El reto para el Poder Judicial de Nayarit

Hace poco más de una semana rindió su primer informe de labores el magistrado Ismael González Parra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Seguramente no debió haber sido un año fácil para el ixtlense, sin embargo creo que estuvo a la altura de lo que se esperaba de él y que, al cabo de su primer año como titular del Poder Judicial en nuestro Estado, rindió buenas cuentas y logró lo que era el principal reto para quien fuera el sucesor del magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto: ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos a partir de generar la percepción de que al frente de una Institución de la máxima respetabilidad como es el Poder Judicial ya no estaba una cuadrilla de bandidos como la que lo tomó por asalto los últimos 8 años. 

UN AÑO DIFÍCIL

Entre los ciudadanos permeaba la certeza de que el Tribunal Superior de Justicia durante el sexenio de Roberto Sandoval se había convertido en una especie de apéndice de la Fiscalía General del Estado y particularmente de quien fue primero subprocurador y después fiscal, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Jueces que dictaban sentencias ilegales a petición y de acuerdo a los intereses de Veytia, era el pan de cada día. Y es que el ex fiscal fue más bien un pulpo que supo tender sus tentáculos y se hizo rápidamente de un grupo de funcionarios judiciales, notarios públicos y litigantes que actuaban bajo consigna de Veytia y que eran bien recompensados a costa de despojos y de ingresos millonarios ilícitos.

Alguna vez el ex magistrado Guadalupe Campos escribió en su muro de Facebook lo que me parece ha sido la mejor radiografía de lo que vivió el Poder Judicial durante los 8 años de la presidencia de Pedro Soto. Retrataba Campos el deterioro, la carestía, la corrupción. Los trabajadores cooperándose para comprar garrafones de agua, papel sanitario, falta de hojas para imprimir, retraso en sus pagos y prestaciones, amén de los millonarios tratos que no pocos magistrados hacían al amparo de su responsabilidad, eran síntomas de la agonía de una Institución que antes gozó de tanto respeto y reconocimiento.

Todavía peor. A mediados del 2017 tuvimos conocmiento los nayaritas de las operaciones fraudulentas que en contubernio con INFONAVIT realizó el Poder Judicial de Pedro Soto, un fraude que por su magnitud podría equipararse a la llamada “Estafa Maestra” del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cierto, Pedro Soto no es el primer magistrado presidente del Poder Judicial que tiene la corrupción como forma de vida -hay varios que hoy despachan desde sus notarías públicas, gozando del reconocimiento social, sin que los despojos, los abusos y las injusticias por ellos cometidos les calen en la conciencia-, pero sí ha sido sin lugar a dudas el más cínico y voraz, el que más en riesgo puso a la Institución que debía honrar.

Ese fue el contexto en el que llegó a la presidencia del Poder Judicial Ismael González Parra. Nunca antes podía haber estado mejor dicho que “se sacó la rifa del tigre”. 
La decisión de apostar por la transparencia, por modestos aumentos salariales a los jueces y por democratizar la designación de nuevos juzgadores, abriendo para ello procesos de concursos de oposición, fueron pasos en el sentido correcto.  El perfil bajo del magistrado Ismael González contrastó con el protagonismo de su antecesor y ello le ha ganado el reconocimiento de sus compañeros del Tribunal. El magistrado se encuentra ahora sujeto a su proceso de reelección, es quizá el único que tiene posibilidades reales de conseguirlo, lo veremos. 

¿QUÉ SIGUE?

Dentro de pocas semanas se resolverán los procesos de solicitudes de reelección de los magistrados. Una vez que se sepa quien o quienes resultarán ratificados en sus cargos y cuáles magistraturas quedarán vacantes, se lanzará la convocatoria para designar a los nuevos magistrados. Las ternas, como lo marca la Constitución Local, la enviará el Gobernador del Estado al Poder Legislativo. En la llamada “soledad de palacio” -el concepto lo acuñó López Portillo para referirse a esos momentos en los que el titular de un Poder Ejecutivo tiene el deber de tomar una decisión trascendente y por más consejos que escuche, al final, la decisión será personalísima- el gobernador Antonio Echevarría debe analizar a los perfiles que impulsará para integrar el Poder Judicial. Su reto, quizá uno de los más importantes de su corta administración, será el de impulsar perfiles de la mayor probidad, capaces, no vinculados a ninguna institución política y cuya designación no se vea manchada por el “amiguismo” o “compadrazgo”. Hay tela de dónde cortar, de la misma forma en la que hay abogados ante los cuales la diosa Themis no podría sino romper en llanto al observar los abusos que estos rufianes cometen en su nombre, hay abogados que ponen en alto la profesión y que estoy seguro, harían un gran trabajo en el Poder Judicial.

EL RETO

De nada servirán los buenos resultados traducidos a cifras que pueda mostrar el Poder Judicial, si no recupera la confianza de los ciudadanos. Esto último sólo se puede conseguir con la respetabilidad que le aporten muchos de sus nuevos integrantes, mujeres y hombres capaces y honestos que ayuden a sacar de esta crisis de falta de confianza a una Institución que tanto le ha dado a Nayarit.