El caso de la UAN*

Cuando se habla del problema por el que atraviesa la Universidad Autónoma de Nayarit, es necesario reconocer que se trata de un tema relacionado con alrededor de 2 mil millones de pesos anuales o 2 mil 500, en caso de que se consiga recurso extraordinario para resarcir parte de los manejos inadecuados del presupuesto que se asigna a la casa de estudios.

Pese a tal cantidad de recursos, las últimas administraciones centrales de la universidad han hecho del déficit presupuestal una práctica cotidiana al grado que, en la actualidad, se habla de una deuda acumulada cercana o superior a los 3 mil millones de pesos.

La situación se presentó mayormente grave en el ejercicio 2019. A lo largo del año el personal directivo, docente y administrativo no recibió sus pagos con regularidad. A la fecha aún se les adeuda lo correspondiente al aguinaldo.

Frente a la situación que se presentaba y ante paros laborales de protesta por los incumplimientos en los pagos y una huelga legalmente reconocida, a solicitud del Gobernador del Estado, las autoridades federales intervinieron para encontrar una salida a los problemas financieros inmediatos.

La propuesta de solución fue la firma de un convenio de aportación de recursos extraordinarios no regularizables, por 500 millones de pesos, los cuales se integrarían con 250 millones aportados por el gobierno federal y 250 millones por el gobierno del estado.

Si bien no se conoce a plenitud el contenido del convenio firmado por las autoridades de la universidad, se sabe que éste condicionaba la realización de diversas adecuaciones a la Ley Orgánica y la eliminación de algunas prerrogativas con que aún cuentan las representaciones sindicales y de alguna manera la FEUAN, en su calidad de representante de la base estudiantil.

Como parte del convenio, la universidad ya recibió 250 millones de pesos con lo que se cubrieron las quincenas que se adeudaban y algunas prestaciones, no así lo correspondiente al aguinaldo de fin de año.

A la fecha, tanto el representante del gobierno federal como el gobierno del estado se adjudican ser el aportante de los 250 millones de pesos recibidos, la administración central de la universidad, igual no declara el origen de los mismos.

En lo que se reciben los 250 millones de pesos faltantes se tiene conocimiento que los sindicatos se comprometieron a reducir parte de las prerrogativas con que cuentan y el Ejecutivo Estatal envió una iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad al Congreso del Estado, el cual, sin mayor discusión, la aprobó de inmediato. Las modificaciones a la Ley fueron decretadas mediante la publicación del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El problema está en que las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica violan flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la Autonomía que se les concede a las universidades en la fracción séptima del artículo tercero.

En concreto las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica atentan contra el autogobierno, el derecho a administrar los recursos y en lo relativo a  las relaciones laborales.

En cuanto al autogobierno, la nueva Ley da atribuciones al titular del patronato que administra el impuesto especial para la universidad para que se responsabilice del proceso de elección del próximo rector. El titular del patronato no forma parte de la comunidad universitaria y es nombrado por el Gobernador del Estado.

En cuanto a la administración de los recursos que genere la propia universidad, la nueva Ley le da atribuciones al mismo titular del patronato para que administre dichos recursos. Con lo que se atenta contra el derecho de la universidad a auto-administrar sus bienes.

En lo relativo a las relaciones laborales, al Ejecutivo del Estado y al Congreso, se les olvidó revisar la fracción citada la cual hace referencia a que las relaciones entre la universidad y sus trabajadores se regirán de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución.

Las manifestaciones en defensa de la autonomía hasta ahora han provenido de autoridades de otras universidades, de sindicatos universitarios nacionales, de la ANUIES y de la representación de educación en la Cámara Diputados Federal, quienes demandan la derogación de las modificaciones a la Ley Orgánica.

Los Universitarios nayaritas, por su parte, ya platican con la luna.

*La presente es una visión panorámica inicial que  forma parte de otras en las que abordaremos temas concretos que tienen que ver con vicios, simulaciones y abusos que han coadyuvado al estado de cosas por las que atraviesa la uan.