En la colaboración anterior me pregunte: ¿cómo elegir al personaje capaz de conducir al país por rumbos de prosperidad y armonía? Es un tema esencial.
Acotadas las opciones electorales mediante la reducción del número de partidos, cada candidato a la Presidencia y los candidatos a senadores y diputados deberán comprometerse públicamente con un paquete integrado de políticas públicas. No se pretende hacer una parodia más del lema “Te lo firmo y te lo cumplo” aplicado a proyectos muy específicos sino a un gran marco de políticas públicas decisivas en el rumbo del país.
Se trataría de que cada uno de los candidatos diese respuesta razonada a preguntas predefinidas, entregadas con anticipación. Serían peguntas de este corte. “Responda si usted está de acuerdo o no con, y porque: (a) Modificar el mandato del Banco de México para refrendarle su carácter de banco central comprometido con el desarrollo y restituirle sus instrumentos; (b) Redefinir la política energética para encuadrarla bajo las pautas de una política de seguridad nacional nacionalista; (c) Promulgar una ley de fomento a la industrialización; (d) Denunciar aquellos tratados comerciales claramente lesivos al interés del país; (f) Condicionar las participaciones federales a los estados mediante compromisos encaminados a depurar su situación financiera; (g) Aplicar con energía y contundencia las medidas contra la corrupción y la impunidad, supliendo las omisiones de los tribunales locales; (h) Reformar radicalmente la organización operativa de las policías y extender los medios para castigar con severidad tanto abusos como omisiones; (i) Constituir un Consejo Económico Social tripartita (gobierno, empresarios y sector social) con capacidad resolutiva en temas del desarrollo nacional; (j) Asumir el compromiso de crear instituciones comprometidas con el desarrollo rural; (k) instaurar el sistema seguridad social universal; y otras preguntas puntuales. Todas las respuestas requieren conocimiento profundo de los temas y, por ende no se admitirían planteamientos vagos y difusos. Las contestaciones serían la plataforma electoral de cada candidato y por lo tanto se eliminaría las pautas publicitarias simplonas o las campañas de difamación propuestas, casi siempre, por los “genios de la publicidad de origen extranjero”.
El proceso de definición de compromisos es muy delicado y, por ende, no puede subsanarse simplemente mediante esa versión de ”reality show” conocida como “debate político”. No se trata de confrontar ocurrencias sino de defender en público las ideas previamente comprometidas. Automáticamente, esas respuestas. Pero a la vez calumnias de la discusión locales defender en publico sa'el paatos a senadores y diputados se comprometan con convertirían en el eje del debate electoral desplazando a los chismes y calumnias de la discusión política.
Algunas cuestiones se someterían al plebiscito como reformas la ley para la desaparición de los poderes en algún estado ante una situación de evidente ingobernabilidad; y la aplicación de la suspensión local de garantías cuando impere un clima de rebelión.
Las respuestas al cuestionario no quedarían reducidas a un papel; adquirirían el carácter de compromisos. Al candidato electo quedaría obligado a cumplirlas; su incumplimiento injustificado sería sancionado mediante la revocación del mandato del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo.
A menudo, no se presta atención suficiente al papel crucial de la Secretaria de Hacienda en las decisiones públicas. Desde don Eduardo Suárez (con Lázaro Cárdenas) hasta Gustavo Petricioli (con De la Madrid) los Secretarios de Hacienda fueron fieles impulsores del desarrollo nacional y hábiles en esquivar con astucia y talento las presiones externas. Después, la proclividad hacia “la modernidad globalizadora” de los principales funcionarios públicos de Hacienda ha sido decisiva en la implantación de las pautas políticas. A partir de 1983, no importa el partido que gobierne: la conducción de la economía ha sido la misma y sus apotegmas no cambian: el equilibrio macroeconómico y temor a la puntuación de las empresas calificadoras. Ese es el origen de las privatizaciones, del desmantelamiento del Estado y de las reformas estructurales: todas arrojan resultados frustrantes.
En tanto no encontremos aspirantes a la presidencia de la República dotados con los conocimientos profundos sobre la realidad del país, con la bizarría necesaria para emplear el poder con prudente energía y comprometidos con un patriotismo sincero, el rumbo de México será incierto y nuestro destino será navegar al garete, en las turbias aguas del subdesarrollo. La mediocridad como condena y la frustración como testimonio del relato histórico.
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