El proceso electoral de Nayarit convertido en mercado

AL PUEBLO DE NAYARIT.
      
             DE LA UNIÓN MEXICANA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE NAYARIT
                                   (U M P A)


Recientemente el Gobierno del Estado de Nayarit, por medio del Gobernador Constitucional y de su Secretario de Administración y Finanzas, ha informado que no cuenta con recursos para cubrir el gasto presupuestado del proceso electoral 2021. Autoridades del Instituto Nacional Electoral le han entendido esta declaración como negativa a cumplir su compromiso, plasmado en el Presupuesto de Egresos 2021, calificándola como una irresponsabilidad. Y, según se sabe por el mismo INE esto también pasa con otros 7 estados.

Con motivo de las declaraciones de ambas partes, UMPA hace al Pueblo nayarita las consideraciones siguientes:

1. Desde muy antes del coronavirus, México ya venía presentando signos muy preocupantes en términos de crecimiento económico, pobreza y distribución del ingreso, indicadores que son clave del desarrollo del país y que se han agravado en el curso del actual sexenio, principalmente por efectos de la pandemia de la Covid-19 y por los demás daños que acarrea.

2. La pandemia y la “nueva normalidad” que ha traído aparejada, sobre todo en lo relativo a digitalización, automatización y robotización en muchas de las actividades que llevamos a cabo los humanos, han dejado ver el atraso que padecemos en salud, educación y empleo, entre muchas cosas más.

3. En el campo de la política también el rezago es evidente, al grado de que el proceso electoral se está convirtiendo en un verdadero mercado en el que las candidaturas están siendo sujetas al juego de la oferta y la demanda, no tan libre como, en todo caso, debiera ser si en realidad tuviera lugar en un real ambiente democrático. Ni los actores políticos, ni los partidos, ni siquiera los órganos y los tribunales electorales han estado a la altura de las necesidades del país y, tampoco, de Nayarit.

Para UMPA es claro que un presupuesto público de egresos es un supuesto de gastos que se podrán realizar siempre y cuando se den los también supuestos ingresos con los que habrán de financiarse. Si éstos no se dan, si lo estimado no se vuelve realidad, o si algunos gastos se tienen que aumentar por motivos extraordinarios, es obvio que el presupuesto no se puede cumplir al 100% y que se le deben hacer ajustes, por lo que se hace necesario revisar las prioridades.

En este contexto, apretado e insuficientemente expuesto, se ha venido desenvolviendo el actual gobierno de Nayarit que, hasta el cansancio se ha dicho, heredó una hacienda pública en bancarrota, no sólo por el enorme endeudamiento en que incurrieron las dos administraciones que le precedieron y que al actual mes de marzo significa todavía más de 6,000 millones de pesos con pagos anuales por amortización de capital de 50 millones y por intereses de 315 millones de pesos, sino también por el alto peso que en el gasto público tienen los gastos corrientes (casi 90%), sobre todo las remuneraciones y prestaciones a 8,442 trabajadores y el pago a las 13,383 horas del magisterio que componen la nómina del Poder Ejecutivo, así como las pensiones y jubilaciones. Los más de 1,000 millones de pesos en decenas de cuentas bancarias congeladas al exgobernador Roberto Sandoval sirven para darnos cuenta del porqué y del tamaño de la bancarrota.

 Así, deuda y gasto corriente se llevan 98% de los recursos que provienen de la Federación, con el agravante de que 60% viene etiquetado, que quiere decir que el gobierno estatal no decide en qué se gasta. En estas condiciones, la real capacidad de maniobra o de decisión del Gobierno del Estado en 2021 se reduce a 1,780 millones de pesos de ingresos propios y a 550 millones que le sobran de los recursos federales, o sean, 2,230 millones. Pero a estos todavía hay que quitarles 1,684 millones de pesos que corresponden a los otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial; así, para el Poder Ejecutivo, es decir, para el Gobernador, el margen de maniobra es únicamente de 646 millones de pesos, que es de donde tendrían que salir los 339 millones de pesos presupuestados para el Instituto Estatal Electoral (261 millones) y los partidos políticos (78 millones) para el proceso electoral y que representan más de la mitad de ese escaso margen real.

Pero el gobierno también tiene que cubrir gastos de salud (acrecentados por la pandemia); de educación (elevados por los cambios en contenido y  forma de la enseñanza a que obligan la pandemia y la “nueva normalidad”); de empleo (castigado por las crisis sanitaria y económica); y de apoyos sobre todo a agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores y prestadores de servicios turísticos, que representan las actividades productivas que son el motor de la economía de Nayarit y que requieren no cientos, sino miles de millones de pesos con carácter urgente para hacer frente a las crisis.

Ante esta tremenda realidad, el Gobernador del Estado, que es quien tiene el pulso de la situación económica, social, política y de seguridad pública que impera en nuestra entidad, decidió y declaró que en estos críticos momentos la prioridad del gasto del gobierno está en salud (por la emergencia de la coronacrisis), en educación (seguramente por la obligada renovación integral del sector) y en el pago de salarios a los servidores públicos (suponemos que simplemente por justicia).

Es indudable que esta decisión gubernamental afecta considerablemente al sector rural productivo, a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, ganaderos y pescadores, así como a quienes en sus actividades industriales y de servicios utilizan lo que producen aquéllos, todos productores de alimentos, compañeras y compañeros nuestros en UMPA. La falta de los debidos apoyos que tradicionalmente se les habían otorgado, aunque realmente insuficientes, significan un duro golpe a su capacidad productiva; sin embargo, conscientes del mal momento por el que pasamos, están posponiendo sus demandas, a sabiendas de que en ellos radica lo fundamental de la economía y, por lo tanto, de la tranquilidad social de las y los nayaritas. De esta manera, no sólo el gasto con fines electorales se está viendo afectado, que NO NEGADO como afirmaron autoridades del INE.

Debido a las consideraciones anteriores, la Unión Mexicana de Productores de Alimentos (UMPA) de Nayarit califica de adecuada la determinación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit de otorgar preferencia al gasto en salud, educación y pagos a sus trabajadores, al tiempo que lo invita a realizar, en la medida de lo posible, un esfuerzo adicional para aportar recursos para el proceso electoral ya en marcha; así como a dejar un buen recuerdo de su mandato constitucional entre los productores de alimentos de Nayarit atendiendo sus requerimientos más sentidos.

UMPA aprovecha esta oportunidad en que nos damos cuenta de lo precarios que son nuestros recursos públicos, para que tomemos conciencia de que no es posible que salgamos adelante si continuamos con los mismos niveles y la misma estructura del gasto público. Hay que aumentar los ingresos propios y reducir los gastos corrientes en favor de los gastos de inversión y de apoyo a los sectores más necesitados y que tienen la responsabilidad de producir los alimentos que requieren los nayaritas y el pueblo mexicano. Esto es y seguirá siendo muy relevante mientras el Gobierno de la Cuarta Transformación siga dando prioridad a los agricultores ricos que generan divisas, relegando a los campesinos y pescadores que producen para el pueblo de México, para el mercado interno, y postergando el cumplimiento de su oferta electoral prima que fue la de RESCATAR EL CAMPO Y A SUS POBLADORES PARA LOGRAR LA SOBERANÍA Y LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA.

SIN ALIMENTOS PROPIOS NUNCA HABRÁ AUTOSUFICIENCIA NI, MENOS AÚN, SOBERANÍA ALIMENTARIA.

                                                        Atentamente,

                                   UNIÓN MEXICANA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE NAYARIT
                                                             U M P A

Responsables de la publicación:
Ing. José Guadalupe González Montero. Secretario General.
Mtro. José Octavio Camelo Romero. Coordinador de Comunicación Social.