Ahora Congreso exige se cumpla acción penal contra Roberto Sandoval

Al concluir en el Congreso del Estado la etapa de acusación en el juicio político contra Roberto Sandoval Castañeda, se remitió el dictamen a la Comisión de Enjuiciamiento con 23 votos a favor y cinco en contra para dar paso a la última etapa del proceso.

Luego de esta resolución en sesión pública ordinaria, se integró la comisión que sostendrá la acusación ante la Comisión de Enjuiciamiento de este congreso. La integran los diputados Eduardo Lugo López, Heriberto Castañeda Ulloa y Juan Carlos Covarrubias García.

El dictamen aprobado argumenta la presunta responsabilidad del exgobernador Sandoval Castañeda de incurrir en ejercicio indebido de fondos y recursos, condicionar un programa social en beneficio de los candidatos a favor de un determinado partido político, violentar el principio de neutralidad y equidad en la contienda en materia electoral y otorgar un Fiat notarial a un sujeto.

En la misma resolución se estipula que Roberto Sandoval Castañeda se le impone la inhabilitación por 12 años, 10 meses y 15 días para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

En el proceso de alegatos del denunciante, el representante común Rodrigo González Barrios externó ante el pleno que la resolución de la legislatura tiene validez, por tanto avaló el dictamen: “se atendió todo el debido proceso del juicio político, todas las documentales públicas que aportamos a la Comisión Instructora están en firme, la violación a la Constitución, el soborno está debidamente documentado, la sociedad nayarita está sedienta de justicia. Ustedes pueden ver de frente a los nayaritas saben que pasaron muchos ilícitos”.

En la sesión se dio lectura al documento presentado por el apoderado legal del exgobernador, recibido el jueves a las 10:20 horas, en el que se argumentó diversas violaciones al procedimiento.

El legislador Ismael Duñalds Ventura exhortó a la Fiscalía General para que actúe en consecuencia de las acusaciones y que se ejercite la acción penal y se dé respuesta a los nayaritas.

El diputado Eduardo Lugo López advirtió que la sociedad exige que se paguen los actos de corrupción y que los funcionarios que han actuado con avaricia deben ser procesados.

La diputada Karla Gabriela Flores Parra se manifestó a favor de la justicia y no a la venganza: “exijo de manera enérgica que así como se realiza este procedimiento se haga contra todos los funcionarios del actual gobierno del estado que realicen presuntos actos de corrupción”.

El diputado Armando Vélez Macías, a favor de la resolución, argumentó que el dictamen deja mucho que desear para hacer justicia a los nayaritas, “queda corto ante tanto esfuerzo y riesgo de los denunciantes”.

La diputada Julieta Mejía Ibáñez comentó que es necesario dar muerte civil a los corruptos: “la sociedad exige más que una inhabilitación; es poco por lo que ha sido expuesto. Cumpliremos con nuestra responsabilidad, pero es necesario que la autoridad competente haga su trabajo”.

La diputada Marisol Sánchez Navarro señaló que no se debe permitir ningún acto de corrupción, “se ha recibido el clamor, el descontento y el malestar generalizado por el exgobernador, por ello, se debe actuar en contra de quien abuse de la autoridad”.

El diputado Juan Carlos Ríos Lara señaló que el proceso del juicio político  contiene irregularidades, por lo que se expresó en contra de la resolución.

El presidente del Congreso del Estado, diputado Leopoldo Domínguez González,  indicó que “al exgobernador sí le preocupa lo que hoy se vota, no le preocupa lo que diga su partido, fue muy evidente que en este último proceso electoral metió las manos, los pies y la cabeza pero con una camiseta de otro color; la decisión que hoy se tome no es de cara a nuestro partido sino de cara a los ciudadanos, con un acto de congruencia y autoridad moral, no es un asunto personal ni de venganza”.