El activismo empresarial

Sorprende el activismo de los organismos empresariales en Nayarit en el penúltimo año de la administración gubernamental.

En una columna anterior comenté la cruzada a favor del empleo emprendida por un grupo de empresarios encabezada por el aspirante a gobernador el joven Antonio Echevarría García por medio de foros públicos y la promoción de una iniciativa ciudadana sobre el tema a entregar en los próximos meses a la actual Legislatura Local en la que se solicita que se destine una partida presupuestal de 150 millones de pesos para que sean orientados al fomento y la creación de microempresas.

En días recientes la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nayarit presidida por el Arq. Juan José Alberto Topete Rivas salió a la palestra pública a exigir al alcalde de Tepic, Dr. Leopoldo Domínguez para que transparente y rinda cuentas de los más de 500 millones de pesos que recibió su administración del Erario federal para que fuera invertidos estos recursos públicos a la infraestructura carretera, agua potable y alcantarillado y otros servicios públicos.

La exigencia del dirigente de la CMIC vino acompañada de una serie de reclamos al gobierno municipal, primero porque las obras viales como la del Boulevard Tepic-Bellavista, la rehabilitación de la Av. Allende y de otras vialidades en colonias populares no fueron sometidas a concurso abierto y, en cambio fueron entregadas a constructoras ligadas a altos funcionarios de su administración. Además criticó que por el conflicto de interés algunas obras como la del boulevard Tepic-Bellavista está inconclusa por lo mal planeada ya que se prometió entregarla en tres meses y han pasado más de 6 meses sin concluirla. De las otras obras de servicios públicos que prometió atender el alcalde tepicense nada se sabe. Lanzó una interrogante: ¿En qué y en dónde se invirtieron los 500 millones de pesos que entregó la federación?

En los subsiguientes días el presidente de la CMIC, Juan José Alberto Topete Rivas acompañado de su comité se presentó ante la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes de la actual Legislatura local que preside el gobierno legislativo Dip. Jorge Humberto Segura López.

Ante esa comisión el líder de los constructores nayaritas planteó algunas reformas a la Ley de Obra Pública, entre las que destacan la elaboración de un registro único de contratistas, apoyar a las empresas de la entidad para que participen en obra pública, fortalecer las licitaciones públicas, ejercer la transparencia de las convocatorias de licitación, lo que coloquialmente se define como piso parejo en competencia.

Por supuesto esas demandas de los profesionales de la construcción son legítimas. Es justo que los ingenieros y arquitectos nayaritas tengan prioridad en la ejecución en las grandes, medianas y pequeñas obras que construya el Gobierno Estatal, Federal y municipal y no vayan a ser acaparadas por un grupito de empresarios cercanos a funcionarios públicos de alto nivel o que las grandes obras vayan a parar a manos de poderosas constructoras de otras entidades de la república, ya sea por consigna de un poderoso funcionario del gabinete presidencial o por el clásico diezmo y de otras dadivas.

Generalmente estas grandes empresas constructoras vienen acompañadas de cientos de trabajadores de otras entidades con salarios de hambre y sin cumplir con los beneficios de la seguridad social. Acá solo nos dejan las migajas de las cuantiosas inversiones puesto que gran parte de los materiales de construcción son comprados a consorcios de otros estados de la república. Esa es una realidad incuestionable.

Lo que extraña es que los constructores afiliados a la CMIC hayan levantado la voz al cuarto para las doce, es decir, cuando estamos ante el final de la administración estatal y municipal.

¿Por qué no lo denunciaron al inicio de estas dos administraciones y lo hagan precisamente a finales de éste año cuando está en puerta la sucesión gubernamental para el año próximo?

En cambio recuerdo que en los primeros años del gobierno de Roberto Sandoval un grupo de ingenieros civiles suscribieron una carta pública dirigida a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones Y Transporte (SCT) del Gobierno Federal exigiéndole a su delegado estatal que fuera transparente y equitativo la licitación de la obra pública federal en Nayarit. En aquella carta  denunciaban que mediante diversas artimañas se entregaban los contratos a altos funcionarios de la administración estatal, por lo que exigía piso parejo en la asignación de los contratos.

Esta denuncia pública cayó en saco roto y los dirigentes de la CMIC se hicieron de la vista gorda dejando en la indefensión a los denunciantes.

Existe el “sospechosismo” que el activismo empresarial organizado de este último mes tiene un tufo claramente preelectoral orientado a fortalecer las aspiraciones políticas del joven director general del Grupo Álica, Antonio Echevarría García rumbo a la silla gubernamental en las elecciones estatales del 2017.

Hay quienes piensan que el diario golpeteo en contra del alcalde de Tepic, por igual aspirante a gobernador del Estado proviene de ese sector para debilitarlo en la competencia interna por la candidatura de la alianza PAN-PRD…