Corresponsabilidad en la lucha a la criminalidad

Si bien el gobierno aliancista de Antonio Echevarría García hace enormes esfuerzos por poner orden en las distintas dependencias de la administración estatal y de esta manera implementar su proyecto de reactivar la economía, distribuir mejor los programas sociales y mejorar los servicios educativos, de salud, vivienda e infraestructura hidráulica y carretera y el desarrollo agropecuario y pesquero de nuestra entidad, pero no debe –soslayar en modo alguno- un problema prioritario que de no resolverse en el mediano plazo dificultará el desarrollo económico, social y político de Nayarit en los próximos cuatro años de gobierno aliancista. Me refiero al incremento de la violencia del crimen organizado.

Por supuesto la violencia no debe combatirse con más violencia. Eso está más que demostrado en los 11 años de gobiernos federales panistas y priístas que aun con la utilización de las fuerzas militares combatiendo a las bandas delincuenciales lejos de exterminarlas se han multiplicado en cientos de células malignas por todo el territorio nacional.

El gobernador aliancista de Echevarría García en su estrategia de combate al hampa organizada le apuesta por un lado a una política preventiva que elimine paulatinamente las causas económicas, sociales y políticas que son el caldo de cultivo de las bandas del crimen organizado y que por falta de empleo a miles de trabajadores de la ciudad y el campo; la falta de oportunidades a la educación a nuestros jóvenes; la pobreza en la que viven miles de familias nayaritas, la creciente desigualdad social y la corrupción y la impunidad de los servidores públicos son las causas estructurales de la inseguridad pública.

Ante estos males que generan la criminalidad el Gobierno Estatal deberá implementar a corto plazo las políticas públicas que atiendan este reclamo popular.

La otra vertiente de combate a la criminalidad tiene que ver con la integración de cuerpos policiales bien capacitados, bien pagados y equipados de armamento moderno y del uso de tecnologías en los aparatos de inteligencia.

La otra tarea que incidirá en el combate a las bandas del crimen organizado tiene que ver con la procuración y aplicación de la justicia.

Para nadie es desconocido que durante los dos últimos gobiernos priístas, el de Ney González y el de Roberto Sandoval, los capos de la droga hicieron pactos por debajo de la mesa para que los criminales fueran filtrados a los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales y comprados o intimidaron conciencias de ministerios públicos, jueces y hasta magistrados, es decir, las bandas delincuenciales tejieron nexos de complicidad con los gobernantes en turno. El caso más patético y vergonzoso lo protagonizó el ex Fiscal General del Estado Edgar Veytia “El Diablo” quien era el jefe de las bandas que comercializaban la droga en todo el territorio estatal.

Por tales razones este gobierno aliancista con mayoría en el Congreso del Estado tiene el deber moral y político de investigar y documentar ante las instancias judiciales correspondientes todas las corruptelas y los innumerables latrocinios cometidos por la anterior administración robertista para que se les aplique todo el peso de la ley específicamente en los más de 300 desaparecidos y en localizar a los responsables de las decenas de asesinatos ocurridos durante el pasado año.

Por otro lado gracias a las indagatorias de la organización de familiares de las personas desaparecidas se han localizado fosas clandestinas en Pantanal y en el municipio de San Blas. Según un recuento no oficial se han localizado más de 40 cadáveres en estado de putrefacción. Se desconocen sus identidades, por lo que antropólogos forenses de la PGR arribaron a esta capital a coadyuvar a la identificación de los cadáveres.

Los familiares de las personas desaparecidas y la de los asesinados reclaman una pronta justicia.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ni la Fiscalía General del Estado no deben eludir sus responsabilidades diciendo que tales asesinatos ocurrieron en el gobierno anterior y que le compete investigar a los aparatos de la justicia federal.

Por sentido común para una eficaz lucha contra las bandas criminales la mejor estrategia es la conjunción de esfuerzos de los cuerpos policiales estatales, municipales, federales y militares y la participación de la sociedad civil. Que nadie le escabulla al parche por cálculos políticos-electorales…