Un viraje necesario, pero desdeñado.

Concluyó la 22 Asamblea Nacional del PRI. Encabezada por del presidente Enrique Peña Nieto y con la presencia de más de 10 mil militantes se verificó la ceremonia de clausura en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde se leyeron las principales conclusiones a las que arribaron las cinco mesas de debates  instaladas en las principales ciudades del país. La clausura fue un acto de celebración donde se difuminaron los nubarrones de división alentados por los “rebeldes del rock”.

Entre las conclusiones sobre los estatutos, dos ameritan una reflexión detenida. La primera concierne a la eliminación de los requisitos para ser postulado por el partido a cargos de elección popular. Suprimido el requisito de diez años de militancia, en adelante el PRI podrá a postular a cualquier ciudadano que simplemente reúna las condiciones previstas por el art. 81 constitucional, a saber: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, no ser ministro de culto alguno, no estar en el servicio activo del ejército ni ser funcionario público de primer nivel, (salvo separación del cargo seis meses previos a la elección). La aprobación de esta disposición no valoró suficientemente sus consecuencias: en los términos de su redacción, el PRI podrá postular a cualquier ciudadano, incluso algún dirigente o miembro prominente de otro partido. ¿Cómo se vería postular a algún expresidente del PAN como candidato presidencial del PRI? Conforme a las reformas estatutarias aprobadas esa posibilidad es patente.

Detengámonos a valorar otras aristas. De acuerdo con la encuesta quincenal de la Presidencia de la República, el personaje mejor posicionado es el Secretario de Gobernación, por cierto muy por debajo de los precandidatos del PAN y de Morena. El presidente Peña ha insistido en que el postulado por el PRI no debe ser el mejor posicionado al principio de la contienda porque su popularidad y arraigo se logrará a lo largo de la campaña. Interpretadas adecuadamente, esas palabras significan que el secretario Osorio Chong no es el preferente en el ánimo presidencial. Está buscando a un “verdugo más confiable”.

La segunda reflexión concierne al rechazo a los legisladores “chapulines”, los trapecistas de los cargos de elección popular por la vía plurinominal. Diputados locales, diputados federales y senadores inscritos en las listas registradas por los partidos; aquellos que han ocupado cargos de elección popular sin haber ganado ninguna elección. Esta propuesta formulada, genuinamente, por las bases partidistas mereció el rechazo de algunos defensores de la pluralidad. ¡No se confundan, señores! La propuesta no está en contra de la representación proporcional, sino del procedimiento; plantea que los diputados federales, locales   y senadores plurinominales estén determinados por el número de votos que obtengan en la elección respectiva aunque no ganen. Es decir, se trata de privilegiar a la primera minoría. Esta medida premiaría la militancia partidista y evitaría los contubernios de las dirigencias como fuente de cargos de elección popular plurinominales.

Otras cuestiones como la eliminación del fuero en los términos actuales me parecen un acierto.

Fue, por otro lado, deprimente la falta de autocrítica en lo concerniente al programa de acción. Implícitamente se aprobó que el próximo gobierno encabezado por el PRI deba seguir haciendo más de lo mismo. Eso es un franco desatino. El bajo nivel de aceptación social del actual gobierno proviene del descontento de la gente, cifrado en cuatro capítulos: pobreza y desempleo a causa del bajo ritmo de crecimiento de la economía, pues nunca se alcanzó el 5% de incremento anual del PIB ofrecido reiteradamente; el clima de criminalidad imperante en el país originado por la desocupación y la ineptitud-corrupción de los órganos encargados de la persecución del delito; la inconformidad por la venta ruinosa del patrimonio nacional; y, la incontenible corrupción-impunidad que nos abate. En los documentos aprobados no se advierte la intención de modificar el rumbo de las políticas públicas concernientes. ¡Es una pena!

El descontento no es un simple estado de ánimo sino un rencor profundamente arraigado en el alma mexicana debido a inconformidad de la sociedad respecto al derrotero del país.

Recuérdense las palabras de Colosio: cuando el gobierno toma decisiones impopulares, el partido rechina; cuando las decisiones son concebidas como beneficiosas para el país, el respaldo se refleja en las urnas. Es fundamental dar, en estos meses, un viraje radical a la gestión pública como única opción que recuperar el apoyo de los votantes,

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