Descontento con la democracia (1)

Me propongo inaugurar una nueva serie de esta columna dedicada a examinar un tema crucial y controversial en la vida de nuestro país: el ejercicio democrático como sistema para elegir a nuestros gobernantes; es decir, hacer realidad la Instauración de “gobiernos del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”, anhelo largamente acariciado por los pueblos oprimidos de la Tierra.

La historia de la vida independiente de los países de América Latina está plagada de testimonios intervencionistas  del gobierno de Estados Unidos. Los intereses yanquis siempre han desempeñado un papel crucial en muchos de los principales momentos de la vida de las naciones latinoamericanas, episodios recogidos en su dramatismo por autores como el embajador cubano acreditado ante el gobierno Mexicano, Manuel Márquez Sterling, relator de la participación de Henry Lane Wilson (embajador estadounidense) en el asesinato del Presidente Madero en su célebre libro “Los últimos días de Madero”;  el periodista peruano Genaro Carnero Checa en su libro “El Águila Rampante: el Imperialismo Yanqui Sobre América Latina” recoge un largo historial de estas intervenciones; el uruguayo Eduardo Galeano en su conocida obra “Las Venas Abiertas de América Latina” ofrece innumerables revelaciones. Hay una larga lista de libros escritos sobre este delicado tema.

Por otra parte existen testimonios irrebatibles de la irrefrenable proclividad latinoamericana por los gobiernos de caudillos, dirigentes políticos con una vocación fanática por la perpetuación del poder. Los caudillos se convierten con insospechada rapidez en los “personajes indispensables” para asegurar toda transición hacia la prosperidad anhelada por pueblos sedientos de paz y justicia. Buena parte de la historia de América Latina está escrita con sangre derramada por las dictaduras, en su mayor parte surgidas de golpes militares, encabezados por estos personajes, fervientes devotos de la reelección indefinida. Somoza, decía el presidente Johnson, “es un hijo de perra… pero es nuestro hijo de perrra”.

A partir de la Revolución Cubana, la injerencia de Washington en el subcontinente latinoamericano se tornó más rígida. El gobierno estadounidense estuvo decidido a evitar el surgimiento de una ”nueva Cuba” y, por esta razón tomó la determinación en diversas ocasiones de intervenir incluso militarmente en cualquier país con objeto de impedir el surgimiento de regímenes “socializantes”. Testimonio de ello fue la presencia de marines norteamericanos  en República Dominicana, en Panamá, en Granada, en el episodio conocido como Irán-gate contra Nicaragua, y finalmente la irrebatible  participación de la CIA en el derrocamiento de Salvador Allende, presidente de Chile, entre otros.

A raíz del desmembramiento de la URSS y la extinción de los mecanismos de cooperación socialista como el COMECOM, la actitud norteamericana sufrió un viraje: en adelante, el Departamento de Estado alentaría el surgimiento de los gobiernos democráticos, es decir, surgidos de procesos democráticos y repudiaría a todos los gobiernos de “facto”. Las intenciones democratizadoras fueron traducidas en políticas públicas por parte del Departamento de Estado. A finales de los años 80, el presidente de Guatemala fue depuesto por las fuerzas armadas. De inmediato, el embajador acreditado hizo acto presencia ante los cabecillas militares y les informó de la decisión de la Casa Blanca de aplicar de inmediato el Tratado de Asistencia Recíproca (suspensión de los servicios satelitales, embargo de mercancías en puertos estadounidenses, congelación la depósitos bancarios, entre otras) si en un plazo de 36 horas no restituían al presidente legalmente electo. Por supuesto, las jerarquías militares “entraron en razón” y en menos de 6 seis horas el presidente Cerezo fue rehabilitado en su cargo. Así concluía la época de los golpes militares auspiciados o tolerados por Washington.

Además, tanto en los tratados comerciales como en los acuerdos monetarios entre los países deudores y el FMI, se deslizaron acciones injerencistas mediante las denominadas “clausulas democratizadoras”. Esa clausula aparece en los acuerdos sobre el crédito otorgado al gobierno de México por el Tesoro de Estados Unidos para contener el “efecto tequila” (1994-95). Análogas disposiciones aparecieron el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Con estos acuerdos se fue “mundializando” la democracia; es decir, al igual que la política económica neoliberal, los sistemas democráticos de elección de gobernantes fueron impulsados por agentes  externos y consumados por militantes políticos nacionales mediante tenaces luchas.

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