Contener el naufragio de la nación (i)

Brindar seguridad a las personas y a su patrimonio es la responsabilidad originaria del Estado. Ese fue el fundamento de su creación y la razón de su existencia. Sin embargo, los postulantes del neoliberalismo ahora en el poder se han empeñado en debilitar progresiva y sistemáticamente al Estado con el argumento de que ha invadido esferas inherentes a los derechos inmanentes de los ciudadanos y ha coartado el ámbito de sus libertades al extremo de obligarlos a cubrir  –a través de los impuestos—los costos de burocracias desbordadas, propias de los “Estados Obesos“.

En particular, se han centrado en debilitar la fuerza del Poder Ejecutivo. Con motivo de la presentación del Informe del Desarrollo en México elaborado por la UNAM por conducto del PUED, el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara hizo un amplio relato de las reformas legales aprobadas por ese órgano legislativo en los años recientes, informe que remató con el corolario: “fueron reformas destinadas a acotar el poder presidencial, transfiriendo atribuciones a los órganos autónomos”. ¡Se abren las puertas del infierno!

Cobijado bajo el manto protector de la democracia, al tiempo que se fue erosionando el poder el Estado, se ha despojado al Ejecutivo de facultades que habían configurado lo que ahora denominan “gobiernos autoritarios”, al extremo de desligar al Presidente de su responsabilidad de perseguir delitos federales, tarea que ha sido encomendada a otro órgano autónomo denominado Fiscalía General. ¡Se exime al presidente de toda responsabilidad en materia de persecución del delito!

Cuando asumió el cargo, el presidente Peña se comprometió a detener y  encarcelar a los delincuentes dedicados sembrar el terror en todo el territorio nacional. Para ello encargó a la Secretaría de Gobernación  el mando de la policía federal y le confió la reorganización a fondo de los cuerpos policiales  estatales y municipales. Atrapado en acomodos electorales, el proyecto naufragó debido a las resistencias de los gobernadores y de los presidentes municipales a crear las corporaciones estatales y a desaparecer las policías municipales. Para compensar este signo de debilidad, se asumió el compromiso de trasladar a los efectivos de la policía federal y de la gendarmería a los lugares controlados por la delincuencia, a las regiones desprovistas de gobierno. El continuo traslado de  policías federales ha desgastado su efectividad y su disciplina.

Las críticas a las fuerzas armadas (militares y marinos) enviadas a sitios donde se perdió la gobernabilidad, donde los conflictos sociales y políticos rebasaron a los gobiernos, ha dado lugar a cierta resistencia de estos cuerpos a participar en labores policiales en tanto no se legisle sobre el alcance de estas tareas ajenas a su formación y función. El mundo legislativo se ha mostrado titubeante y temeroso para enfrentar esta responsabilidad, ante el pavor a las críticas del “casticismo” jurídico. Los ideólogos neoliberales olvidan una premisa: la debilidad del Estado es el mayor peligro para la libertad y la democracia.

Todos los elementos anteriores dan cuenta de gobiernos timoratos, incompetentes e irresponsables, cuyo saldo es, hasta el momento, miles de muertos en homicidios dolosos, cifras rebasadas –al parecer-- a las registradas en el sexenio anterior. Además, la extorsión, el secuestro y el robo a transeúntes se han generalizado, aterrorizando a miles de familias. Coincidentes con casos emblemáticos de ejecuciones masivas sin explicación convincente, cada semana se descubren nuevas fosas clandestinas, testimonio dramático de desgobierno.  

Si bien, la criminalidad imperante en las ciudades fronterizas y algunos centros turísticos está vinculada con el comercio de estupefacientes, el resto del país está marcado por la inoperancia gubernamental frente a la multiplicación de bandas de delincuentes sabedoras de la pasividad, complicidad e impunidad prevalecientes; se mofan de los “reality shows” oficiales organizados por las autoridades responsables cuando pretenden silenciar su incompetencia, cuando ocultan la presencia de más de medio millón de efectivos armados reclutados por las policías privadas.    

No se puede ignorar el temor reinante entre la gente a causa de la terrible ola de criminalidad que nos abate. Un sistema de seguridad efectivo para los gobernados es la demanda de todos los círculos sociales. Si no se contiene, la inseguridad provocará el naufragio de la nación. ¡Estaremos atrapados en el Estado Fallido! (continuará)

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