Derechos humanos y el Congreso

La “ejecución de programas y proyectos de investigación, así como el fortalecimiento en pro de los derechos humanos ”en la Entidad, constituye ahora el nuevo objetivo propuesto vía un convenio de colaboración -suscrito los últimos días-entre el Congreso del Estado y la Comisión Estatal para la Defensa de los propios derechos humanos. Y es de esta manera como inicia con grandes demandas sociales el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional de la XXXI Legislatura.

Consagrados en los primeros 29 artículos, que comprende el capítulo I: “De los derechos humanos y sus garantías”, de la Constitución General de la República, y los artículos 7º, 9º y 13º, de la Constitución política del Estado, los derechos de la ciudadanía, son tomados como base para la “vinculación Institucional” y, según lo informado,  refrendar su valía en un marco de construcción de nuevas vertientes que garanticen la protección del individuo frente a los desafíos contemporáneos, toda vez que la maldad, cabe decir, presente con cada vez mayor fuerza en los diferentes ámbitos del desenvolvimiento cotidiano, y hasta las esferas del poder -local y extra muros-, ha supuesto severos reveces y retrocesos en el impulso ineludible de progreso económico, social y cultural; laboral, democrático, legal y comunicacional, que en sí es esencia de las propias garantías individuales.

De conformidad, es comprensible la preocupación de crecientes voces de los distintos sectores sociales que han dado un empuje sobresaliente en las acciones del Poder Legislativo, a partir del fuerte descontento generalizado por los evidentes magros resultados en materia de desarrollo, en los campos antedichos,  por redundar después de todo, en faltas coyunturales a los derechos humanos, ya que es claro que, como lo plasmó con gran tino el pensador Adam Smith: “No puede haber una sociedad floreciente y feliz[o con sus derechos humanos salvaguardados], cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”; y hoy la diputación local pues adquiere un nuevo reto, movido por esas voces, que tiene que ver con enriquecer el compromiso (derechos y obligaciones), a cumplir lo que ya está escrito, y en este caso, a aportar mayores elementos que aseguren su respeto y observancia irrestricta sin excepción, autoridades y sociedad, y en consecuencia combatir en serio -sin  las adulteradas fórmulas numéricas del “todo está muy bien en unidad”-los graves flagelos.

Es un hecho que solo la responsabilidad con honestidad, visión  y oficio políticos, permitirán avanzar en el cometido, evitando caer, como se ha vuelto lamentablemente en factor común de las administraciones envueltas de un pernicioso  analfabetismo político, legal y democrático, en la simple simulación del decir y no hacer, entre los hechos y la ley, su discurso de diálogo y realidad de beligerancia con sectores, organizaciones, marchas, protestas y plantones.

La Diputación local entonces, seguro que echará mano de los recursos contenidos en su Plan de Desarrollo Institucional, a fin de optimizar al máximo esta circunstancia de “sumar esfuerzos con la CEDH para impulsar la cultura de legalidad y de los derechos humanos, no solo entre los servidores públicos del Poder Legislativo, sino también entre los diversos grupos que conforman la sociedad”.

Si así se hace la ciudadanía reconocerá sin más un resultado tangible de “capacitación y divulgación para profundizar en el conocimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que se reflexionará sobre las medidas legislativas que se deben llevar a cabo en el sistema legal para actualizar el marco jurídico local”, que si no, lo seguirá demandando, con voz imperativa y con instrumentos más y más poderosos. Enhorabuena.