Eliminar fuero constitucional no es única vía de terminar corrupción e impunidad

Acciones punitivas, como lo es la eliminación del fuero constitucional, no son eficaces medidas para terminar con la corrupción e impunidad.

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, magistrado José Miguel Madero Estrada, opta por la realización de foro de debate, intercambio de ideas, al que deberá convocar la autoridad competente a instituciones, académicos e investigadores, entre otros muchos.

Se trata, con la participación de éstos, de obtener opiniones que contribuyan a mejorar el propósito de abolir el fuero constitucional al gobernador, diputados, magistrados, servidores públicos y a todos aquellos que cubre ese halo de privilegio.

En Nayarit la propuesta de desaparecer el fuero constitucional no sólo en nuestra entidad sino en toda la Federación, ha sido lanzada por la iniciativa privada a través de las dirigencias de cámara empresariales, proyecto al que hoy se unen los partidos políticos como Acción Nacional que ha presentado iniciativa en tal sentido por medio de su diputado Javier Mercado ante la trigésima primera legislatura del Congreso del Estado.

Para el Partido Acción Nacional la existencia del fuero constitucional no tiene razón de ser. Por años ha sido usado para generar impunidad y atropellar a la ciudadanía de parte de quienes gozan de ese privilegio, reza parte del comunicado oficial del PAN de Nayarit.

Destaca el magistrado Miguel Madero que el procedimiento legal para llegar a la eliminación del fuero constitucional obligado es que el constituyente permanente deberá hacer reformas o adiciones a la Constitución, “el legislador ordinario no está facultado para ello”.

Enseguida explicó que “funcionarios locales como son el gobernador, magistrados, diputados…pueden cometer violaciones a la Constitución y leyes federales, por tanto también tienen fuero federal, en algunos casos. Tendría por tal razón reformarse la Constitución federal para suprimir en los dos órdenes jurídicos, federal y local, el llamado fuero constitucional.

“En lo personal yo estoy en desacuerdo con el término de fuero constitucional, no es un término técnicamente correcto, porque el fuero pareciera como que concibe la idea de un privilegio que pueda tener la persona en ejercicio de una función pública.

“La doctrina y la jurisprudencia utilizan en diversos criterios el término de inmunidad procesal, éste tiene una connotación eminentemente política porque se trata de proteger a la función, más no al funcionario. Es decir, la inmunidad procesal no tiene por objeto generar un marco de canonjías y privilegios al servidor público, sino que protege la función a afecto de que alguna autoridad no pueda ni deba menoscabar la función a través de subterfugios o artimañas, creando artificiosamente delitos o denuncias en contra de un funcionario público que luego amerite ser sometidos a proceso penal.

Luego entonces, al magistrado Madero le parece loable la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el tema, puesto que los altos nieves de corrupción y complicidad en la función pública, donde se detenta el cargo para provecho personal, es la razón por la que se ha ventilado la posibilidad de suprimir la inmunidad procesal.

La eliminación de la inmunidad procesal es una vertiente para el combate a la corrupción, “las leyes no pueden resolver este problema por sí solas”. Sugiere Madero, entre otras reformar, generar códigos de ética que a los funcionarios permitan la transparencia y rendición de cuentas por medio de promesas públicas de rectitud y honestidad, porque considera que no todo se resuelve por la vía coactiva.

El combate a la corrupción y la impunidad a través de medidas coercitivas es sólo una parte del proceso, creo que también tiene mucho que ver la cultura, la educación, el servicio de carrera en los cargos públicos, pero además el cumplimiento de códigos de ética, para que todo en su conjunto permita tener funcionarios y representantes populares que respondan con honestidad y rectitud al ejercicio de su cargo. Pero  de eso, a pensar que con la sustracción de la inmunidad procesal para todos los servidores públicos el combate a la corrupción y la impunidad está grantizado, dista mucho, porque es sólo un eslabón de la larga cadena, sostiene el magistrado.

Con la supresión de la inmunidad procesal se ataca de fondo la corrupción que más lastima a los nayaritas: la impunidad de los políticos.