Retorno a la “normalidad democrática”

El desacuerdo de los diputados se tradujo en la imposibilidad de elegir una directiva en la Cámara baja en el debido tiempo, lo cual significa parálisis legislativa porque no había autoridad legalmente capacitada para convocar a los diputados para iniciar las sesiones respectivas. A efecto de no violar la Constitución que obliga a instalar la directiva a más tardar el 5 de septiembre, se optó por el recurso de declarar a la Cámara en situación de receso, es decir, se echó a andar el reloj “legislativo” para simular que los diputados estaban reunidos pero no presentes en el pleno, sino en sus oficinas mientras se reanudaba la sesión. ¿Cuál fue el origen de esta situación anómala?

Desde luego fue una maniobra política orquestada por las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar el acuerdo político recién firmado tendiente a crear un Frente Amplio Democrático integrado por esos tres paridos con miras a las elecciones presidenciales del año próximo. Pretenden convencer a sus militantes de su capacidad para actuar como un frente opositor al gobierno y crear un clima propicio para elegir un candidato único todavía no decidido por ninguno los tres partidos. ¿Andarán en busca de la lámpara de Diógenes?

Sin embargo, para desviar la atención pública respecto a la insatisfactoria explicación del repentino aumento de su patrimonio personal, el dirigente Anaya se propuso obstruir las labores legislativas. En el Senado, contrariando las indicaciones de su dirigencia, cinco senadores cercanos al expresidente Calderón participaron en la elección de la mesa directiva de la Cámara Alta, y uno de ellos resultó electo presidente, a pesar de la ausencia de casi toda la bancada panista. Fue una maniobra orquestada por el PRI.

El argumento de los diputados levantiscos consistió en exigir la reforma constitucional conducente a impedir que el Procurador General de la República pueda ser elegible como Fiscal General de la Nación por parte del Senado, cargo que desempeñaría a lo largo de nueve años. Repentinamente olvidaron un detalle relevante: todos ellos dieron su voto favorable hace un año, para aprobar esa prevención constitucional. Cambaron de opinión y por esa razón denunciaron, repetidamente, que el PRI pretendía proteger al actual presidente de posibles acusaciones de enriquecimiento una vez concluido su mandato sexenal. En su campaña de resistencia enarbolaron el lema de “Oposición al Fiscal Carnal”, destinado a oponerse a que el Procurador General de la República ocupase el cargo de Fiscal General, debido a su cercanía con el actual Presidente.

La llamada parálisis legislativa llegó a su fin cuando, desdiciéndose de sus propias   impugnaciones y refutaciones, los diputados priístas firmaron una iniciativa de reforma a la Constitución para impedir que el actual Procurador sea elegible como fiscal general. Cedieron y de esta manera renació la normalidad “democrática”.

En todo este alboroto, el tema central ha sido disimulado: con la creación de la Fiscalía se exonera a los presidentes de la república de la responsabilidad de perseguir delitos federales, es decir, en lo sucesivo ya no se podrá exigir al titular del ejecutivo la persecución de delitos cometidos por la delincuencia organizada como el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de armas, etc. porque estas tareas estarán confiadas a un burócrata, a un jurista renombrado, a un profesional del derecho elegido en las catacumbas de las complicidades partidistas en que ha quedado convertido el Senado de la República. Es una genialidad más de los panistas comprometidos con la convicción de debilitar al Ejecutivo para “vigorizar la democracia”; es una imitación extra lógica del sistema estadounidense. Será un reproche histórico a la negligencia y la dejadez políticas de los participantes en todo el revoltijo electoral en el que estamos atrapados.

Con seguridad la iniciativa proseguirá su curso y será aprobada por el Congreso Federal y la mayoría de los congresos estatales. Cuando esto ocurra se estará concluyendo la segunda parte del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, en fecha inminente de las elecciones. Por tanto, el flamante Fiscal será nominado por el nuevo Senado, integrado por legisladores electos en julio del año próximo con la contribución gloriosa de algunos de los actuales senadores gracias a la “histórica” reforma electoral que hizo posible la reelección.

La normalidad “democrática” ha retornado: está presente el mundo de las complicidades, de los desenfrenos, de la hipocresía, con nuevos clavos al féretro de República.

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