El PRI excluye a políticos corruptos
Francisco Cruz Angulo
29 de septiembre de 2016
En un encuentro que sostuvo con los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el avance de la modernización de nuestra Nación depende de la consolidación de nuestras instituciones más allá de individualidades y de partidos políticos. Yo agregaría a ese pronunciamiento que esa consolidación depende en gran parte de la probidad de los servidores públicos que las dirigen y que apliquen con todo rigor las normas que sostienen todo su andamiaje jurídico. En cambio se arriban a esas instituciones personajes de dudosa reputación que las utilizan para beneficio propio o por compromisos con grupos de poder pierden la confianza de los ciudadanos y con el paso del tiempo devienen en cascarones vacíos.
En esta cruzada anticorrupción y por la transparencia del ejercicio público gubernamental del mandatario federal en días pasados el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza anunció a la opinión pública que en un resolutivo de la comisión de justicia partidaria se acordó por unanimidad suspender los derechos políticos indefinidamente como militantes priístas al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a seis funcionarios de su gobierno más dos notarios públicos los que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por uso indebido del poder, desviación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito en perjuicio de los ciudadanos veracruzanos. Todos ellos tendrán que responder por sus actos de corrupción ante los tribunales federales.
Así mismo señaló el líder nacional del tricolor que esa comisión de justicia partidaria se está haciendo llegar de todas las denuncias públicas en contra de los gobernadores de Quintana Roo y de Chihuahua. Una vez integrados sus expedientes se analizará si procede o no la suspensión de su militancia priísta.
Esta nueva posición del dirigente priísta por lo menos abre la puerta a que ese partido se deslinde de aquellos servidores públicos priístas corruptos que bajo la bandera de “tapaos los unos a los otros” saquean impunemente las arcas públicas en donde gobiernan.
Ese instituto político no podía quedarse con los brazos cruzados luego de la estrepitosa derrota electoral en 7 entidades de la república en la pasada jornada electoral del 6 de junio; y más aún cuando el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en los índices de aprobación popular más bajos de los que tuvieron anteriores presidentes.
Sin embargo no es suficiente el hecho de suspender la militancia a sus políticos corruptos; es necesario ir más allá de las palabras y que como partido interesado coadyuve para que esos malos gobernantes devuelvan lo que se robaron al amparo del poder gubernamental y en su caso sean juzgados y sentenciados de acuerdo a la gravedad en los delitos que incurrieron.
Al igual que el PRI los demás partidos políticos que gobiernan algunos estados de la república deben asumir esta misma conducta si es que en realidad se quiere erradicar la corrupción pública y la impunidad.
Los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) a pesar de que se desgarran las vestiduras en contra de sus adversarios políticos nada hacen en los hechos para llamar a cuentas al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías quien ha sido denunciado ante la Procuraduría General de la República de haber saqueado indiscriminadamente al erario público del estado de Sonora en complicidad con altos funcionarios de su administración y empresarios de esa entidad. Lo mismo ocurre con el ex gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre el que dejó a su estado en extrema pobreza, marginación y la violencia del crimen organizado. La prueba más fehaciente de la ingobernabilidad que prevaleció durante su gestión fue la desaparición forzada y luego asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
A dos años de aquellos abominables hechos hoy no se tiene la certeza de cuáles fueron los motivos de esa masacre y a donde fueron a parar sus cuerpos hasta hoy no localizados.
Insistimos, los mexicanos exigimos hechos, no actos de buena voluntad que solo sirven como cortinas de humo para ocultar complicidades en las cúpulas gobernantes…
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