Reestructura Congreso al Tribunal de Justicia Administrativa

Garantizar la administración de justicia con mayor prontitud y eficacia para resolver las controversias entre la administración pública local, municipal y particulares es el propósito de la reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Nayarit aprobada en sesión pública ordinaria por la trigésima segunda legislatura del Congreso local.
 
La iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado Javier Hiram Mercado Zamora prevé la incorporación de dos magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa para que esté integrado por un total de cinco, en razón de que el extenso volumen de trabajo origina lentitud en la resolución de los asuntos que le competen.
 
La incorporación de los magistrados vendrá a agilizar el desempeño del tribunal, otorgar mayor seguridad y certeza jurídica a la sociedad nayarita, lograr una mayor eficiencia en su administración, evitar la duplicación de labores, ahorrar tiempo de trabajo y mejorar la calidad de sus resoluciones.
 
Derivado de esta reforma se prevé la nueva conformación en el Tribunal de Justicia Administrativa; contará con un secretario general, un oficial judicial y se creará la Sala Colegiada Administrativa y dos Salas Unitarias Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas.
 
Una vez que los ayuntamientos de la entidad avalen la reforma constitucional el Titular del Poder Ejecutivo presentará al Congreso de Estado las ternas con las propuestas de las candidatas y los candidatos a ocupar los cargos de magistrados que considere idóneos para que se resuelva ante el pleno de las y los 30 representantes populares.
 
El Tribunal de Justicia Administrativa tiene como facultad imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.
 
Una más de las resoluciones aprobadas fue la reforma del numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la Constitución Política del Estado en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores. Fue presentada por el diputado Avelino Aguirre Marcelo.