Muchos son los embarrados en agravios del gobierno de la gente

Este miércoles 23 hubo el anunciado encuentro entre personas agraviadas por el gobierno de la gente, que han encontrado protección en la Comisión de la Verdad, y diputados integrantes de la trigésima segunda legislatura local comandados por Polo Domínguez. El escenario fue sala de comisiones del edificio sede del Poder Legislativo de Nayarit.

Se había declarado la exposición de cuatro testimonios de arbitrariedades debidamente documentados, pero en la reunión con duración de casi tres horas las narraciones de las personas afectadas directamente o familiares indirectamente fueron más del doble. Uno a uno, de cara a los legisladores, las declaraciones plagadas de veracidad discurrieron con sentimientos de dolor, tristeza, rabia, impotencia y llanto.

Sí, hubo lágrimas de un matrimonio, primero él y enseguida ella, con tal emoción ésta que no cesó de sollozar durante toda su participación oral. Se vio que la mujer se sintió mejor después de llorar. Se trata de un hombre dedicado al negocio inmobiliario, que junto con su mujer una tarde por el rumbo de Ciudad del Valle en Tepic el año pasado fueron levantados por elementos de la Policía Nayarit al mando del Comandante Valdivia.

En cuartos especiales del edificio de la Fiscalía el mismo día fueron en varias ocasiones torturados ambos por manos diestras en aplicación de castigo físico, acción única para lo que servían al licenciado Edgar Veytia, quien a través de ese método trato de extorsionar con un millón de pesos al negociante inmobiliario, luego que Carlos Saldate -compadre de Veytia- lo conectó con el fiscal para intentar la solución a demandas de adeudos.

Pero antes, el hombre de negocios le había vendido un terreno por avenida Proyecto esquina con San Luis en Tepic a Carlos Saldate en un millón 150 mil pesos, al mismo tiempo que en el pago se incluyó un permiso para combi de la ruta Camichín-Tepic. Cuando detenido en la Fiscalía comprobó que en ese momento allí estaba presente Carlos Saldate, tal el hecho lo hizo suponer que todo fue urdido por el expresidente del PRI en el municipio de Tepic con el propósito de recuperar un millón de pesos.

Al no obtener el dinero, Veytia y Saldate con artimañas en la Notaría 36 hicieron lo necesario para quedarse con una casa en Nuevo Vallarta, propiedad del detenido, con valor de dos millones de pesos, cuyas escrituras obligaron a ser entregadas. De Veytia recibió la amenaza de que sería hombre muerto si hablaba del asunto. Una vez en libertad acudió directamente con el gobernador Roberto Sandoval, quien los envió “con un tal Apaseo”, enseguida con la entonces diputada priista Candy Yescas, y nada se resolvió. Hoy el matrimonio en cuestión clama justicia.

Esto es tan sólo un botón de muestra, pero las denuncias son más que patéticas, la declaración de peso sobre arbitrariedades, violación a la ley y los derechos humanos, la comisión de delitos graves y un sinfín de agravios. En esta ocasión no fueron anónimas, sino que la impotencia y el deseo de justicia hizo a las personas llenarse de coraje y valentía, no sin antes responsabilizar de lo que les pueda pasar a cada involucrado, funcionario o no del gobierno de la gente.

Por las versiones escuchadas, viva voz de cada uno de los afectados, están involucrados en acciones ilícitas Arturo Luna López, Eduardo Velázquez Gutiérrez, Carlos Alfaro López, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, Rafael Gamboa Soto, Candy Yescas (alcaldesa electa de San Blas), Carlos Saldate, Jorge Vargas López y Luis Antonio Apaseo, entre otros. Son copartícipes en delitos graves.

Con base en los contundentes testimonios queda lo suficientemente claro que el gobernador de Nayarit Roberto Sandoval no sólo conocía de los ilícitos que cometía el Fiscal Edgar Veytia, sino que fue su cómplice en las arbitrariedades.

Los promotores de la Comisión de la Verdad -cuya constitución legal está en proceso- piden la integración de una comisión de legisladores que se encargue de profundizar en las denuncias que al inicio eran de 76 agraviados y que hoy rebasan el millar.

Continuarán en el propósito de sentar ante la justicia a todos quienes involucrados están para determinar responsabilidades y castigos.