¿Cuál será nuestro destino? (2)

El primer tema a discernir es el referente al Estado Mexicano. Por encima de valoraciones sobre los personajes encargados de gobernarnos, la pregunta esencial es: ¿Los mexicanos estamos de acuerdo con el gobierno nacional? Estoy persuadido de que la respuesta es afirmativa en el sentido estricto: estamos convencidos de las ventajas de ser regidos por un gobierno republicano, cuya autoridad se ejerce por conducto de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el federal. Rechazamos, por tanto, gobiernos monárquicos o cualquier  junta de notables.

La pregunta correlativa es: ¿por qué ese sistema de gobierno repentinamente  ya no pudo salvaguardar la vida de los gobernados? ¿por qué se erosionó rápidamente su relativa eficacia para contener al crimen? Veamos cada componente de la seguridad pública: prevención, persecución y castigo.

Prevención del delito: si bien, el nuestro nunca fue un país desprovisto de niveles de criminalidad relativamente altos, los actuales índices de homicidios tienen dimensiones inconmensurables, al extremo de convertir al territorio nacional en un gigantesco camposanto clandestino. Además, otros delitos como la extorsión, el despojo, el secuestro adquirieron carta de naturalización en casi toda la geografía nacional. ¿Qué sucedió?

La versión oficial atribuye esta dramática situación al embate del narcotráfico. En si misma, es una tesis difícilmente sostenible atendiendo a un hecho innegable: desde hace muchos años han actuado bandas del narcotráfico pero nunca habían entrado en colisión con el gobierno ni con la sociedad. La explicación de nuestra realidad se encuentra en la anomía, tesis postulada por Durkheim alusiva al desajuste entre realidad e instituciones. En efecto, el advenimiento de la democracia como formula respetada para elegir gobernantes trajo desajustes de dimensiones incontroladas. Vamos a explicarlos.  

Es ampliamente conocido el impacto en la descomposición policial del sistema de sobornos a la policía antinarcóticos  implantado a mediados de los años 90s por los comerciantes de cocaína que derivó en la complicidad de las policías  municipales para establecer el narcomenudeo. Debido a la patente incompetencia política de los gobiernos panistas recién instalados en Palacio Nacional, los gobernadores priistas decidieron fortalecerse frente al gobierno federal (la creación de la CONAGO)  y se negaron a combatir la delincuencia con el falaz argumento de tratarse de delitos del fuero federal, pese a la aparición  masiva de la extorsión, el secuestro, el despojo y el asesinato, todas ellas conductas delictivas del ámbito de los gobiernos de los estados.

Pese a la dependencia total haciendas estatales de las participaciones federales, la Secretaría de Hacienda se negó a presionarlas a favor de su adhesión a las políticas de combate al crimen debido al temor a que los diputados electos bajo el estandarte del PRI promovieran cambios legales a la base repartible de los impuestos federales. También se resistió el gobierno federal a coaccionar políticamente a los gobernadores porque –según decían—eran prácticas contrarias a la filosofía del panismo histórico. Al mismo tiempo, debilitaron todos los órganos de inteligencia política con el argumento insulso y bobalicón: “Los gobiernos democráticos nunca espían a los particulares”. En suma, optaron por el mecanismo de brindar estímulos económicos específicos a los gobiernos locales para conseguir su colaboración; sus resultados fueron infructuosos.

El retorno del PRI a la silla presidencial estuvo sustentado en el apoyo de los gobernadores. En ese momento se reconoció un hecho inexplicablemente ignorado: los gobiernos locales solo ejercen el mando sobre las policías judiciales, órganos de investigación incompetentes y profundamente corruptos. Las cuerpos policiales en los estados son los municipales, pero solo el 60% de los ayuntamientos tienen fuerzas policiales, a menudo dedicadas a brindar protección a las bandas delincuenciales, actores principales de la barbarie criminal imperante. En reconocimiento de esta realidad, el gobierno federal propuso crear corporaciones policiales estatales como eje de las labores de prevención del delito, pero los más importantes presidentes municipales priistas y panistas las han rechazado. El cálculo electoral se ha impuesto. No estamos en presencia del fracaso de la democracia sino obra de la incompetencia y la actitud timorata de quienes nos gobiernan (continuará).

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