Probable inhibición del voto

En política electoral no existen casualidades sobre todo cuando el candidato a la presidencia de la república del partido gobernante ocupa un lejano lugar respecto al que hoy ocupa el primer lugar en las preferencias electorales.

Viene a cuento lo anterior por la preocupación mostrada por el líder de la XXXII Legislatura, Dip. Leopoldo Domínguez cuando se interrogó sobre la inexplicable respuesta de apoyo de la Policía Federal solicitada al Jefe del Poder Ejecutivo Federal de coadyuvar al combate de la violencia de los criminales de la droga hoy desbordada en 4 municipios del estado.

El disimulo del Ejecutivo Federal no es casual. Nayarit es uno de los estados de la república que forman parte de la estructura territorial del candidato de la coalición “Por México al Frente” cuyo candidato presidencial es nada menos que Ricardo Anaya, el mismo que prometió públicamente que de ganar la silla presidencial meterá a la cárcel a Enrique Peña Nieto y a sus cómplices una vez que se les compruebe sus corruptelas.

Antes de esos encontronazos entre el candidato presidencial panista y la Procuraduría General de  la República (PGR) por las imputaciones de presunto lavado de dinero, el Consejo de Seguridad Nacional anunció que Nayarit estaba tomado en cuenta en el Plan de Combate a la delincuencia “Escudo Titán” a donde destacamentarían a un millar de policías federales.

Todo quedó en el papel luego de las airadas amenazas de Ricardo Anaya en contra de Enrique Peña Nieto…

INTENCIONES PERVERSAS

Esta política ni veo ni escucho respecto al desborde de la violencia del crimen organizado en todo el país es probable que sea parte de una estrategia electoral ante el inminente  triunfo de un candidato de la oposición. ¿Cómo impedirlo? No creo que esté en la mente del presidente urdir un asesinato de estado como el ocurrido a Luis Donaldo Colosio.

¿Por qué no dejar hacer, dejar pasar a los grupos delincuenciales que operan en aquellas entidades gobernadas por la oposición? En otras palabras que a falta de seguridad pública no solo se podría optar por la inhibición del voto sino que hagan pagar su factura el día de los comicios a los gobiernos estatales de oposición al PRI.

Evidentemente a quien más le conviene  exacerbar el miedo entre la población es a la alianza encabezada por el PRI-gobierno. Entre menos salgan a votar los ciudadanos a las urnas crecen las probabilidades de una victoria –aunque sea pírrica- del tricolor.

Así pues, en los próximos tres meses de competencia electoral veremos cómo el  gobierno de Peña Nieto utilizará discrecionalmente a las instituciones del estado y enormes recursos financieros para favorecer la campaña de su candidato presidencial José Antonio Meade y, en cambio a las entidades de la república gobernadas por la oposición les regateará apoyo económico para resolver conflictos sociales y, por supuesto se hará de la vista gorda a la solicitud de apoyo policial para combatir la violencia del crimen organizado.

Durante este tiempo de campaña electoral las entidades gobernadas por la oposición tendrán que rascarse con sus propias uñas.

Es más, son tantos los intereses económicos y posiciones de poder que están en juego en la sucesión presidencial que el mismo gobierno de Peña Nieto podría estar tentado a desbarrancar los comicios del primero de julio. Será un momento crucial en el futuro de la Nación por lo que los partidos de oposición y la sociedad civil organizada deben ser garante de que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Que no se despierte el México bronco…