Escuelas dañadas: destrucción sísmica y desidia histórica.

En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, el Lic. Don Jaime Torres Bodet      desempeñó por segunda ocasión el cargo de Secretario de Educación Pública. Un hombre talentoso, un verdadero educador quien retornaba de Francia tras haber concluido su mandato como Director General de la UNESCO, organismo internacional encargado de asuntos educativos. Al frente de la Secretaría puso en práctica una política de expansión y mejoramiento de los servicios educativos sin precedentes en la historia de la sociedad mexicana. Aspiraba a que los niños y jóvenes recibieran la educación como vía de acceso al conocimiento universal y a la superación personal.

Tres acciones sustentaron su política educativa; 1) el Plan de once Años en materia educativa; 2) la edición de los libros de texto gratuitos; y, c) multiplicación de la infraestructura educativa basada, principalmente, en la construcción masiva de escuelas, sobre todo en el medio rural, diseñadas para ser construidas por los propios padres de familia conforme a un diseño de estructuras de acero, fácilmente armables. Además de las aulas, se acompañaba de una casa prefabricada para el maestro rural provista de los elementos necesarios para la estancia cómoda y digna del docente.

El proyecto de la escuela rural prefabricada fue concebido por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, proyecto galardonado en un concurso internacional. Mi experiencia personal me permitió ser testigo del fervor y el entusiasmo de las comunidades rurales por participar en este programa auspiciado y supervisado por el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas (CAPFCE) encabezado por el propio Ramírez Vázquez.

Este esfuerzo maravilloso y ennoblecedor se fue desfigurando con el tiempo. En los años noventa, al  igual que en toda América Latina,  al compás de los designios del neoliberalismo rampante, se procedió a la descentralización de los servicios educativos, tarea de la que se vanagloriaba Ernesto Zedillo y cuyos deficientes resultados los evaluó la Auditoría Superior de la Federación en los siguientes términos: a) la ausencia de información actualizada sobre el universo de escuelas existentes en cada entidad; b) la opacidad en la aplicación de los recursos; y, c) la inexistencia de las evaluaciones de gestión de política educativa. Juicios contundentes, ilustrativos del desorden imperante. Tampoco escapa a estos juicios adversos, el aparatoso y estéril Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), ampuloso substituto del CAPFCE.  

La situación de la infraestructura educativa es denigrante. El Censo de escuelas y maestros levantado por INEGI en 2013 ilustra la indignante condición las escuelas públicas (preescolar, primaria y secundaria) en el país: a) el 25.3% de los inmuebles utilizados son adaptados; b) el 23% no cumple con las normas técnicas de construcción en los techos, 5% en paredes y el 67% en pisos; c) sólo 48% de las escuelas tiene drenaje y 31% cuentan con agua potable; d) en el 11.2% de los planteles escolares no tiene energía eléctrica y  el 12.8% carece de sanitarios. En 2014, el INEGI y la SEP, levantaron otro Censo, ahora concerniente a la estabilidad estructural de los inmuebles. Ilustró una trágica realidad: en el 49% de los inmuebles, al menos, un salón u oficina tenía fisuras o cuarteaduras graves en los techos, muros o pisos. En estados como Tabasco, Veracruz y Guerrero tienen aún condiciones más precarias. Todos estos datos fueron aportados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

En las condiciones descritas eran previsibles los daños causados por los sismos. 7,487 escuelas permanecen cerradas después de los dos sismos del mes de septiembre, sobre todo en Chiapas (1,206), en el Estado de México (1,268), en Morelos (1,956) y en Oaxaca (1,604). Hay miles de estudiantes imposibilitados de asistir a clases.

En los años sesenta, un libro escrito por Oscar Lewis: Los Hijos de Sánchez, desató un debate absurdo. Los lambiscones habituales aseveraban disparatadamente que las vecindades en la Ciudad de México eran una realidad superada por la urbanización. Fue preciso que apareciera el sismo de 1985 para que el gobierno federal se viera a obligado expropiar más de cuatro mil vecindades.

Los sismos ponen al descubierto nuestras desnudeces; hoy, además nos muestran los testimonios de nuestra desidia.

Manuel.aguilera.gó[email protected]