El conocimiento ciudadano de la Constitución, debe convertirse en política de Estado
Oscar González Bonilla
04 de Febrero de 2017
El mejor homenaje que se le puede rendir a la Constitución General de la República es su debido cumplimiento tanto por autoridades como por los ciudadanos, opina José Miguel Madero Estrada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit.
De rotunda manera niega que la Constitución, en cien años de existencia, se haya convertido en obsoleto instrumento legal, y en contraparte sostiene que ha servido de cauce para el desarrollo del país, además de ser vanguardista en el tema de derechos humanos. Sustenta valores y principios, agrega, no sólo normas positivas.
La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, con lo que marcó precedente al resto del mundo. Entre sus principales preceptos destacan la no reelección del Presidente, las garantías individuales, la división de poderes y dio mayor soberanía a los estados. Estableció leyes referentes a la propiedad de la tierra, a la gratuidad y laicidad de la educación y sobre derechos laborales, la libre expresión y asociación.
El abogado constitucionalista, empero sostiene que a cien años de haber sido promulgada, la Carta Magna ha tenido tantas modificaciones que se ha cambiado su contenido original. “Prácticamente tenemos una nueva Constitución que transita al mismo tiempo con artículos obsoletos”. Cita como ejemplo el artículo 120, mismo que “no tiene su correlativo contexto político actual, porque los leyes federales son conocidas a través sobre todo de redes sociales al mismo tiempo que son aprobadas. Es un artículo que está allí de adorno. Y así podemos encontrar otros, esto sin asumir una posición negativista de los contenidos constitucionales”.
Otro artículo que resulta rebasado, según el crítico punto de vista del jurisconsulto, es el 144 que establece la fórmula de distribución de competencias. Lee: Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se tienen reservadas a los estados. Eso dice el 144. Y lo cierto es que a lo largo de cien años se ha modificado la norma, de tal manera que acota cada vez más a los estados, y abre mayor margen de facultades a la Federación. Al ejercer idénticas facultades, ha llevado a la repetición de muchas leyes. Si a nivel nacional hay una Ley Nacional de Agua, hay también una estatal. Estas facultades coincidentes, también llamadas concurrentes, dificultan solución de conflictos. “Yo te puedo decir que ni la Federación, ni los estados y municipios son conformes con la redacción de este artículo. Se ha convertido en verdadero obstáculo, conviene su revisión a fondo”.
“A fuerza de ser sincero, no”. Contesta así el abogado constitucionalista cuando se le pregunta si simpatiza con la nacional corriente de pensamiento que propone la redacción de una nueva Constitución para los Estados Unidos Mexicanos.
“Porque creo que la expedición de una nueva Constitución implicaría una profunda división de los actores políticos que en un momento dado tendrían a su cargo la redacción del documento. ¿Quién convocaría al congreso constituyente para redactar nueva Constitución? No está previsto quien debería hacerlo. Sería preferible hacer una reconstrucción, una refundación, de la Constitución, corriente de muchos doctrinarios que así lo ha propuesto y con la cual simpatizo, porque conservaríamos aquello que está vivo en la Constitución, que merece estar allí.
“Se trata de hacer una Constitución mucho más accesible a las personas, pero además que sea posible se enseñe en las escuelas de educación e instituciones de Derecho para que en cada ciudadano se siembre motivo de vida constitucional en un ambiente cotidiano más democrático, más respetuoso de la ley. No es esto una utopía, y aunque lo fuere, creo que la Constitución tiene que jugar un papel en el desarrollo democrático del país”.
-Sugiere usted que los mexicanos legos tenemos la obligación de conocer la Constitución General de la República.
-Por supuesto que sí. El Gobierno, el Estado, debería incentivar la entrega gratuita en disco compacto o memoria el compendio de leyes a cada ciudadano al realizar trámite ante cualquier institución pública, sobre todo con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución.
Una tarea pendiente: la publicación por parte de pedagogos e historiadores de Constitución y leyes que expliquen a los niños nuestro régimen constitucional y los grandes desafíos que en él están plasmados.
Creo que la Constitución comentada para niños es un imperativo, que se transforme en aliada del libro de texto gratuito, pero además se convierta en política de Estado.
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