Sistema de justicia oral carcome el presupuesto del Poder Judicial

Sentencia Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, la necesidad de oxigenar al Poder Judicial con la aprobación del presupuesto superior a los 515 millones de pesos incluido en el estimado de egresos del Poder Ejecutivo ya presentado al Poder Legislativo.

Hace cuando menos tres años de este sexenio que el Poder Judicial ha registrado problemas por lo restringido del presupuesto anual, cuando es que han crecido los gastos operativos por la ampliación de prácticas jurisdiccionales del nuevo sistema penal acusatorio.

Entrevistado en su oficina del edificio sede del tribunal, Enríquez Soto ratifica que las condiciones financieras del Poder Judicial no han crecido a la par que el cúmulo de responsabilidades y nuevas competencias.

“Hemos asumido la justicia penal oral bajo un sistema totalmente distinto al tradicional que duplica la cantidad de trabajo y el número de personal: la justicia mercantil oral, los jueces de ejecución, de sanciones penales, la nueva justicia oral de adolescentes, en fin, hay una serie de competencias asumidas por el Poder Judicial que con el mismo personal, con el mismo presupuesto, hemos tenido que salir a responder a esta novedosas exigencias”, lo explica con diáfana claridad el magistrado número uno.

Han suplicado al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a través de él al Poder Legislativo, para que correspondan a las necesidades presupuestales del Poder Judicial, el que a partir del año entrante sumará asuntos de justicia laboral al decretar el Senado de la República la desaparición en los estados de las juntas de conciliación y arbitraje.

El Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto sostiene que el proyecto de presupuesto de 515 millones de pesos para el ejercicio 2017 fue aprobado por el Consejo de la Judicatura. “No es un presupuesto alejado de la realidad, es el que, de acuerdo a la operación óptima, requiere la institución”.

Abundó: “Nuestra propuesta justifica cada uno de los rubros, por ejemplo, cuánto cuesta la justicia civil, la justicia, penal, familiar, administrativa, mercantil, es decir, todas las competencias que tenemos como institución”.

La escasez financiera ha provocado el cierre de algunos juzgados, en el anterior y el presente año, se hizo en Las Varas, Tecuala y Xalisco (transformado de Mixto a Familiar), cuyo personal se reasigna en nuevas competencias exigidas por el reciente sistema de justicia penal. “No queremos seguir con esta tónica, pero desafortunadamente cada año el aumento de los juicios es considerablemente mayor”, enfatizó.

Pregunto si la escasez de presupuesto provoca que el sistema de justicia penal oral no llegué a todo Nayarit.

Como de rayo contesta el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia:

“Bueno, el nuevo sistema está llegando a todo el Estado. Lo que pasa es que bajo este sistema no podemos tener un juzgado por cada municipio, nos saldría bastante caro y poco operativo. El sistema está planeado para que sea, como lo es, por regiones.

“Con este nuevo sistema penal esperamos que el número de asuntos se incremente, solo en Tepic llevamos cerca de mil 500 causas en lo que va del año.

-¿Los juzgados de oralidad han arrojado la productividad que de ellos se esperaba?

-“Creo que el resultado ha sido positivo, porque los asuntos se concluyen en forma más rápida. El sistema permite tener una serie de salidas, donde las partes, tanto el acusado como la víctima, obtienen respuesta con rapidez a su demanda. En términos generales se ha dado ese resultado.

“Fallas, problemas en el camino, bastantes. Debemos corregir, debemos mejorar, durante el proceso. No olvidemos que es un proceso que está en construcción y que nos llevará tiempo consolidarlo, pero hasta este momento nos podemos sentir satisfechos a secas de que el sistema esté funcionando, pero debe funcionar mejor, indudablemente”.