El Congreso y el cuidado del medio ambiente

“No puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sostenible, por lo que ha llegado el momento de elevar el desarrollo sostenible a la categoría de ‘ética global’.” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).


Por iniciativa de la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía Ibáñez, “en comisiones unidas de Ecología y Protección al Medio Ambiente, y Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron [recientemente] reformas a diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de sustentabilidad”, a efecto de impulsar desde la propia Cámara, según se indicó, un referente a nivel estatal y nacional en materia de ejercicio gubernamental con base en la protección del medio ambiente.

La medida, consiste en “no usar productos de material elaborado con poliestireno extendido, polietileno, polipropileno y polímero de plásticos no biodegradable, tales como popotes, bolsas de plástico, platos, cucharas, vasos desechables y unicel, que no se reutilizan, con el objetivo de prevenir y reducir la contaminación que provocan estos productos cuando se convierten en residuos”, y con ello contribuir en este caso, por parte de cada integrante de la XXXII Legislatura a “combatir el cambio climático e incorporar temas de desarrollo sostenible en la legislación, lo que contribuirá a no generar desechos que tardan siglos en desintegrarse y que provocan daños irreparables al planeta”.

De cierto, la Diputada Mejía Ibáñez tocó un punto sobresaliente que tiene que ver con todo un cambio en la cultura popular tocante del manejo cotidiano de objetos contaminantes y de gran impacto al medio ambiente, que no ha sido, ni es, y seguramente no lo será a la postre, tarea sencilla, en virtud de que tal transformación deviene indiscutiblemente de una educación transversal, que permea cada aspecto del desenvolvimiento cotidiano del ser; y en consecuencia alcanzar el cometido va mucho más allá de un compendio de normas y reglamentos, o incluso de leyes u organismos con la tutela de cumplir y hacer cumplir lo correspondiente, cuando no se capta a conciencia su importancia sin necesidad alguna de coacción. De ahí, que dicha meta, deberá ser el principio de toda una transformación que involucre gradualmente a los demás poderes y órdenes de Gobierno, y éstos a su vez, desde su esfera de competencias, estructurar un gran programa de acciones mancomunados que llegue finalmente al total de la sociedad, de tal suerte que esta se vea motivada a actuar.

No obstante, con todo, el tema en sí mismo concita a la reflexión, y consciente de ello, es que quizá la Diputada Mejía dio el paso y trabajó en el consenso con sus homólogos, con una buena justificación por ahora: “ser referente desde un poder en la Entidad y hacia el resto del país”. ¿Se logrará el objetivo mediato?

Así, el reto de la XXXII Legislatura puesto sobre la mesa, es: reducir a nada el uso de “popotes, bolsas de plástico, platos, cucharas, vasos desechables y unicel”, lo que seguramente cada integrante, desde los representantes populares mismos, hasta la plantilla laboral sindicalizada en cada una de las áreas administrativas de este Poder, está listo para llevar a cabo su tarea al máximo, cuando menos dentro del Recinto.

Cabe recordar que en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue la que definió la importancia de la sustentabilidad al rendir su informa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

De tal suerte que el mensaje principal del informe “es que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sostenible, por lo que ha llegado el momento de elevar el desarrollo sostenible a la categoría de ‘ética global’ en que la protección del medio ambiente se reconozca como el cimiento sobre el que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo”.

De conformidad, la XXXII Legislatura local ha establecido probablemente su compromiso más importante después del de restituir la legalidad y la fortaleza del Estado de Derecho en la Entidad: “contribuir a la disminución de desechos para lograr que en Nayarit se logre un futuro más limpio, sustentable y que se proteja al medio ambiente y combata el cambio climático”. ¿Podrá cumplirlo cabalmente? Ya lo veremos.