La Universidad Autónoma de Nayarit sobre arena movediza

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, incumplió a su palabra. En acto público de manera fehaciente expresó que se reuniría con Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el propósito de entablar diálogo referente al análisis de reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios en la entidad.

Se afirma lo anterior con base en la opinión oficial del rector que indica “haber sido notificado ayer (2 de enero de 2020) sobre la propuesta que el gobernador, Antonio Echevarría García, envió al Congreso del Estado de Nayarit, con una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad”. Ello comprueba que jamás de los jamases ocurrió la reunión anunciada por el mandatario estatal.

Mediante vía rápida la legislatura local el sábado 4 de enero del presente año aprobó las reformas a la Ley Orgánica que le presentó el representante del Poder Ejecutivo. Los legisladores alegaron la necesidad de la aprobación inmediata para obligar al gobierno federal la entrega urgente de millonaria cantidad de dinero para subsanar pagos de quincenas y aguinaldo, lo cual a la fecha no ha sucedido.

Protestas de universitarios se dejaron venir sin misericordia bajo el argumento que se vulneró la autonomía, con el agravante de que las modificaciones se elaboraron de manera unilateral, sin consultar a la comunidad universitaria. No se descarta la idea que la iniciativa de reformas tiene fundamento en decisiones del gobierno federal, con quien el gobierno estatal trabaja muy acorde.

Las reformas sustentan como propósito toral evitar el dispendio del dinero público que se entrega a la UAN. Infinitas son las versiones populares del mal uso a los recursos, por ello la decisión de eliminar prerrogativas a sindicatos y dirección estudiantil. Se trata de sanear a la institución que registra endeudamiento descomunal.

En cascada se dejaron venir reclamos de buen número de universidades del país, así como de la totalidad de las fracciones parlamentarias (8) de la legislatura federal, entes que exigen se establezcan mecanismos de diálogo e interlocución para que las adecuaciones legales no solo sean legales sino cuenten con legitimidad. La propia comunidad universitaria nuestra se prepara para la realización de las demandadas mesas de diálogo con miras a la revocación del decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit.

La presión es fuerte, pero al parecer serán intentos vanos, pues ni el Poder Legislativo, menos el Poder Ejecutivo estatales, están dispuestos a dar marcha atrás. Entonces se cumplirá la sentencia popular: Palo dado ni Dios lo quita.

La Universidad Autónoma de Nayarit está viciada desde su origen.