Constitucionalmente caos total al no realizar elecciones en Nayarit

El consejero-presidente del  Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), José Francisco Cermeño Ayón, convertido en portavoz de los seis consejeros más que integran este órgano, ha puesto en mesa de discusión el tema de la inexistencia de dinero sobre el presupuesto por 260 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado.

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, mediante oficio notificó al órgano electoral autónomo la no disponibilidad presupuestal temporal. Al no financiar al IEEN el gobernador Echevarría García incumple obligaciones institucionales que acarrea enormes consecuencias políticas, incluso su  actitud genera un impacto negativo en el desarrollo del propio proceso electoral.

Consejeras y consejeros del propio IEEN han expresado su preocupación tras indicar que de no resolverse oportunamente la situación financiera del instituto, se pone en riesgo la celebración de los comicios en la entidad para renovar todos los poderes locales.

También han lanzado con angustia la interrogante en caso de no haber dinero para la realización de las elecciones el próximo domingo 6 de junio: ¿Qué va a pasar con la elección de gobernador, diputados locales, presidentes municipales, sindicaturas, regidurías y diputados federales?

Buscar al abogado Rogelio Zúñiga Escobedo fue la tarea con el propósito de que con su versión jurídica al mismo tiempo nos diera luces sobre lo que podría ocurrir en caso de no llevarse a cabo las elecciones en Nayarit la fecha prevista.

“Sería un caos absoluto en Nayarit”, soltó sin miramiento alguno.

Entrevistado en restaurante de la capital nayarita, a donde Rogelio Zúñiga la mañana de la mayoría de los días de la semana acude con regularidad. Esta vez, previa cita, ya se encontraba en el local en compañía de dos personas cuando el reportero de la gente arribó al sitio. Se desplazó él a mesa contigua desocupada para emprender la charla sin testigo alguno. En ese instante los acompañantes se despidieron, pero antes del retiro pedí nos tomaran una fotografía.

“Creo que el asunto es más grave de lo que se ha advertido hasta ahora, porque no podemos partir de la simplista idea de que no hubiera elecciones”, agrega con contundencia.

Mi pregunta inicial estaba cargada de ficción, es decir, simulación de la realidad. Es una hipótesis. Al menos en nuestra entidad no hemos sabido durante años de la suspensión de elecciones. Sería tanto como acribillar la democracia.

Rogelio Zúñiga Escobedo, Doctorado en Derecho Penal, echa mano de sus conocimientos en la materia para indicar: “Lo primero que debe preocuparnos  a los nayaritas es el atentado que se comete por parte del Ejecutivo del Estado en contra del organismo electoral que constitucionalmente es el responsable de la preparación, realización, vigilancia y calificación de las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los ayuntamientos de nuestra entidad.

“El hecho que se le esté negando a un órgano autónomo como el Instituto Estatal Electoral representa un grave atentado, pero además se le ata de manos para que no lleve a cabo esa función que la impone la Constitución Política local. De no realizarse las elecciones, pues no se renovarían el poder Ejecutivo, Legislativo y los 20 ayuntamientos del Estado. En este momento existe un retraso en las actividades oficiales del Instituto Estatal Electoral al no proveerlo de los más de 200 millones de pesos que contempla el presupuesto autorizado por el Congreso al Ejecutivo del Estado, son recursos aprobados y debidamente etiquetados.

-¿Qué pasaría en el caso de que no hubiera elecciones?, se pregunta.

Y él mismo se contesta: “Bueno, pues en primer lugar, si bien es cierto que la Constitución contempla, en la cuestión federal, en la cuestión local, en un momento dado la desaparición de poderes, establece también las formas de cómo se llevaría a cabo un relevo y renovación de los poderes. Sin embargo, encontramos que en estas circunstancias no hay formas de contar con un mecanismo que provee la designación de encargados del despacho o gobernantes emergentes, interinos, etcétera, etcétera.

“Encontramos, por ejemplo, entre otras cosas, que creo vale la pena destacar, que corresponde al Instituto Estatal Electoral la organización de las elecciones, garantizando el derecho al voto y el otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos. O sea, está en juego la vida de los partidos políticos y está en juego una elección que se ha dicho es histórica.

“En este sentido, me parece que importa destacar el contenido del Artículo 69 de la Constitución Política local que impone al gobernador, en el marco de sus facultades y atribuciones, dice la fracción 16, coadyuvar con las autoridades y órganos electorales a que las elecciones sean libres, a la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.

“Luego tenemos que el Artículo 70 de nuestra norma Constitucional señala también que en ningún caso legalmente puede el gobernador distraer los caudales públicos del objeto a que estén destinados por la ley, impedir o retardar las elecciones, la instalación de la Legislatura. Por ello el gobernador incumple, omite, las obligaciones que le impone la carta magna local, incurre en responsabilidad oficial. Antonio Echevarría García es susceptible de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la particular del Estado, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.

“Esto lo tiene en una circunstancia de que podría decretarse, si los legisladores locales cumplen con su cometido llevándolo a juicio político, con una sanción de inhabilitación. Sin embargo, entrando a temas constitucionales, pareciera que el contenido de la norma se elabora de manera tal que se protege a quienes ejercen el poder público. O sea, quien tiene que abrir una acusación sería el Congreso del Estado, y el Congreso mismo tendría que juzgarlo.

-¿El gobernador Echevarría García podría ser denunciado penalmente?

Para responder a la pregunta, el Licenciado Rogelio Zúñiga echa mano del Código Penal para Nayarit. Lee:

“Al que infrinja lo establecido en las fracciones quinta a la novena se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo si el monto de las operaciones no excede al equivalente a 700 veces el salario mínimo y se impondrá de 2 a 12 años de prisión y multa entre 30 a 300 veces el salario mínimo cuando el monto de las operaciones exceda a 700 veces el salario mínimo. Este punto es interesante porque se advierte que el gobernador no sólo tendría responsabilidad política sino también penal. El problema aquí es quién realiza la denuncia correspondiente. Si nos atenemos al contenido de la Constitución, pues tendría que ser el poder Legislativo. Repito, la norma está hecha para que de alguna manera se blinden los que ejercen el poder público y por ello no enfrenten las consecuencias, como lo haría cualquier particular, incluso servidores públicos de segundo o tercer nivel como lo hemos presenciado en el Estado de Nayarit.

-La no realización de las elecciones en Nayarit sería un caso inédito. De este asunto tiene usted conocimiento haya ocurrido en otro estado o en otro país.

-“Realmente no tengo conocimiento que haya ocurrido algo similar, es un caso inédito el nuestro, si llegara a suceder. Recuerdo por allí un apunte histórico: ha habido en Nayarit, en las épocas más aciagas de su historia postrevolucionarias, por ejemplo, que el licenciado Daniel Saucedo y Castillo fue tres veces gobernador, primero encargado del despacho, gobernador interino y luego integró una comisión como responsable del despacho del ejecutivo. También don Ricardo Velarde fue tres veces gobernador del Estado en condiciones, me parece, inéditas. Pero el que no se realice una elección Constitucional y, por lo tanto, la instalación y toma de protesta del gobernador, presidentes municipales y la totalidad de los integrantes del Congreso del Estado, nunca.