Al PT le va peor en México que en la Rusia zarista

El gobierno absolutista de Enrique Peña Nieto considera que los mexicanos y sus organizaciones sociales y políticas son sus súbditos que le deben pleitesía y obediencia. Es, por lo tanto, un gobierno irracional donde se considera a las personas como cosas sin raciocinio, como seres sin la capacidad para razonar y, por ende, sin la facultad para tomar decisiones propias. Por ello, no puede aceptar que los integrantes del Partido del Trabajo hayan tomado el acuerdo de aliarse a MORENA y a Andrés Manuel López Obrador para participar en la contienda electoral por la presidencia de México. Y como todo gobierno absolutista, se castiga la desobediencia con la muerte, en este caso, con la muerte político-electoral al cancelarle el registro al P T como partido. De allí que el gobierno absolutista de Peña Nieto le haya dado a sus ungieres y corifeos la instrucción de usar todos los medios a su alcance para desprestigiar a los líderes y dirigentes del Partido del Trabajo y de privar de recursos financieros a dicho partido para garantizar la pérdida del registro en las elecciones del 2018.

Esta campaña de desprestigio al P T inició con la acusación a la Dra. Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, de lavado de dinero, de delincuencia organizada, de financiar al terrorismo, etc. Dichas acusaciones las presentó directamente la Procuraduría General de la República. Después se ampliaron las imputaciones y se dijo que la Dra. Rodríguez Martínez hizo transferencias de parte de esos “dineros ilícitos” a líderes regionales petistas, como Héctor Quiroz, a quien un juez ya vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego participaron los diputados federales priístas y finalmente lo hace el propio PRI, con el argumento de que no entre dinero público a las campañas electorales.

El PRI presentó una denuncia contra el Partido del Trabajo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, por el presunto desvío a cuentas privadas de varios dirigentes petistas de al menos 100 millones de pesos del erario del gobierno de Nuevo León, destinados a la construcción de centros de desarrollo infantil. El secretario de Acción Electoral del PRI explicó que el propósito de la denuncia de hechos es para que el dinero público no ingrese a las campañas electorales. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República, el gobierno de Nuevo León depositó 100 millones de pesos a la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez quien, a su vez, hizo transferencias de parte de esos recursos a líderes regionales petistas. El senador Tapia Franco acudió a la FEPADE en compañía de la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral quien dijo que la denuncia se extendió hasta el propio INE. Y como la legislación en la materia establece sanciones desde multas, cárcel e incluso la pérdida del registro del partido político que resulte responsable de cometer delitos graves, y como para los priístas el P T cometió un delito grave, entonces están las condiciones para la pérdida de su registro. Hay una carpeta de investigación en la PGR y, al transferir recursos públicos a un partido político, se tipifica como delito electoral. Por eso, dicen, que el PRI vigilará que la FEPADE realice las acciones que se le solicitan para que ese desvío de recursos no quede impune.

Por su parte, el PT afirmó que el PRI es el nuevo instrumento del gobierno federal para la campaña de lodo y persecución política en su contra, después de que decidieron ir en alianza con Morena y Andrés Manuel López Obrador en 2018. Señaló que el fondo de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la queja ante el Instituto Nacional Electoral, INE, es para acabarlos, para que les congelen las cuentas, los dejen en total indefensión y hacer que el Partido del Trabajo pierda su registro. El absolutismo del gobierno de Peña Nieto es implacable. En fin.