Criminalidad: ¿hasta cuando?

Estamos en presencia de la rebelión de la delincuencia. Vimos a través de la televisión las imágenes de grupos numerosos de jóvenes con armas en sus manos, en actitud desafiante frente a las autoridades policiales y los integrantes de las fuerzas armadas, desafío que traspuso el lindel de la simple provocación y se convirtió en un enfrentamiento armado.

Era un asunto ampliamente conocido: bandas de delincuentes denominados “huachicoleros” se dedican a la extracción ilegal de combustibles de los ductos de Pemex para venderlos a la orilla de la carretera Puebla–Orizaba ante la indiferencia y complicidad de las autoridades políticas. Extendida durante más de seis años, esta práctica delictiva se efectuaba en diversas regiones de Veracruz y Puebla a plena luz del día, sobre todo en los municipios  colindantes con Esperanza y Quecholac.  

Utilizando a niños y mujeres como escudo humano, los traficantes ilegales de gasolina se enfrentaron con armas de fuego a las fuerzas federales con el saldo trágico de una decena de muertos,  (cuatro de ellos, soldados) doce heridos y 14 detenidos. Inconformes con los sucesos, decenas de habitantes de la esa región se lanzaron a reclamar la libertad de los detenidos mediante la manido recurso de obstruir el tránsito de la autopista Puebla-Veracruz. Pronto aparecerá, previsiblemente, la Comisión de los Derechos Humanos para reclamar la reparación del daño  a favor de los deudos de los maleantes, con el argumento reiterado del uso desmedido de la fuerza pública contra los trasgresores de la ley.

La respuesta del Secretario de Gobernación, responsable de la seguridad  interior, frente estos sangrientos acontecimientos es inconcebible: se los atribuye a la “debilidad de las policías municipales” cuando estamos en presencia de delitos del fuero federal, hartamente documentados a lo largo de varios años, consumados a ciencia, paciencia e indiferencia de  las autoridades federales y estatales.

Por su parte, los encargados de la administración de la empresa productiva del Estado, Pemex, colocada en situación de quiebra por las políticas financieramente “exprimidoras” de la Secretaría de Hacienda, argumentan en público que carecen de recursos para vigilar toda la red de ductos en el país, pero en privado se quejan de la apatía de las autoridades estatales y federales ante el cúmulo de información suministrada por la empresa estatal acerca del negocio ilegal de hidrocarburos.  

Los índices de criminalidad han repuntado como lo han reconocido los propios funcionarios públicos. Son expresiones claras del desgobierno imperante, del avance tolerado de la delincuencia, de la pasividad e incapacidad del gobierno de cumplir con su responsabilidad fundacional de proteger la vida de las personas, agobiadas por contubernios entre las autoridades que dan cobijo político tanto a los delincuentes como aquellos empresarios involucrados en negocios ilegales y a una parte de la sociedad erigida en defensora de trasgresores de la ley. Hay una interpenetración de los grupos criminales en la sociedad civil y en los gobiernos, interpenetración que comienza a ser difícil de revertir, merced al papel de defensores del crimen por parte de estamentos seudo-intelectuales conectados con agrupaciones partidistas postulantes de que todo acto de autoridad debe descalificarse por ser una acción autoritaria del Estado.

Ya comienzan las presiones intervencionistas de la Casa Blanca para que el gobierno mexicano ponga orden en el país, para acabar con los “hombres malos” que ponen en riesgo las vidas de los empresarios y turistas estadounidenses.

No nos engañemos; el infernal avance de la actividad delictiva no es obra de un exceso de tolerancia gubernamental, sino de la indecisión para cumplir con las responsabilidades conferidas por las leyes, --incluyendo la suspensión de garantías-- lo que ha desembocado en un gigantesco cementerio clandestino a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.       

Con inusitada frecuencia, las autoridades apelan a las estadísticas para probar la declinación del número de homicidios dolosos. En el gobierno del presidente Calderón ascendieron a alrededor de 105 mil; en cuatro años y medio del actual gobierno han llegado a 80 mil. No podemos ocultar que México es  escenario de la crueldad: ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de homicidios dolosos, superado por Brasil, India y Nigeria. Acumuladas, las cifras de los crímenes en la década recientes en nuestro país muestran que el número de muertos es superior al registrado en la devastadora guerra civil de Siria.

¿Hasta cuando?

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