El Congreso y el caso Infonavit

Con la aprobación unánime alcanzada este martes 29 de enero del acuerdo que posibilita “la apertura del período probatorio en el juicio de los magistrados y jueces en torno al caso del Infonavit”, el Congreso local vía la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora, dio un paso neurálgico en un proceso que, a juicio de no pocas voces especializadas, promete comportar una batalla inédita que bien podrá dejar en claro la razón de ser del régimen en turno: o demuestra ya en definitiva que su meta es la defensa de la legalidad al ponderar eficacia, transparencia, justicia, oficio político y comunicación estratégica, o de lo contrario en un efecto “boomerang”, se le confinará a un peligroso callejón sin salida cuyo impacto se traducirá directamente en la credibilidad ciudadana y una consecuente reacción de la parte contraria de resultados imprevisibles.

Por ello, de acuerdo con el consenso de los legisladores a partir de “la declaración de procedencia del expediente JDP/CE/01/2018”, se tendrá un “período de 30 días naturales, dentro del cual [se] recibirán  las pruebas que ofrezcan los dos magistrados y cuatro jueces, así como también la Fiscalía General del Estado”.

Cabe recordar, que el caso derivó de una sorpresiva denuncia anónima y la subsecuente investigación exhaustiva que de inmediato efectuó recientemente la autodenominada Comisión de la Verdad (que se ha caracterizado por darse a la caza sin tregua de supuestos delitos del sexenio anterior) en la cual, según sostienen, se vieron afectados 60 mil derechohabientes del Infonavit de al menos ocho entidades, por medio de un presunto megafraude hipotecario que los despojó de su vivienda, operado por magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, como de abogados nayaritas, representantes legales de la institución.

Así, la situación se torna complicada para ambas partes, de ahí que el desafío por ahora de parte del Congreso del Estado, consiste en no dejar lugar a dudas de que su actuar se encuentra al margen del linchamiento o persecución (a) políticos, acuerdos en lo oscuro que minen su autonomía e imposiciones unilaterales, puesto que solo en el ejercicio de veras de su responsabilidad como actor representativo de los intereses colectivos, no de grupo, camarilla, familia o secta, garantizará la “practica de todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de los involucrados, con la finalidad de que el Pleno del Congreso analice la procedencia de remoción del fuero constitucional”, si ello, es de resaltar, corresponde indisputablemente con la verdad -pues por lo dicho al parecer los diputados están seguros y su encomienda ya lleva una dirección-; que de no ser así, y se llega a caer en la  obsesión punitiva, vendrá el juicio contraproducente, sea cual sea el sentido del resolutivo final.

Es preciso hacer mención, que la 32 Legislatura local no ha tenido en lo absoluto un papel sencillo, dado que ser garante de un parteaguas prometido y comprometido a establecer evidente contraste entre un pasado oscuro y lesivo de la legalidad, la democracia, la justicia, oficio político y comunicacional; y una historia distinta de auténtica gobernanza, exige beneficios tangibles desde el corto, mediano y para el largo plazo, y más aún, cuando se trata de fortalecer, actualizar y facilitar el andamiaje constitucional en pro de las causas ciudadanas. Y por el momento, justo es decirlo, la legislatura parece haber encontrado en la operatividad política y comunicacional, su “Talón de Aquiles”, dado que en la ausencia de transversalidad, o la falta de coordinación inteligente para marchar en una sola dirección y hacer asequible la esencia prometida a cada sector, familia y ciudadano, por la impericia y arrogancia de segundos y terceros, se produce incumplimiento y la imagen tradicional de que siempre es lo mismo, y se hace lo mismo entre actores inabordables que pactan en lo oscuro su propio beneficio (y de los suyos: su reducido grupo, sus afines) e inician las guerras que sean necesarias para llevar a cabo su deleznable cometido. Por tanto, mucho dependerá para esta delicada situación, que el Poder Legislativo asegure una verdadera estrategia política fincada en la legalidad y la justicia, y con auxilio imprescindible en tal política de comunicación que vaya a la par del objetivo emprendido: sumando, integrando, ya no restando más, y coordinándose en la indubitable fórmula de saber dar para recibir (sin mezquindad ni obstáculos sectarios de los incómodos segundos y terceros con iniciativa que aíslan al jefe), para en cambio proyectar las bondades de un Poder abierto, sensible y dispuesto a luchar con hechos de probada eficacia por el “derecho de vivir en paz”. ¿Será posible? Veremos pues.