La determinación de compactar casillas evidentemente impactará en la participación ciudadana, pues no se sabrá dónde ir a emitir el voto ciudadano. Por otra parte, como dijeron los representantes de MORENA ante el INE, “bajo el argumento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les otorgó el capricho de ampliarles el recurso para poder llevar a cabo tal proceso, (la reducción de casillas) resulta ser una muestra evidente de la falta de voluntad de este órgano”. Y no solo de falta de voluntad, sino de sabotaje al ejercicio ciudadano de determinación si el presidente se va o se queda a cumplir su mandato constitucional. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: “el pueblo pone y el pueblo quita”.

La consejera Dania Ravel afirmó que la Secretaría de Hacienda asumió una sistemática postura para negar la petición de financiamiento extraordinario al INE, Incluso, recordó la demanda penal interpuesta por la Cámara de Diputados contra los consejeros del INE ante la fiscalía general de la República, por el incumplimiento constitucional del mandato de instalar igual número de casillas que las instaladas en la elección constitucional. Y se refirió a tal demanda como un nefasto precedente para la democracia, ya que, según ella, el camino jurídico de las diferencias de criterios es el TEPJF, no el encausamiento penal. En fin.