¿Cuál será nuestro destino? (4)

Veamos finalmente el tema relacionado con las sentencias. Sin duda, un gran paso de la actual administración consistió en uniformar los códigos de procedimientos penales aplicables para todo el país. Se acotó el margen para  maniobras legaloides concebidas para prorrogar los procesos, el gran negocio de los litigantes. Sin embargo, con el argumento de parcialidad y venalidad de los juzgados locales, todas la sentencias suelen ser apeladas ante tribunales federales lo que da lugar a juicios interminables. La federalización de la justicia es, en el terreno de las realidades, un mito. Será preciso, en el futuro, definir con serenidad los alcances y casos de procedencia de los juicios de amparo e incorporar ciertas figuras jurídicas al fuero federal como la extorsión, el secuestro, el despojo, el homicidio calificado y otros correlativos.   

Otro elemento perjudicial es la valoración excesiva de los elementos procesales, en sacrificio del fondo de las acusaciones. Impera la perniciosa tendencia a sobrevalorar el llamado “debido proceso” y la sobreprotección de los derechos humanos nos está llevando a una situación peligrosa: victimizar a los delincuentes y criminalizar a las autoridades. Se ha llegado al extremo de que los jueces dicten sentencia absolutorias a delincuentes confesos.

Tan nociva proclividad está basada en una aseveración muy extendida en los medios de comunicación pero absolutamente falsa: las cárceles están saturadas de inocentes. El tema se popularizó con motivo de la liberalización del consumo de marihuana: de aprobarse la nueva legislación –se propalaba con singular alegría-- abandonarían la cárcel más de 50 mil personas aprehendidas por fumar la yerba. Esa es una falsedad: están acusadas de posesión del enervante en una cantidad muy superior al limite catalogado por la ley como suficiente para el consumo personal. No son consumidores sino traficantes.

No se ha prestado suficiente atención al tema de los presos y liberados. Debido a las normas impuestas por el llamado Plan Mérida, las nuevas prisiones privatizadas tienen un costo de operación similar al precio de los servicios de un hotel de tres estrellas. ¿Sería catastrófico modificar las normas constitucionales para establecer el trabajo obligatorio de los reclusos? Los tratados internacionales firmados por nuestro país son de observancia voluntaria para los estados signatarios pero no son condena; son renunciables. Además, hay un testimonio aterrador: más del 90% de los liberados serán reincidentes. Es una evidencia inocultable del fracaso de la reclusión como medio de redención personal, debido a que la estadía en las prisiones es el mundo de la ociosidad. Las cárceles deben abandonar su condición de escuelas del crimen y convertirse en fuentes de capacitación obligatoria para el trabajo.   

La llamada democratización de la administración carcelaria es un reflejo dramático del poder de la delincuencia en los mal llamados centros de rehabilitación penal de los estados. Muchos de estos centros son dirigidos por “autogobiernos” de los reclusos, testificación fehaciente de la incapacidad e inmoralidad de las autoridades y del enorme poder de la delincuencia dentro de las prisiones.

El Poder Judicial –al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-- debe valorar el alcance de sus decisiones en ciertas materias cruciales para la seguridad del Estado. Sus resoluciones no pueden menguar la fuerza de las instituciones. Con insondable altivez, sus miembros afirman defender los derechos de las personas pero, al final, mediante el imperio de resoluciones excesivamente técnicas, terminan por anular el único poder capaz de proteger a la ciudadanía. Es un asunto esencial para la gobernabilidad del país. Lo comprendo: el tema no es judicial, sino eminentemente político.

Como se puede advertir, en el terreno de la seguridad, el país reclama una gran revolución en el ámbito de las instituciones a efecto de fortalecer al Estado frente a los poderes fácticos interesados en minarlo. (continuará)

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