Abordemos ahora el proceso de fortalecimiento del poder presidencial.
Cuando arriba al poder el Gral. Lázaro Cárdenas en 1934, la institución presidencial estaba moral y políticamente muy desacreditada. Desde 1917, dos presidentes habían sido asesinados (Venustiano Carranza y Álvaro Obregón); tres estaban exilados (Adolfo de la Huerta, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio); otro, era públicamente señalado de dedicarse a actividades ilegales como el contrabando y la operación de casas de juego (Abelardo Rodríguez); el general Plutarco Elías Calles se había erigido como el “jefe Supremo de la Revolución”; era el poder tras trono.
Pese a los esfuerzos por parte de Cárdenas tendientes a moderar la interferencia política de Calles en el gobierno, se vio obligado a expulsarlo del país en compañía de los políticos encumbrados: Luis N. Morones, Melchor Ortega y Luis L. León. Acto seguido, promovió el desafuero tanto de los connotados aliados de Calles en las Cámaras de Diputados y el Senado, como de algunos gobernadores incondicionales. En forma simultánea reemplazó a los principales jefes militares para garantizar la lealtad de las fuerzas armadas.
Si bien fue la purga política el recurso para recobrar el poder, el medio más eficaz para restaurar la dignidad de la institución presidencial radicó en organizar a las fuerzas sociales beneficiadas con la política agraria y salarial. Para ello, transformó el partido oficial: abandonó la calidad de frente político nacional (PNR) y lo convirtió en un partido corporativo (PRM) integrado por tres sectores: el campesino, agrupado en torno al CNC; el obrero, orientado a conglomerar a los principales sindicatos (señaladamente el CTM): y el militar, como organización política disciplinada. Rápidamente sometió a los sediciosos de la insulsa segunda rebelión cristera, aniquiló el levantamiento del Gral. Cedillo y fue capaz de sortear los riesgos políticos de la expropiación petrolera, decisión que contó con un amplísimo respaldo nacional. En cuatro años instituyó una presidencia provista de amplios e indisputados poderes que ejercía con discreción y firmeza. Al final de su gobierno, la autoridad moral y la fuerza política del presidente era indiscutida.
Durante el gobierno del Gral. Ávila Camacho, el poder presidencial se acrecentó mediante la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica expedida por el gobierno en uso de las facultades extraordinarias conferidas a raíz del estado de excepción surgido por la declaración de Guerra. Junto con otras disposiciones, esta Ley reglamentó las disposiciones del art. 28 constitucional. Al mismo tiempo, el desarrollo industrial recibió prelación en la política económica para lo que se activaron las operaciones crediticias de Nacional Financiera conducentes a impulsar las industrias nuevas y necesarias. Además de salvar a varias empresas de la bancarrota, los créditos de NAFINSA promovieron la creación de nuevas empresas dedicadas a la sustitución de importaciones. El sector empresarial en algunos casos no mostró interés en ciertas actividades lo que orilló al gobierno a gestar empresas propias, sobre todo conectadas con el sector agropecuario. Así, entre empresas en bancarrota y otras provenientes de empresarios insolventes se fue creando un extenso sector paraestatal ajeno a todo plan preconcebido pero que, con el tiempo se tornó, esencial para el desarrollo económico, para preservar los niveles de empleo y para vigorizar la presencia política del Estado.
Sin duda, la cúspide del poder presidencial lo encarnó Adolfo López Mateos. Al igual que Cárdenas, su política nacionalista fue el secreto de su gran popularidad. Después, el prestigio de la institución presidencial comenzó a declinar debido a gigantescos errores de conducción política (a partir de la equivocada reacción oficial ante el movimiento estudiantil de 1968) hasta la breve etapa de los últimos tres meses del gobierno de López Portillo merced a la nacionalización bancaria, en la que la fortaleza del poder presidencial recobró un brío efímero.
Su sucesor, el presidente De la Madrid, se decidió virar el rumbo hacia un modelo repelente a la presencia del Estado en la vida económica. Amén de menguar el crecimiento económico, el viraje dio lugar a la aparición de la etapa avasalladora de privatizaciones de los activos públicos y el claro distanciamiento gubernamental con los estamentos productivos y grupos sociales. En el terreno de los hechos, el Contrato Social pactado en la Constitución fue repudiado, ignorado y el poder presidencial se fue evaneciendo. La crisis de gobernabilidad era inevitable. (Continuará)
Manuel.aguilera.gó
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