¿Cuál será nuestro destino? (3)

Abordemos ahora el tema de la seguridad desde la perspectiva de la persecución del delito. Por principio, conviene consignar que  los cuerpos de policía en México suman alrededor de 432 mil efectivos: 272 mil están adscritos a las policías municipales y estatales, 90 mil pertenecen a las tres corporaciones policiales preventivas de la Ciudad de México, 38 mil son federales, 30 mil son ministeriales. Conviene apuntar un hecho inadvertido: los guardias privados (popularmente conocidos como “guaruras”) superan al total de policías acreditados en el país. Su número se estima en más de medio millón, contratados por un millar de empresas especializadas en servicios de seguridad. ¡El número de personas armadas bajo el mando de entidades privadas es semejante a los efectivos de todas las corporaciones policiales!

En las fuerzas públicas, alrededor de 30 mil son policías de investigación, es decir, son los únicos facultados por la ley para realizar investigaciones criminales en el país; son las llamadas policías judiciales bajo el mando de los ministerios públicos. Ante la sociedad tienen la peor imagen porque son instrumentos de todo género de arbitrariedades  en perjuicio de la ciudadanía. Un viejo policía me relató cómo se “rifaban” las ordenes de aprehensión  dictadas por los jueces contra personas acusadas de fraude.  Eran una fuente de extorsión permanente para no presentarlos ante el juez. La podredumbre imperante en las políticas ministeriales es la gangrena que corroe todo el ámbito judicial.

Los delitos son comprobables cuando los delincuentes son detenidos en flagrancia. Salvo esta condición, la tortura ha sido –y sigue siendo-- la principal fuente para obtener declaraciones de culpabilidad, según las denuncias formuladas por funcionarios de Naciones Unidas. Pese a las evidencias reiteradamente ofrecidas, las autoridades rechazan enfáticamente la supervivencia de esta práctica secular.

El problema de fondo reside en la falta de capacidades técnicas de los órganos de investigación. La Policía Federal tiene un amplio catálogo de registros de más de 500 millones de personas. Son fotografías y domicilios obtenidos de los archivos de pasaportes de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de las oficinas de licencias de los gobiernos municipales y del Registro Federal de Electores, principalmente. Sin embargo, tienen catalogadas las huellas dactilares y a veces el ADN sólo de quienes están presos en las cárceles más importantes.

La investigación criminal moderna tiene a su alcance dos instrumentos de gran utilidad: la identificación dactiloscópica y genética. Hace siete años se planteó un proyecto para estos fines pero aparecieron los apetitos lucrativos de personajes prominentes y codiciosos, patrocinadores de la implantación del reconocimiento personal del iris ocular. ¿Es posible fotografiar el ojo de un asesino o de un asaltante en el momento de cometer un delito?

Es impostergable instituir un banco de información genético-dactiloscópica.  El mecanismo de acopio de la información facial, dactiloscópica y del ADN es factible utilizando las instancias administrativas para la obtención de la licencia de manejo, del pasaporte o de la credencial del INE, con la modalidad de comprender los diez dedos de las manos y saliva para el ADN. El costo mayor reside en la catalogación facial, la clasificación dactiloscópica y la obtención de referentes genéticos. Una vez capturada y procesada, la información sería administrada por un órgano autónomo, ajeno a las policías, las cuales tendrían acceso a la  misma mediante estrictos protocolos de admisión exclusivamente para fines de confronta. Debidamente protegida, esa información jamás podría ser manipulada. Sería el punto de partida para la capacitación y profesionalización de los órganos de investigación policial.

¿El sistema descrito sería la instauración de un estado policiaco? Es un contrasentido: los países democráticos han implantado sistemas análogos sin desnaturalizar su esencia política ni perjudicar a los ciudadanos. Es un medio para identificar a los delincuentes, para combatir la impunidad, esa realidad tan arraigada en la vida cotidiana de la República, la causa fundamental de la desconfianza hacia el gobierno. Es el principal factor de erosión de la credibilidad en las instituciones, el origen del bajísimo índice de denuncias. Con la implantación de este sistema será posible abatirla.

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