La salud como derecho

La salud pública constituye un derecho inalienable, contenido por tanto, en la Constitución General de la República, y en las particulares de las entidades federativas, e inclusive, como esencia consecuente de una Ley General de Salud. De ahí su obligada observancia en la confección de delicadas políticas gubernamentales y de presupuestación correspondiente en aras de concatenar esfuerzos con la sociedad en su conjunto; una sinergia que exige sin duda constante dinámica y transformación.

Si bien hasta el momento, ha habido avances importantes en cobertura de salud, tanto en infraestructura y atención médica, la evolución consabida de las demandas poblacionales sigue rebasando con mucho la capacidad institucional, de tal suerte que es preciso dar un viraje y concentrar estrategias para estar a la par del reto: una dosis aún mayor de honestidad, transparencia y aplicación en el uso de los recursos asignados al sector, al igual que organización, oportunidad, seguimiento y transversalidad para asegurar a su vez eficacia desde la prevención y hasta el control de toda necesidad en la materia, de tal forma que la atención sea garante de calidad, eficiencia y mejora sustantiva del bienestar popular; lo cual indiscutiblemente parte de una administración rectora asida firmemente de un alto oficio político y comunicacional, que vale decir, hoy lamentablemente sigue siendo asignatura pendiente ante la evidente tentación de recurrir a la comodidad de los monólogos para decidir e imponer en nombre de un colectivo ignorado intereses particulares, lo mismo que el delegar responsabilidades mayúsculas en manos equivocadas.

No obstante, contra todo, existen coyunturas valiosas para pugnar por sentar las bases del fortalecimiento esperado, y eslabonar acciones estratégicas entre autoridades y la sociedad misma, de ahí el reciente programa dado a conocer por el Congreso del Estado para prevenir la propagación del dengue en la presente temporada que es propicia debido a las conocidas características climáticas de lluvia y elevadas temperaturas.

En este marco, la Comisión de Salud y Seguridad Social de la XXXII Legislatura se reunió los últimos días con autoridades de la Secretaría de Salud y presidentes municipales de la entidad, a fin de “lograr una coordinación efectiva en la prevención de la salud de los nayaritas”.

En el encuentro el presidente del Congreso, diputado Leopoldo Domínguez González, expresó su compromiso de “contribuir en las acciones necesarias para consolidar una coordinación eficiente”. “Platicaremos -dijo- con el gobernador para ver cómo gestionar recursos que se apliquen en los municipios; quiero decirles que como ayuntamientos tienen la facultad de sancionar a quienes no limpien sus terrenos baldíos”

Y con justificada razón, pues los nayaritas todavía resienten las secuelas de la nefanda desatención del pasado gubernamental reciente, de hecho, según no pocas voces, el más deficiente e irresponsable de la historia local, marcado por un notable analfabetismo político, democrático, legal y comunicacional, cuyas prácticas, justo es de reconocerse, siguen reproduciéndose en diversas áreas de la propia praxis político-gubernamental. De conformidad, el Dengue llegó a convertirse en un gran problema de salud pública sin control, y al parecer el riesgo nuevamente de una aparición similar, hoy reunió a las autoridades en mención.

El director de Salud Pública, Juan Carlos González, comentó que “Nayarit es una zona endémica, por lo que en estos momentos hemos identificado un serotipo nuevo, el tres, que se asocia más a casos graves, probablemente tengamos menos casos que años anteriores pero la gravedad será mucho más fuerte”. Así, se hizo hincapié “en que los ciudadanos tienen una importante labor en la prevención de esta enfermedad toda vez que deben eliminar de sus casas los espacios que sean criaderos de mosquitos”.

Por consiguiente se reveló la existencia de un monto de “17.78 millones de pesos para el gasto de operación ordinario, lo que no incluye la compra de vehículos, motomochilas y nebulizadores”.

Es preciso recordar pues, las bases constitucionales que sedimentan la preocupación del Congreso local.  El artículo 7, fracción XIII, numeral 9, de la Constitución del Estado de Nayarit menciona: “Todo individuo tiene derecho a beneficiarse del progreso científico [...], por tanto, el estado reconoce el vínculo existente entre el derecho a la protección de la salud y el derecho a la investigación y al desarrollo científico”.  

Mientras tanto, la Fracción XIV de este mismo artículo agrega: “Todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el presente texto constitucional local, así como los contenidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución Federal”.

Siendo así, ¿estará preparado el Congreso local para ser garante en la esfera de sus competencias de los mejores resultados de este encuentro con la Secretaría de Salud y los alcaldes, y cumplir así con lo que le mandata la Constitución? “Si así lo hiciere, el pueblo se lo reconocerá, que si no, lo demandará”. Enhorabuena.