Claroscuros de la alianza PAN-PRD

En la opinión pública tepicense hay cierta inquietud de cómo se construye la tan anunciada alianza política-electoral fundamentalmente entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hasta hoy solo tenemos información por separado de ambas organizaciones y de sus probables aspirantes a gobernador y que la designación de su candidato será por medio de una encuesta al que tenga el mejor posicionamiento ante los nayaritas, esto es entre el alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez o el director general del Grupo Álica, Antonio Echevarría García.

Ante esta falta de información el Mtro. Francisco Castellón Fonseca presidente del comité directivo estatal del PRD precisó en días pasados ante los medios de comunicación que hasta el momento se realizan acercamientos con los dirigentes del blanquiazul, del PT y Movimiento Ciudadano, pero no se ha concretado nada respecto a los que serían los objetivos programáticos y la forma de designar a sus candidatos no solo a gobernador del Estado sino a los demás puestos de elección popular.

Añadió que una vez que la dirección nacional valide esta alianza será cuando formalmente se inicien las negociaciones con todas aquellas fuerzas políticas que quieran sumarse a esa alianza opositora.

Esta información proporcionada por el dirigente perredista pone fin a especulaciones que son filtradas desde ambas trincheras partidistas. De parte de dirigentes de Acción Nacional (PAN) se da por hecho que el candidato de la alianza será el joven empresario Antonio Echevarría García; y de fuentes perredistas en la línea del grupo de los “Galileos” liderada por el diputado Guadalupe Acosta Naranjo le apuestan a que el candidato de la alianza será el alcalde tepicense.

Conociendo la verticalidad política de Castellón Fonseca hace bien en poner los puntos sobre las íes, es decir, primero la anuencia de la dirección nacional de su partido para construir esa alianza; segundo sentarse formalmente a las mesas de las negociaciones con los dirigentes de los partidos que estén de acuerdo en esa alianza y allí debatir cuáles serán los principios  y los objetivos programáticos y como ofertarlos a los nayaritas de manera que su candidatos se ganen  el voto popular. Una vez alcanzado el consenso entre las organizaciones aliancistas se definirá el método para designar o elegir a los candidatos aliancistas.

Por experiencia propia de concretarse esta nueva alianza debe de ser muy distinta a la alianza “Por el Cambio” que compitió en las elecciones estatales de 1999 cuando fue abanderado como candidato a gobernador Antonio Echevarría Domínguez.

En aquel año había dos elementos comunes a los partidos aliancistas  PRD, PAN, PT y PRS y a los nayaritas, esto es poner fin a la prolongada hegemonía política-electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y la segunda motivación era pugnar por una nueva forma de gobernar y de administrar los recursos del erario público así como ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, ya que este poder de mayoría priísta solo servían como tapadera a las malas administraciones estatales y municipales priístas.

Como lo he señalado en anteriores ocasiones aquella alianza “Por el Cambio” fue un fiasco para los nayaritas. La agenda programática de centro-izquierda abortó desde el primer año de gobierno de Echevarría Domínguez a pesar de que en los primeros tres años los diputados aliancistas eran mayoría en el Congreso del Estado.

Años después la administración echevarrista fue asumiendo posiciones de la derecha panista y denostando a los principales dirigentes de los partidos de izquierda. En otras palabras se administró al estado como si fuera otra empresa más del Grupo Álica, el que por cierto incrementó su poderío empresarial. A lo largo de la administración del llamado gobierno del cambio hubo un continuo conflicto de interés entre lo público y lo privado, lo que originó tal excepción en el ánimo de los nayaritas que las elecciones intermedias del 2002 se perdiera la mayoría de los distritos a diputados y las presidencias municipales ganadas por aquella alianza del cambio en 1999. Los prometidos cambios a las estructuras del poder público quedaron en el papel.

De construirse la nueva alianza opositora esta no debe tener por objetivo solo derrotar al PRI para sacarlo del poder gubernamental sino que además debe pactarse un gobierno de coalición tanto en la administración estatal como en los ayuntamientos; además de una agenda programática que priorice la solución en problemas  aún no resueltos en el sector agropecuario, industrial, educación, salud y seguridad pública.

Esta nueva alianza no debe cometer los mismos errores de la del 99 cuando los puestos de elección popular en la legislatura y en los ayuntamientos se repartieron como cotos de poder para cada una de las organizaciones aliancistas y dejaron manos libres al gobernador aliancista para que manejara a su antojo y en la discrecionalidad la administración de los recursos públicos.

Hoy en día tenemos a una ciudadanía más activa y participativa que no se dejará embaucar por simples promesas de cambio…