Huracanes, inundaciones y sismos, son fatalidades de origen natural que, en las semanas recientes, han afectado a miles de compatriotas, destruido patrimonios familiares y causado graves daños a la infraestructura, nuestro patrimonio colectivo. La Naturaleza se ha mostrado singularmente cruel, despiadada con este sufrido país. Si bien, esas desgracias nos brindaron la maravillosa oportunidad para mostrar ante el mundo y ante nosotros mismos el portentoso sentimiento de solidaridad colectiva anidado en el alma mexicana, también han sacado a la luz pública nuestras brutales pequeñeces, el enanismo ruin de influyentes sectores económicos y políticos.
Mientras las familias se arremolinaban para acopiar víveres para quienes habían quedado sin cobijo ni resguardo, los grandes empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) que representan más del 60% de las ventas minoristas en México, guardaron ignominioso silencio; se dedicaron a presenciar el aumento de sus ventas.
Con la excepción de los Secretarios de Salud y de Educación, la inusitada hiperactividad presidencial no encontró adhesión en el mundo político: los legisladores se refugiaron en sus hogares y los burócratas de angora abandonaron sus lugares de trabajo en espera de peritajes sobre los daños a sus oficinas. Varios gobernadores se volvieron invisibles y cobijaron su inactividad con el argumento de la falta de recursos en las arcas estatales.
Los partidos políticos han pretendido encaramarse en la tragedia mediante ofrecimientos de fórmulas “mágicas” para lograr el financiamiento de los gastos indispensables para la reconstrucción sin escapar a su evidente objetivo de lucrar electoralmente con el dolor social. ¡La democracia se ha convertido en cuna del cinismo y la desfachatez!
Sin embargo, de cara a las próximas elecciones, la sociedad mexicana está ante el en trance de experimentar un cambio emocional profundo: los miedos colectivos pueden mutarse en ira social, con la obsesiva búsqueda de culpables de la desgracia. ¿Quién expidió las licencias de construcción de los inmuebles caídos? ya comienza a ser el primer reclamo y será seguido de un peloteo de evasivas de responsabilidad por parte de las diversas instancias de gobierno. ¿A cuánto ascienden y donde están depositados los donativos a favor de la reconstrucción? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en el campamento donde mi familia y yo estamos recibiendo alimentos, techo y cama? ¿Cómo voy a conseguir una casa? ¡Dicen que algunas instituciones benéficas extranjeras están ofreciendo regalar casas nuevas pero el gobierno no les permite acercarse a nosotros! Y así, las conjeturas se propagan y las preguntas no encuentran respuesta pues las explicaciones oficiales –hasta ahora-- transitan por el sinuoso camino de la improvisación.
Es un error trasladar la responsabilidad de la reconstrucción a los empresarios. A partir del censo levantado en cada entidad afectada, el gobierno federal debe exponer con claridad y contundencia a los afectados en qué consisten los planes de reconstrucción que si bien deben adaptarse a las realidades propias del medio rural y del urbano habrán de ser uniformes para todas las entidades afectadas. La gente damnificada quiere saber los términos del financiamiento: montos, plazos, formas de pago, tasas de interés, plazo de redención del crédito, etc. También reclama cual es la instancia gubernamental responsable tanto de los contratos de financiamiento como de la realización y supervisión de las obras. Reclama saber…
A los damnificados no les interesa si el dinero proviene de teatrales actos de generosidad de los partidos; exigen saber cuándo y por cual medio institucional va a recibir el apoyo. No estoy instando al desorden en el gasto; por lo contrario, a poner orden y definir responsabilidades oficiales.
Ya estamos entrando a los tiempos oficiales de las contiendas electorales. Vivimos una democracia enclenque y pervertida, por la acción abusiva de los partidos; tenemos un gobierno financieramente muy débil; somos víctimas de una política económica excluyente y empobrecedora que lejos de impulsar el desarrollo, lo atrofia; sufrimos la impotencia gubernamental para detener la brutal criminalidad que nos abate. Tenemos autoridades electorales muy cuestionadas por los actores políticos. No agravemos aún más este patético panorama con la indefinición acerca del cauce de la reconstrucción.
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